Educación superior
Casi el 36% de los graduados universitarios ocupan puestos de baja cualificación: recetas para que la universidad no se quede atrás
Madrid y Catalunya se mantienen como las regiones con el menor esfuerzo público en la financiación de sus campus, según el nuevo informe de la fundación CYD
La UAB continúa liderando el ranking universitario de toda España

El campus de la UB, con una obra de Jaume Plensa / Jordi Cotrina


Olga Pereda
Olga PeredaPeriodista
Especialista en Educación de El Periódico. A los mandos de la sección 'Mamás y Papás' y del Club de Educación y Crianza. Te mando cada viernes una newsletter con contenidos clave para afrontar la maternidad y la paternidad. Escribo en la sección de Sociedad y tengo alergia a la pseudociencia.
Competir internacionalmente y desempeñar un papel central en el desarrollo económico y social del país debería ser uno de los objetivos de la universidad para que deje de pasar lo que está pasando ahora mismo: casi el 36% de los graduados ocupan puestos de baja cualificación. ¿Como revertir la situación para hacer más competitivo el sistema universitario español, que cuenta con 50 universidades públicas y 36 privadas? Con medidas que incluyan nuevas estrategias de financiación, fomento de la internacionalización, consolidación laboral de los docentes e investigadores y mejora de la empleabilidad de los egresados. Así lo explica Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, cuyo patronato está presidido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander), institución que lleva 20 años analizando con lupa la educación superior y que esta mañana ha presentado su nuevo informe anual.
A pesar de que España cuanta con una alta proporción de ocupados con estudios superiores (la octava más alta de la UE), el 35,8% de los graduados ocupan puestos de baja cualificación. El informe destaca que el reto no radica solo en educar a excelentes profesionales sino en formarlos con las habilidades adecuadas. La posible desconexión entre la educación superior y el mercado laboral no es solo responsabilidad de los campus. También lo es de un tejido empresarial que, en ocasiones, no ofrece suficientes empleos de alta cualificación, lo que puede concluir en sobrecualificación o en fuga de talento. “Es crucial que las universidades preparen a los estudianes para futuros escenarios profesionales, fomentando capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptación al cambio y las habilidades digitales.
El pilar sobre el que se sostiene la calidad educativa y la producción científica de la universidad es el personal PDI (docentes e investigadores), que ha crecido un 9,3% desde el curso 2018-19 aunque de manera desigual: 6% en las públicas y 26% en las privadas, porcentaje que se explica por el aumento de los centros privados. Un reto importante es cómo afrontar el envejecimiento del PDI, que tiene una edad media de 49,5 años. En la próxima década se jubilarán un 18% de ellos. La conclusión es que faltan docentes e investigadores. La causa, entre otras, hay que buscarla en la precariedad laboral: sueldos nada competitivos y falta de perspectiva de estabilización. En el curso 2022-23, solo el 52% de los PDI de los centros públicos tenía un contrato permanente (82% en el caso de las privadas).
Aprobada el año pasado, la ley universitaria (Losu) nació con un claro objetivo: estabilizar las plantillas. Para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación se aplazará hasta el curso 2025-26 .En el curso 2025-26 la temporalidad del profesorado quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los docentes asociados (profesionales con experiencia "relevante" en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido en lugar de temporal y su horario bajará de 180 horas lectivas a 120.
El informe de la fundación CYD pide “mayor flexibilidad” a la hora de contratar. Es decir, mayor autonomía en la gestión de su personal. También es necesario atraer a PDI internacional, que ahora mismo solo supone el 3,2% del total.
La internacionalización del sistema universitario español es una asignatura pendiente aunque debería ser, destaca el informe, una “prioridad estratégica fundamental”. Solo el 6% de los estudiantes son internacionales, algo que, entre otros factores, se puede explicar por la escasa oferta de titulaciones en idiomas extranjeros (no llegan al 16%), lo que reduce la competitividad internacional de los estudios. Si bien en 2023 el 50,8% de las publicaciones científicas españolas se realizaron con coautoría extranjera, ha disminuido el liderazgo de investigadores nacionales en estas colaboraciones, lo que plantea inquietud sobre la capacidad de España para encabezar investigaciones de alto impacto a nivel global. En este apartado, el informe de CYD recomienda flexibilizar las normas de contratación, incentivar la movilidad y promover la participación de docentes e investigadores en redes sociales. El estudio también pide aprovechar las ventajas de la tecnología para propulsar el teletrabajo.
España destina un 1,43% del PIB a la educación superior, un porcentaje inferior al de la OCDE (1,48%) y la UE (1,29%). El desafío, destaca el informe, no es tanto equiparar las partidas sino diseñar una estrategia para optimizar los recursos. Es decir, la discusión no debe centrarse en cuánto se invierte sino en cómo y dónde se invierte. El incremento de la inversión -destaca el informe- debe ir acompañado de una transformación del modelo de financiación centrado en el uso estratégico de los recursos y en la rendición de cuentas en función de los resultados. Los técnicos de CYD destacan que la universidad debe mirar hacia el campo del I+D porque, actualmente, su contribución continúa disminuyendo hasta estancarse en un 26% del total. El estudio concluye que, en la financiación, las prioridades deben estar claras y el modelo de financiación se debe basar en la excelencia académica y la colaboración con el sector privado.
Al considerar el esfuerzo financiero relativo, en relación con el PIB per cápita regional, el estudio subraya que Madrid y Catalunya se mantienen como las regiones con el menor esfuerzo público en la financiación de sus universidades. En términos del esfuerzo relativo de los estudiantes y sus familias, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura la superan.
El precio medio del crédito matriculado en primera matrícula en grado en las universidades públicas españolas es de 15,49 euros, lo que implica un precio total de una carrera de cuatros cursos (240 créditos) de 3.717 euros (929 euros por curso, todo superado a la primera). Este precio supone un descenso del 18,9% respecto a 2019-2020, gracias a los últimos cambios legislativos aprobados. Por comunidades autónomas, los precios medios máximos se dan en Navarra (19,29 euros por crédito matriculado en primera matrícula), Madrid (18,54) y Catalunya (18,14), mientras que los precios más reducidos son los de Galicia (11,7 euros por crédito), Asturias, Canarias y Andalucía (12-13 euros).
La transformación digital de la universidad es “una necesidad inaplazable”. Sin embargo, los técnicos de CYD dejan claro que ese proceso no se reduce simplemente a incorporar tecnología o digitalizar procesos concretos. “Se trata de una estrategia mucho más amplia y profunda que implica la reconfiguración de los procesos internos y la cultura y la mentalidad de los que forman parte de la institución. “Transformarse digitalmente significa replantear desde la raíz cómo se genera, se distribuye y se aplica el conocimiento”.
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