Primera querella contra la Guardia Civil por el espionaje de Pegasus

La asociación internacional Sentinel Alliance presentará la próxima semana en nombre de seis víctimas de los programas espías Pegasus y Candiru en 2019 y 2020, todos investigados por el Tsunami Democràtic, la primera querella en la que se incluye a la Guardia Civil, según han explicado este viernes portavoces de dicha entidad. Esta acción judicial irá dirigida contra el director del instituto armado, Félix Vicente Azón, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, las empresas israelíes NSO Group, creadora de Pegasus, y Saito Tech, fabricante de Candiru.

El común denominador de los afectados por el espionaje es que son activistas, investigadores y desarrolladores tecnológicos. Las seis víctimas del espionaje que presentarán la querella en la Audiencia Nacional son: Elias Campo, Joan Arus, Joan Matamala, empresario y amigo del expresident Carles Puigdemont; Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives. Por ahora, la media docena de procesos judiciales abiertos en los juzgados de Barcelona por Pegasus implican solo al CNI, no a la Guardia Civil, que, según la asociación Sentinel, también utiliza este tipo de programas para controlar los teléfonos móvil y acceder a la información, tanto personal como profesional o del ámbito político. Los presuntos delitos cometidos serían de revelación de secreto, con las agravantes de acceso no consentido al aparato y comisión por grupo criminal, entre otras, según ha detallado los abogados Xavier Muñoz y Alejandro Gámez.

Sentinel Alliance, cuya sede está en Suiza, es una asociación internacional fundada por víctimas del software Pegasus y que ha sido constituida, según sus promotores, para combatir "el abuso" de estos programas informáticos, así como defender los derechos digitales, la privacidad y la supervisión democrática "ante las crecientes amenazas globales provocadas" por la vigilancia masiva "por parte del los estados, la desinformación y el 'lawfare' contra la sociedad civil. Esta asociación está financiada con fondos propios de las víctimas y donaciones privadas.

Entre otras cuestiones, esta entidad reclama la reforma de la ley de secretos oficiales española, vigente desde 1968, del marco legal del CNI y el establecimiento de criterios claros para autorización supervisión judicial de la vigilancia, ahora en manos de un magistrado del Tribunal Supremo. El Gobierno confirmó en su día que se habían espiado con ese aval y a través Pegasus 18 dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente Pere Aragonés, de las 65 víctimas que fueron detectadas por el laboratorio canadiense Citizenlab y por Amnistía Internacional.

Amenaza a "nivel global"

Joan Arús, el portavoz de Sentinel, ha denunciado en la presentación de esta asociación, la "doble victimización" que padecen las víctimas de estos programas espías. No solo ellos y sus familias son objetivos de esa práctica, sino que, ha precisado, también padecen campañas de desinformación y 'lawfare' con el fin de "afectar su entorno profesional y general estigma a su alrededor". En este sentido, ha subrayado, la entidad de la que es representante "es un espacio compartido abierto a todas las víctimas" de esos programas informáticos "a nivel global" y centra sus esfuerzos iniciales en conseguir la "restitución" para los afectados del denominado 'CatalanGate'.

Arús ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos españoles a implementar las medidas que la comisión del parlamento europeo hizo para corregir las deficiencias, así como la necesidad de reformar la definición del delito de terrorismo vigente desde 2015. Sentilen considera todo el mundo ha de saber el uso ilegal de esos programas informáticos para espiar, pues, a su entender, "la democracia está en peligro" cuando sus principios fundamentales "son violados en las sociedades occidentales". Sentinel denuncia la existencia de "un circuito paralelo e ilegal" que "no rinde cuentas a nadie" y dedicado a "realizar infiltraciones prospectivas con criterios políticos y represivos". "Es una amenaza global", ha aseverado el portavoz de la entidad.