25N| Día contra la violencia de género
Cuatro meses de espera en los servicios especializados de violencia machista: los 8 puntos negros de la red de protección
Catalunya ha registrado este 2024 la peor cifra de feminicidios de su serie histórica: ¿qué está fallando? EL PERIÓDICO chequea el sistema de ayuda y acompañamiento
Vivir en nueve casas de acogida porque tu agresor te localiza con La Meva Salut: "Mi hijo y yo éramos fugitivos"
La violencia institucional desde dentro: "Las víctimas conviven con su agresor porque no hay recursos"

Aumentan las víctimas de maltrato que renuncian a declarar contra su agresor: más de 5.000


Elisenda Colell
Elisenda ColellRedactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
En lo que llevamos de 2024, 16 mujeres y tres niños han sido asesinados por violencia machista . Es el peor dato de feminicidios jamás registrado en Catalunya. Mónica, Maria Àngels, Pilar, Manuela, Rachida, Natia, Vanesa, Layla, Fátima, Thais y Gertruida fueron algunas de las mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. En los últimos 12 años, en Catalunya han sido asesinadas 230 mujeres, en paralelo al desarrollo de leyes y servicios públicos para atenderlas y ayudarlas a construir una vida libre de violencia. En el marco del 25N, día contra las violencias machistas, nos preguntamos: ¿qué está fallando? ¿Dónde están las fugas en la red de protección? "El sistema pierde agua por todos lados", resumen psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras y abogadas que atienden a diario decenas de mujeres. Junto a la secretaria general de Feminismes, Sònia Guerra, señalan los retos prioritarios a transformar.
El servicio encargado de la recuperación de las mujeres en situación de violencia en Catalunya, hayan o no denunciado, son los 17 <strong>Servicios de Intervención Especializada</strong> (SIE). "Hay una lista de espera de entre 3 meses y medio y cuatro meses para acceder a ellos, esto tiene que acabar", admite Guerra. Las trabajadoras denuncian que les faltan manos y recursos para llegar a todas las víctimas y verlas con la regularidad necesaria. "Es normal superar los 200 casos por profesional", cuenta una trabajadora de un SIE en las comarcas de Girona.
"Hemos de pensar que son mujeres con una autoestima muy mermada,muy inseguras y con muchas dudas. Si en el primer momento el sistema no les responde, si las dejamos solas en una lista de espera, desaparecen y regresan con el agresor", cuenta una profesional del Bages. Lo confirma Montserrat Vilà, directora de la asociación Helia: "La lista de espera es una barrera y muchas mujeres que están con ellos, que tienen niños... desisten y vuelven". La mitad de las mujeres que llaman a la línea de atención 900 900 112 viven con su agresor y un tercio dependen económicamente de él.
"El problema es que los servicios no están bien dimensionados para atender toda la realidad que hay, y las ratios tampoco tienen en cuenta la demografía, todos tienen el mismo personal", sigue Vilà, que señala que los SIE deben pensarse teniendo en cuenta las macroencuestas de violencia de género, donde el 80% de catalanas dicen haber sufrido algún tipo de violencia machista. "Piden que denuncies pero no están preparados para asumir la avalancha real", explica Maria Sellés, desde la Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS).
Las trabajadoras de los SIE también denuncian que son habituales las bajas por 'burnout' y la rotación constante de personal. Se les requiere una alta especialización y estar en contacto con situaciones muy estresantes, pero su sueldo apenas supera el salario mínimo, ya que la mayoría de los centros están subcontratados. "Todas buscamos mejores condiciones. Las bajas cuestan de suplir y hay cambios constantes. Esto debilita la regularidad de citas y los vínculos de confianza con las mujeres, que deberían ser muy fuertes en ese primer momento", cuentan las empleadas. Guerra dice que su prioridad es mejorarlas. AADAS critica el sistema de externalización en "macroempresas".
Desde el SIE, el colapso se extiende por toda la red. Uno de ellos, los servicios de información y atención a las mujeres (SIAD) de cada municipio o Consell Comarcal. "Acompañan más casos de los que deberían y alargan sesiones cuando no les pertoca", asume Guerra. "En un SIAD, una psicóloga puede atender a 500 mujeres", cuenta Sellés.
