Catalunya aprueba la amnistía a 30.000 hogares vulnerables para que no deban devolver el dinero de las ayudas

La Generalitat ha aprobado la amnistía para que más de 30.052 hogares vulnerables que recibieron cobros indebidos en prestaciones sociales, la mayoría de ellos de la Renta Garantizada, no deban retornarlos porque la administración no revisó los expedientes cuando pertocaba. Fue una medida que ya anunció la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en sede parlamentaria el pasado 23 de octubre y que, al no haber presupuestos, se ha aprobado este martes en el Consell Executiu junto con la prórroga de las cuentas. "El Govern ha avalado esta amnistía de pagos derivados de la mala praxis del Departament, que había reclamado cantidades indebidas a muchas familias", ha anunciado la consellera portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque. Para ser efectiva, sin embargo, deberá votarla a favor el pleno del Parlament.

Algunos de los afectados por estos cobros indebidos son personas sin hogar, tal como denunciaron a este diario usuarios da Sousa o Víctor Giménez, usuarios atendidos por la fundació Arrels, los cuales debían abonar entre los dos 16.000 euros al Govern a pesar de no tener dinero para hacer frente a estos pagos. Como ellos, ya son más de 30.000 las familias sin recursos en Catalunya que han recibido cartas de recobro de las prestaciones sociales que habían percibido con importes incorrectos a lo largo de este año.

Desbarajuste en el control

El procedimiento se inició en verano de 2023, con el nombramiento de un nuevo director general por parte del conseller Carles Campuzano (ERC). Fue entonces cuando se detectó que la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía –la ayuda social de la Generalitat para los ciudadanos con permiso de residencia que llevan más de tres años residiendo en Catalunya y no tienen ningún ingreso que les permita llegar a los 700 euros al mes– era un desbarajuste.

Muchas personas avisaron de que su situación había cambiado. Por ejemplo, porque habían empezado a percibir una nueva ayuda social: el Ingreso Mínimo Vital. Otros no lo hicieron porque no era su obligación. La realidad es que el control de los expedientes se hacía manualmente con un bloc de notas, con lo que las revisiones de los casos se demoraron durante meses o años, y lo que eran pequeños importes a retornar terminaron siendo de miles de euros, causando un elevado perjuicio para los afectados, que viven en condiciones de pobreza.

Las condiciones

Según el acuerdo del Govern que se ha hecho público este martes, Drets Socials no pedirá la devolución de ningún pago a los afectados que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que hayan cobrado menos del salario mínimo en 2023. Tampoco se le va a cobrar a nadie que haya tenido un impago de la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo si son por causas imputables a la administración, o cuyos importes indebidos no superen los 400 euros al mes.

Sin embargo, quienes hayan esgrimido información falsa o equivocada para acceder a una de estas prestaciones no se podrán acoger a esta amnistía. Esta medida tiene que aprobarla el pleno del Parlament y se realizará de forma conjunta con la prórroga presupuestaria. El Govern también ha anunciado un plan de choque con más refuerzos para los gestores de las prestaciones sociales con el fin de trabajar de forma interoperativa y con datos cruzados.

Aumento de las prestaciones

En esta misma prórroga presupuestaria el Govern ha incluido el aumento del 3% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que pasará de 755,82 euros mensuales en 2024 a 778,49 euros al mes. Se trata de un indicador clave que permaneció 10 años congelado y que el Govern de Aragonés reactivó en 2024. Esto significa que las prestaciones sociales en Catalunya, desde las becas comedor hasta la renta garantizada, subirán de cuantías, pero además habrá más personas que podrían acceder a dichas ayudas, ya que la mayoría de criterios de vulnerabilidad social tienen en cuenta este indicador.

Según ha anunciado Paneque, esta medida beneficiará a 235.000 personas y tendrá un impacto de 27 millones de euros. "Va en la línea de nuestro objetivo, que es reducir desigualdades sociales, contribuir a asegurar la equidad, disminuir la brecha social entre catalanes y generar oportunidades", ha indicado Paneque.