Derecho de familia
Crece el número de menores que no quieren ver a un progenitor tras el divorcio
Un 82% de los letrados de familia están descontentos con la respuesta de la justicia, más cuando en algunos juzgados mixtos de algunos municipios no se escucha al menor
El régimen de visitas de los menores en divorcios conflictivos: "Imponer nunca es bueno"
Un grupo de adolescentes sentados en una banco. / LAURA GUERRERO
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Por qué confiar en El Periódico Los abogados de familia alertan sobre el aumento de casos de menores, sobre todo adolescentes, entre 12 y 15 años, que se niegan a cumplir el régimen de visitas acordado con sus padres tras su divorcio. Avisan, además, de lo que consideran una mala respuesta judicial ante una situación que, en realidad, es difícil de resolver. “No quiero ir con papá”, “no quiero ir con mamá”. Frases que cada vez son más usuales entre los hijos de matrimonios divorciados.
En muchos casos, los jueces están atados de pies y manos ante la imposibilidad de obligar al adolescente a ir con quien no quiere
Los motivos pueden ser diversos: desde que se sienten más atendidos y protegidos por uno de los progenitores, que tiene una más estrecha vinculación emocional con ellos, hasta que le han cogido manía a uno de ellos o se han peleado por algo o, incluso, por una eventual influencia materna o paterna. “Una cosa es el interés del menor, pero otra es el imperio del menor. El menor tiene derechos y obligaciones”, explicar a EL PERIÓDICO Ramón Quintano, vicepresidente de la Societat Catalana d’Advocats de Familia (SCAF).
Una encuesta elaborada por esta entidad entre sus socios, cerca de 500, muestra una "preocupación creciente" por estos incumplimientos de sentencias de divorcio respecto al régimen de visitas: un 61,5% de los letrados especialistas consideran que se está un produciendo un incremento de casos de rechazo por parte de los menores, mientras que el 38% opina que la situación no ha cambiado. Los jueces de familia también confirman ese aumento.
Y es que en muchos casos, los jueces están atados de pies y manos ante la imposibilidad de obligar al adolescente. Solo pueden tomar algunas medidas, como el nombramiento de un coordinador parental para resolver conflictos, el seguimiento por parte de un psicólogo, acordar una terapia de familia, visitas en puntos de encuentros, multas coercitivas hacia el progenitor que no cumple o en casos extremos (manipulación del menor), cambiar el régimen de guarda y custodia. "El derecho de familia puede aspirar a regular conductas humanas, pero lo que no puede hacer es imponer o sacar afectos, vinculación afectiva", asegura el juez de familia de Barcelona Xavier Abel.
"El derecho de familia puede aspirar a regular conductas humanas, pero lo que no puede hacer es imponer afectos"
Sin embargo, se ha constatado que hay juzgados de localidades que son mixtos penales y civiles (no están especializados en familia) que no escuchan al menor, como marca la ley, ni toman ninguna decisión coherente y consolidan que uno de los progenitores no pueda ver a su hijo menor de edad, acrecentando la ruptura. Según los abogados de familia, la especialización de los órganos judiciales afecta "claramente" a la acción judicial (61% de los encuestados). Solo un 10,3% estima que no hay diferencias significativas.
Los abogados avisan de que hay juzgados no especializados que consolidan que uno de los progenitores no pueda ver a su hijo
Por lo que respecta a la respuesta judicial a esta problemática, la encuesta entre los abogados de familia es contundente: el 82,1% de los preguntados consideran que es “insuficiente” y el 15% la valora como "muy negativa" y solo un 2,6% cree que es adecuada. Ningún letrado ha defendido que la respuesta judicial es positiva, lo que demuestra, según la SACF, la necesidad de revisar la eficacia de las actuaciones judiciales en este ámbito. La solución, según los juristas consultados, es muy complicada, aunque un paso importante sería la implicación de los padres para resolver el conflicto y agilizar los trámites. La lentitud y el colapso judicial no ayudan a resolver el asunto con la rapidez necesaria.
"Las relaciones familiares cada vez son más complejas en la sociedad occidental", reconoce el juez Abel, que subraya que para él las multas coercitivas no son eficaces. En ocasiones, los jueces se han tenido que enfrentar al "empoderamiento del menor".
