La Justicia de Reino Unido niega a España el cobro de 855 millones al seguro del 'Prestige'

Llega el último varapalo judicial que pone fin a la singladura del caso Prestige. 22 años después de la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España y que derivó en el mayor proceso judicial en Galicia, por el que se sentaron en el banquillo solo tres acusados -el capitán, el jefe de máquinas y el entonces director general de la Marina Mercante-, la Justicia británica acaba de resolver el proceso dando carpetazo al cobro de las indemnizaciones reclamadas por España en Londres, donde la aseguradora del viejo petrolero tiene su sede. Pese a la póliza suscrita por la armadora con London P&I Club era de 1.000 millones de dólares -unos 855 millones de euros-, finalmente el Gobierno español no cobrará nada de ese importe. La factura que le generó la marea negra de más de 66.00 toneladas de fuel se queda en la cantidad ya abonada por la aseguradora, 22,7 millones, depositados en una cuenta del juzgado de Corcubión en concepto de fianza al poco de comenzar las diligencias. Se trata de un importe que no supone ni el 1% de los casi 2.500 millones de euros en los que fueron cuantificados los daños de la marea negra, tal y como resolvió el Tribunal Supremo. Durante todo el proceso en los tribunales británico, la aseguradora aferró a que su contrato con los propietarios del barco establecía que cualquier litigio sería dirimido a través de un arbitraje en Reino Unido.

Aunque los afectados por la catástrofe medioambiental que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa, desde la desembocadura del río Miño hasta la frontera francesa, ya cobraron las indemnizaciones, unas partidas ya adelantadas por las distintas administraciones y el Fondo de Indemnización por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), el Estado español dio el paso en los tribunales de Londres para cobrar parte de esta factura, a sabiendas que el techo máximo solo sería del 40% de los daños cuantificados ya que el seguro que tenía la armadora se limitaba a mil millones de dólares.

Pero una resolución emitida este mismo jueves, echa al traste las opciones de cobro del Gobierno español. El Tribunal de Apelación de Londres acaba de dar carpetazo al recurso de España para ejecutar en Inglaterra la sentencia española que obligaba a la aseguradora a hacer frente a la factura de los daños con el seguro suscrito y lo hizo avalando una decisión de 2023 del magistrado Christopher Butcher del Tribunal Superior, tal y como había avanzado este periódico, que determinó que no podía inscribirse en la jurisdicción inglesa un fallo del 1 de marzo de 2019 de la Audiencia Provincial de A Coruña, que halló a la London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited responsable de indemnizar al Estado por el vertido tóxico en las costas de Galicia.

Los tres jueces del Tribunal de Apelación coincidieron con Butcher en que la existencia previa de un laudo de arbitraje emitido el 13 de febrero de 2013 por el abogado Alastair Schaff, que exoneraba a la aseguradora británica de pagar al hacer valer dos cláusulas clave de su contrato con los dueños del buque, impedía el registro de ese dictamen.

Según se señala en el fallo de este jueves, la primera de esas cláusulas exigía a las partes un arbitraje en Londres y la segunda preveía que la mutua "sólo sería responsable de pagar si los propietarios lo hacían primero con su propio dinero", pero con el paso de los años todo el entramado empresarial que rodea el Prestige ha desaparecido.

Los magistrados desestimaron no obstante uno de los argumentos presentados por el Club, que adujo que no era aplicable en territorio inglés una decisión relativa al caso analizada en 2020, antes del Brexit, y emitida en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El Tribunal de Apelación también concluyó este jueves, a favor de España, que, a raíz de la inmunidad soberana, no se puede exigir ni al Estado español ni a Francia que ofrezcan una compensación a la aseguradora por haber incumplido "la obligación equitativa de arbitraje" en Inglaterra.

Rumbo errático en el mar y en los tribunales

El rumbo del Prestige, no solo fue errático y suicida en el mar. También en los juzgados. Primero en la fase de instrucción, con un juzgado pequeño como el de Corcubión que tuvo que lidiar con el sumario más prolijo de la historia gallega, los continuos cambios de juez, las múltiples ramificaciones internacionales, las anomalías en los peritajes y el desacuerdo de la mayoría de las partes personadas. Hasta nueve años tardó el juzgado de Instrucción de Corcubión en cerrar la fase inicial del caso Prestige, que ya hacía presagiar un juicio descafeinado y una sentencia que finalmente no resolvió las controversias del proceso:

En el juicio celebrado en A Coruña, que tras 9 meses de sesiones dictó sentencia en noviembre de 2013, se eximió de cárcel y del pago de daños a los tres únicos investigados. Pero el fallo definitivo llegó de manos del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2018 condenó a la aseguradora del petrolero a abonar las indemnizaciones con la póliza. Pese a que la factura roza los 2.500 millones, el seguro, según se apuntó al cierre del juicio solo cubre mil millones de dólares. Finalmente, tocó dar la batalla en Londres, sede de la aseguradora, donde España acaba de perder el recurso para cobrar el importe del seguro suscrito por la armadora.

España y Francia ya perdieron la batalla en 2015

Largo, complejo y de resultado incierto. Así definían al poco de conocer la sentencia del Supremo fuentes próximas al proceso el litigio final del caso Prestige que debía librarse el Reino Unido. No es la primera vez que España da la batalla judicial fuera de sus fronteras en busca de responsables que respondan por la marea negra que tiñó de chapapote más de 3.500 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del río Miño hasta la costa francesa.

En 2015, España y Francia perdieron en Londres la batalla por los mil millones de dólares de la aseguradora. Entonces, la Corte de Apelaciones dio la razón a la compañía London P&I Club obligando a ambos países a reclamar el importe de la póliza en un tribunal de arbitraje británico.