Derechos sociales

El Govern trabaja para reducir en un año el 30% de espera para valorar la dependencia y la discapacidad

Drets Socials pone en marcha un plan dotado con 2,3 millones que permitirá digitalizar y automatizar procedimientos burocráticos y contratar a 50 profesionales, entre otras medidas

Cada día mueren 38 catalanes esperando las ayudas a la dependencia

'Generación sándwich': Más de 33.000 personas en Catalunya cuidan de sus padres, hijos y también trabajan

Rocío Martín a su hijo Albert, con discapacidad severa, de la cama a la silla de ruedas.

Rocío Martín a su hijo Albert, con discapacidad severa, de la cama a la silla de ruedas. / ANNA MAS

Elisenda Colell

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A día de hoy, casi 200.000 personas están en lista de espera de valoración de grados de dependencia o de ayudas para la discapacidad en Catalunya. De media, deben aguardar un año hasta que se resuelve su caso. "Debemos tener un sistema de protección social ágil y con estructura digital del siglo XXI, debemos ser más ágiles, simplificar trámites y dar un mayor servicio", ha asegurado este lunes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la presentación de un plan para reducir las listas de espera que cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros. Si se mantiene el actual ritmo de solicitudes, el Govern prevé que en un año la demora se reducirá el 30%. Es decir, que los afectados no esperarán más de nueve meses para acceder al derecho de percibir estas ayudas.

De media, las 57.615 personas que esperan una valoración para un grado de dependencia en Catalunya suelen tardar 326 días en obtenerla. Pero el problema es aún mayor respecto a las 133.865 personas con discapacidad, que deben aguardar 360 días para que se les reconozcan que presentan un 33% o más de discapacidad. Estas valoraciones son claves no tan solo para poder acceder a servicios públicos subvencionados como residencias, centros de día o servicios de atención a domicilio: también son la garantía para conseguir exenciones fiscales, becas u otros beneficios previstos en estas casuísticas. Catalunya es la comunidad con listas de espera más largas y con mayor población de estas características Cada año mueren 38 catalanes esperando este tipo de ayudas.

Demoras en las valoraciones

Una parte importante de estas demoras se registran en las valoraciones, competencia exclusiva de la Generalitat. En el caso de la dependencia, recae sobre varios consorcios sanitarios y sociales externalizados que exploran a los usuarios, y sobre un centenar de servicios sociales municipales o comarcales. En el caso de la discapacidad, es responsabilidad de estos consorcios y de nueve tribunales de valoración.

El 80% de estas solicitudes son analógicas, en papel, y el 20% restante se hace a través de una plataforma que no se encuentra integrada en los programas informáticos de la conselleria. "Esto significa que hay que trasladarlas una a una al sistema, y luego se deben hacer llegar los expedientes a los distintos operadores que no están interconectados. La probabilidad de errores se van acumulando y esto atrasa mucho el proceso en un sistema anacrónico que no está adaptado a las herramientas digitales", ha cuestionado Martínez Bravo. Además, una de cada tres solicitudes termina en nada. "Mucha gente ve la lista de espera y hace solicitudes preventivas, colapsando aún más el sistema", ha añadido. El tercer problema es la falta de personal. "La diferencia salarial hace complicado encontrar médicos, psicólogos y trabajadores sociales", ha añadido la consellera.

Digitalización

Es por ello que el plan del Departament se centra en la digitalización y la automatización de procedimientos burocráticos que ya se van a empezar a aplicar este diciembre. En primer lugar, se descargará el Visor Salut-Social, que permite que los valoradores puedan acceder a los expedientes médicos de los afectados, por lo que las familias no deberán pedir el informe médico de sus patologías, sino que será automático. En segundo lugar, se habilitarán formularios 'on line' que se descargarán de forma automática en los ordenadores de los valoradores: serán inteligentes para que no se cuelen errores de picaje. Además, también se quiere instalar un simulador web en el que las familias que quieran pedir un grado podrán ver si terminará siendo positivo o no, lo que contribuirá a evitar el colapso de los casos más preventivos o precoces.

También se prevé contratar a una cincuentena más de profesionales, mejorar las condiciones laborales y ofrecer herramientas como calculadoras eficientes que permitan dar una respuesta rápida y ágil en muchos de los casos. Cara al año que viene, Bravo ha dicho que va a aprobar un nuevo decreto de valoraciones de dependencia y discapacidad en las que se permita la llegada de nuevo perfiles profesionales, como orientadores laborales o enfermeras, y que se haga un triaje previo para los casos más leves o menos complejos, que incluso se puedan resolver sin visita o por videollamada.

"Un primer paso positivo"

Los representantes del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), presentes en el acto, han valorado de forma positiva el plan. "Esperemos que en este primer año cumplan con la reducción, realmente se puede hacer mucho ahorrando en tiempo y automatizando procesos. Pero aún queda un largo camino para avanzar", ha apuntado Mercè Batlle, presidenta del Cocarmi. "Es un primer paso muy positivo pero no estamos tirando cohetes", ha añadido Víctor Golmés, miembro del Cocarme y director de Dincat.

Las entidades señalan que, más allá de la lista de espera de la valoración de los grados, existe una segunda lista de espera para acceder a los servicios: residencias, centros de día o servicios ocupacionales, entre otros. Y además señalan que hay que revisar los costes y ratios de estos servicios, que llevan años desactualizados y con costes cada vez mayores que el Govern, de momento, no asume.