La vivienda en propiedad o la hipoteca como factor protector: el alquiler se come el 70% de los ingresos de hogares con menos renta

La vivienda en propiedad, incluso cuando todavía quedan unas cuantas cuotas de hipoteca por pagarle al banco, es un potencial factor protector para sortear la exclusión social. Una situación que, pese a la mejora de los datos macroeconómicos en España, todavía afecta a demasiada gente: exactamente, a 4,3 millones de personas en el país.

Este es uno de los datos del avance de los resultados de la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINFOESSA), que ha presentado este martes con Cáritas. En el trabajo se resalta que el 20% de los hogares con menor renta dedican a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda. Es casi un 50% más de desembolso que en 2007.

Cuando se tiene una vivienda en propiedad, ya sea pagada o con pagos pendientes, ese riesgo de exclusión cae al 8% de la población, mientras que aumenta hasta el 30% para los hogares que pagan un alquiler. En los casos de aquellas personas con tenencia en precario, es decir, que tienen una vivienda cedida, realquilada, ocupada o con aviso de desahucio, este riesgo se dispara hasta el 59%.

Más problemas de vivienda

Por lo general, los problemas relacionados con la vivienda han empeorado en los últimos años. De una u otra manera, afectan hoy a uno de cada cuatro hogares en España, una proporción que se dispara a nueve de cada 10 personas en situación de exclusión social severa. Unos y otros hacen que, en total, 4,6 millones de hogares sufran dificultades de mantenimiento y de acceso, según esta encuesta. Además, el sobreesfuerzo que acarrean sus costes afecta a 6,8 millones de personas, el 14,1% de la población.

"La vivienda, las dificultades para el acceso y el mantenimiento de alto tan esencial como la vivienda está retando nuestra forma de organización social. Desde el momento en que sus gastos asfixian la economía y la vida de muchas familias, es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas para toda la sociedad, especialmente para las familias más vulnerables", ha reclamado Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA, durante la presentación de los datos. En este sentido, ha recordado que el parque de vivienda pública para el alquiler en la Unión Europea ronda el 8%, frente al escaso 2,5% que existe en España.

El empleo no llega a todos

Otro factor importante es si se tiene o no un empleo, y si es suficiente para afrontar los gastos de vida.

"Nos encontramos en un momento de evolución positiva del PIB, del consumo y de las exportaciones, con una tendencia de crecimiento económico que continúa desde el año pasado y que genera expectativas optimistas de cara al futuro. Los datos nos hablan también de creación de empleo: hay más personas ocupadas y menos desocupadas. Pero, si dejamos los datos macro y ponemos la lupa en las personas, especialmente en las más vulnerables, vemos que esos efectos positivos no llegan tanto", añade Flores. Especialmente a la población migrante.

A día de hoy, el crecimiento del mercado de trabajo español tiene algunas sombras. Tal y como señalan algunos trabajos publicados en los últimos dos años, el empleo ha dejado de ser "un antídoto infalible" frente a la exclusión social, provocando que una de cada diez personas en esa situación estén ocupadas.

En concreto, el número de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo irregular (sin contrato y sin cobertura en la seguridad social) o un empleo de exclusión (como la venta a domicilio, la venta ambulante, el empleo de hogar no cualificado o peones agrícolas) ha aumentado.

Además, más de ocho de cada 10 personas cuya persona sustentadora principal está desempleada están en situación de exclusión social; más de la mitad, de exclusión social severa.

Más riesgo para los jóvenes

Tanto este problema como el de la vivienda está provocando que las personas jóvenes y las familias con menores (sobre todo las monoparentales) tengan más riesgo de exclusión social que aquellas más mayores. "Se enfrentan a un esquema de protección en el que, durante muchas décadas, no se ha invertido lo que se necesitaba invertir", apunta Flores.

Por contra, hay más posibilidades de que las personas mayores de 65 años "hayan hecho inversiones para acceder a una vivienda", al tiempo que "se han quedado fuera de un mercado de trabajo totalmente inestable y que cada vez genera menor integración social económica" y son beneficiarias "de un sistema de pensiones que está generando un suelo que permite unas condiciones de vida razonables para la mayor parte de esta población".

Además, aunque la encuesta confirme que las personas migrantes sufren "una marcada brecha social y económica", tres de cada cuatro personas en exclusión social son de nacionalidad española. La exclusión social, afirma Flores, no es importada: tiene su origen en nuestro propio modelo de sociedad.