Catalunya sigue siendo la comunidad donde se dan menos órdenes de protección a las mujeres que denuncian violencia por parte de sus parejas o exparejas. Según los datos del segundo trimestre de este año de Consejo General del Poder Judicial, los jueces catalanes solo aceptaron el 48% de las 1.473 que se reclamaron. Más de 700 mujeres que la pidieron no la obtuvieron, muy lejos de comunidades como Aragón, Navarra, Valencia, Murcia o Andalucía, que aceptan entre el 75% y el 80% de órdenes de protección requeridas por las víctimas. En el caso de los menores, la órdenes de protección no llegan ni al 1%. Los datos preocupan a Guerra: "Son demasiado bajos, debemos conseguir que se den más".
"A muchos jueces conceder la orden les genera un conflicto y no la dan. No se las creen. Les decimos que denuncien y ellas se crean unas expectativas brutales, pero sin recursos y sin orden de protección, desvincularse de la pareja agresora es imposible", cuenta Ester García, abogada especializada. La primera vista rápida donde se dan estas órdenes se programa tres días después de interponer la denuncia. Y muchas mujeres salen de estas vistas de la mano de su agresor. "Ellas se creen que pueden controlar la violencia de su pareja: callando, haciendo lo que él quiere... pero la violencia institucional no la controlan. Por eso vuelven con ellos, porque el sistema no las protege, las deja solas", lamenta García. En el caso de la violencia sexual, la abogada denuncia que apenas se dan órdenes cuando el agresor es un amigo o alguien de un círculo cercano si no hay pruebas muy evidentes. "O abandonan los espacios como si ellas fueran las culpables o deben ver habitualmente a su agresor", explica.
Una de las claves tras las escasas órdenes de protección que se conceden está relacionada con los criterios de valoración del riesgo, aquellos indicadores que evalúan si una mujer está en peligro grave o leve. Cada servicio tiene el suyo, cambia incluso entre ayuntamientos, pero las expertas coinciden en que los de Mossos y los juzgados son los menos protectores. "Hay muchas diferencias. Para mí una mujer puede estar en riesgo alto pero para Mossos es bajo. Hay que hablar el mismo idioma", dice la trabajadora de un SIE en el Vallès. "Hay ítems clarísimos que no constan, como los embarazos, que pueden triplicar la violencia. O la ruptura, que tengan hijos, que haya adicciones, que él haya amenazado con el suicidio o que esté en paro", sigue la abogada Ester García, quien señala que en los juzgados no se tienen claros los indicadores de riesgo. "Debemos revisarlos", avanza Guerra.
"Las supervivientes deben empezar una vida de cero y los precios de la vivienda lo ponen muy difícil", explica un educador de una casa de acogida de la Generalitat. Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a vivir durante dos años en casas de acogida o pisos de autonomía. Este año han accedido a ellos 113 mujeres y 128 niños, pero están colapsados. También tienen preferencia ante las viviendas de protección oficial o alquiler social. "En Helia llevamos 12 años prestando atención a supervivientes y jamás hemos conocido a nadie que lo haya conseguido", cuestiona Montserrat Vilà. "No hay respuesta, se tienen que buscar la vida con amistades o familia, pero hay mujeres migrantes que no tienen a nadie aquí", se queja la abogada Ester García. "Los casos urgentes y que corren mucho peligro se derivan a pensiones, pero no es la manera de dar la primera respuesta a estas mujeres. Hasta que se encuentra una plaza pueden pasar meses", cuentan trabajadoras del servicio, que piden anonimato.
El educador de la casa de acogida explica que los pisos tienen listas de espera de meses, especialmente en los servicios metropolitanos. "Para ir a vivir a un pueblo del Alt Urgell no hay lista de espera, pero estamos obligando a estas mujeres a romper con todo, a ir a núcleos poco habitados, con dificultades de comunicación... ellas tampoco lo quieren". Explica que hay muchas víctimas que abandonan. "Al cabo de dos años hay mujeres que no saben dónde ir, que viven de forma temporal... mientras que con los agresores y padres de sus hijos tienen una casa. No es tan fácil para ellas salir si no tienen dónde ir". Elena Sala, directora social de la fundación ASSÍS, insiste en la realidad de las mujeres sin hogar, situación en la que algunas pueden terminar. "Son mujeres que se han sentido muy juzgadas y solas, con mucha desconfianza. No han encajado en estos circuitos y han llegado a normalizar la violencia y el elevadísimo riesgo".