"Imponer nunca es bueno. Se debería hacer un trabajo conjunto, de colaboración y empatía"
La jueza de Girona, Ingrid Llorevas, ha explicado en una mesa redonda celebrada este viernes que ella intenta darle la vuelta al menor para que este explique los motivos de su rechazo a uno de los progenitores e intentar encontrar una solución. "Imponer nunca es bueno. Se debería hacer un trabajo conjunto, de colaboración y empatía. Y que los abogados no culpabilicen a uno de los progenitores, sino que ayuden a minimizar el problema", apuntó. Su compañera de Tarragona, Raquel Marchante, ha apuntado que "son menores que tienen las ideas muy claras y que conocen muy bien sus derechos. Creen que su voluntad está por encima de los padres y de la nuestra. Cuando el juez les dice que no, su frustración es más elevada y aumenta la confrontación. Vienen exigiendo y con la perspectiva de un adulto".
"Son menores que tienen las ideas muy claras y que conocen muy bien sus derechos. Creen que su voluntad está por encima de los padres y de la nuestra"
Para la mayoría de estos juristas, una de las cuestiones a mejorar sería la comparecencia del menor ante el juez para ser escuchado y que este pueda explicar los motivos para no querer ir con alguno de los progenitores. En este sentido, el 43% de los abogados subrayan que estas audiencias (así se llama técnicamente) no son adecuadas y otro 43% creen que podrían mejorarse. Un 10% piensan que no son idóneas.
Los jueces admiten la complejidad del problema, con causas varias, como la adolescencia y la gestión de los padres
Entre las observaciones hechas en esta encuesta, hay abogados de familia que consideran que las decisiones judiciales sobre custodia y visitas "no han de depender exclusivamente de la voluntad de los niños, niñas y adolescentes", aunque precisan que "se debería escuchar más su voz y hacerles partícipes de esta decisión tan trascendente para su futuro". Además, inciden que la respuesta judicial debería ser más rápida y "coercitiva", subrayando que "nunca" se adoptan medidas contundentes para resolver esta situación, como un cambio de guarda y custodia de los menores, ni cuando queda acreditada que la narrativa de los hijos "está mediatizada o influenciada por el progenitor".
En opinión de estos juristas, la responsabilidad recae a menudo en la manera en que los adultos enfrentan los cambios en la vida de los hijos, aunque reconocen que la problemática es compleja, con causas diferentes en cada caso, y que no es tratada en los juzgados a causa del "colapso", la falta de especialización y "los prejuicios sociales". "Se juntan muchas cosas, como la adolescencia y la gestión que hacen los progenitores", asegura Ramón Quintano. Vicepresidente de la SCAF, y precisa: "Las sentencias están para cumplirlas".
"El problema es que se limitan a requerir al progenitor que cumpla con la sentencia, le imponen multas, pero no fomentan medidas para ayudar a las familias"
"El problema es que se limitan a requerir al progenitor que cumpla con la sentencia, le imponen multas coercitivas, pero no fomentan medidas para ayudar a las familias y averiguar, por tanto, solucionar, por qué el adolescente no quiere ir con su padre o con su madre. En mi opinión el hecho de no disponer de un proceso de ejecución 'adhoc' para los procesos de familia, tampoco ayuda a tomar medidas más adecuadas para solucionar el conflicto. No nos sirve un proceso rígido de ejecución que es lo que tenemos ahora", sostiene la abogada Cristina Vallejo.
¿Qué hacer?
¿Qué hacer cuando un padre o una madre se encuentra con que su hijo no quiere estar con él?. Una posibilidad es requerir al otro progenitor, a través del abogado, que su obligación es cumplir lo establecido en el convenio regulador o en la sentencia de divorcio. O también se puede acudir al juzgado para que se ejecute lo acordado, lo que es comunicado a la otra parte, la que convive con el menor, que puede presentar un escrito de oposición alegando que el adolescente no quiere acudir a ver a la que fuera su pareja.
El juez tiene entonces que citar al menor para escuchar su opinión. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU destaca que "los Estados garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente" en todos los asuntos que le afecten, teniéndose "debidamente" en cuenta palabras "en función de la edad y madurez del niño". Con este fin, se debe dar al menor la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte. Tras ello, es el juez quien debe decidir. La situación agrava si el menor continúa negándose a la visita. "Nos encontramos ante un tipo de problemática que si se mantienen en el tiempo es irresoluble", sostiene Quintano.
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