Los hijos en común entre víctima y agresor son la gran arma arrojadiza de la violencia vicaria. La ley catalana por la erradicación de las violencias machistas estipula que un padre denunciado por violencia de género no debe tener la custodia de los menores. Sin embargo, en un amplio aspectro de casos, los juzgados de familia siguen regulando custodias compartidas entre los dos progenitores. Si hay una orden de protección vigente de la madre, los niños se entregan en los puntos de encuentro de la Generalitat. Las que no la tienen, deben encontrarse con el hombre y maltratador del que han escapado. El 40% de las madres maltratadas han sido amenazadas con dañar a los hijos si no vuelven con ellos.
García señala la poca o nula protección que los juzgados suelen ofrecer a los niños. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo el 0,3% de los menores cuya madre ha denunciado a su pareja o expareja tienen una orden de protección del padre. Abogadas, psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales coinciden en la urgencia de que el estamento judicial reciba formación en perspectiva de género para que dejen de realizarse estas prácticas que "no solo desprotegen sino aumentan el riesgo de las mujeres y sus hijos". Los niños mantienen el vínculo con el agresor, hecho que hace que muchas regresen y vuelvan al silencio. "Los niños se convierten en el chantaje que los agresores utilizan, y más si ellas no están bien asesoradas ni acompañadas", cuentan trabajadoras de estos servicios.
"Conozco a mujeres que llevan cinco años esperando a que se celebre el juicio", explica el educador de las casas de acogida. E., la mujer que ha contado su historia en este diario, ha celebrado la vista del juicio tres años después de la primera denuncia. "Los plazos de la justicia son revictimizadores, tener tu vida en pausa durante tanto tiempo les impide avanzar", insiste García. Pero las demoras en los juzgados tienen impactos más allá de lo emocional. "Hasta que no tienen una sentencia condenatoria, hay muchas ayudas a las que no pueden acceder", sigue el educador. La más flagrante es la destinada a mujeres en situación administrativa irregular para que puedan acceder a permisos de residencia y trabajo. "Su vida y su recuperación va en ello, ¿por qué hay que esperar cinco años?", se queja el educador. Otra son las indemnizaciones, claves para aquellas mujeres con más apuros económicos. "A parte de las demoras en el juicio, una vez hay sentencia, aún pueden tardar tres o cuatro años más en cobrarse", se queja García.
La dependencia económica del agresor es parte de la violencia. Muchas víctimas trabajan pero, una vez rompen el silencio, se ven obligadas a dejarlo. "Hay casos de violencia sexual en el trabajo en los que la empresa no expulsa al agresor y ellas se van: es muy habitual que víctima y agresor trabajen juntos", cuenta García, quien apunta a que otras veces ellas abandonan porque no quieren que su agresor las siga o las encuentre. "El trabajo es un lugar clave que no protege", lamenta García.
La independencia económica se considera indispensable para poder dejar atrás la violencia. Las mujeres, así como sus hijos, tienen derecho a cobrar un subsidio de 500 euros al mes durante dos años. Si acceden a la Renta Garantizada de Ciudadanía, llegarán, como máximo, a 750 euros mensuales, 1.130 si hay un menor a cargo. Unas prestaciones de las que las mujeres migrantes sin permiso de residencia están excluidas.
"Estas cantidades son ínfimas y claramente insuficientes para rehacer su vida", se queja Montserrat Vilà. "En casa del agresor hay un plato de comida en la mesa para ella y su hijo, hay ropa, las facturas se pagan... El agresor cubre estas necesidades básicas y por eso muchas aguantan", explica Vilà. "Yo conozco a muchas mujeres que cuando se tienen que ir de las casas de acogida vuelven con su agresor porque al menos allí hay comida, techo y todo lo básico, especialmente para los niños", insiste E, víctima de violencia que en dos años conoció a decenas de mujeres en las nueve casas de acogida por las que transitó.
Colegios que permiten que el agresor vaya a buscar a los niños, servicios sociales que culpan a las mujeres, médicos que pasan por alto unas marcas en la piel, policías que no se las creen o abogados de oficio que no se dan cuenta de los indicadores de riesgo porque no están suficientemente formados. "Los servicios periféricos que atienden a las mujeres las victimizan, les aplican la violencia institucional y, además, pasan por alto muchos indicadores que nos dicen que estamos ante una víctima de violencia machista", coinciden dos trabajadoras de dos SIE distintos. Según todos los especialistas consultados, los servicios públicos están muy lejos de poder acompañar, y prevenir, la violencia de género. Y de hecho son también otra grieta en la que se cuela el agresor y su violencia. "La falta de perspectiva de género con los abogados de oficio es especialmente sangrante", insiste Maria Sellés, de AADAS. "Los colegios optan por no mojarse, y es grave porque se nos cuelan por allí", se queja García.
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