El Govern gastó más de 100 millones en contratos 'a dedo' y sin amparo legal en centros de menores de 2016 a 2020

Desde 2016 hasta 2020, la Conselleria de Drets Socials, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), subcontrató 292 centros de menores tutelados por valor de 114,6 millones de euros a través del procedimiento de emergencia y prórrogas extingidas "sin amparo legal ni documental". Fueron contratos a dedo y serían administrativamente nulos. Lo dice un informe de la Sindicatura de Comptes que se ha presentado este jueves en el Parlament, que habla de "mala gestión", de "hechos perseguibles administrativamente y judicialmente" y apunta que podrían incurrir en "responsabilidades patrimoniales" e incluso judiciales. Este informe ya está sobre la mesa del Tribunal de Cuentas, pero se desconoce aún si ha abierto un expediente.

La Sindicatura concluye que los contratos analizados "no tienen amparo legal y son nulos de pleno derecho"

Los Governs de Carles Puigdemont y Quim Torra, primero con la consellera Dolors Bassa (ERC) y después con Chackir el Homrani (ERC) al frente de Afers Socials, pagaron casi 300 centros de menores tutelados tramitando reconocimientos extrajudiciales de crédito y usando contratos de emergencia que hoy la sindicatura cree que contravienen la normativa de contratación pública. "La no formalización de forma expresa de las prórrogas antes de finalizar el periodo conduce a la extinción de contrato. Las prestaciones que se continuaron llevando a cabo no tendrían amparo legal" ha explicado Maria Angels Cabasés, síndica y autora del informe. "La prórroga tácita es un acto administrativamente nulo", ha añadido.

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Entre los servicios que recibieron financiación figuran Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE), servicios de primera acogida, pisos asistidos, servicios de protección de emergencia, servicios de apoyo especializado o Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI). Coincide en la época en la que el Govern tuvo que tutelar a más de 8.057 niños migrantes que llegaron a Catalunya solos, sin ningún adulto que pudiera hacerse cargo de ellos. Aunque Cabasés ha querido dejar claro que hay centros afectados que no tutelaban a menores migrantes, sino niños nacidos en Catalunya, y ha insistido en que el informe no pone en duda la obligación de tutelar a los niños, pero ha pedido hacerlo con "garantías y procedimientos adecuados".

Contratos de emergencia

El informe señala que no procedía usar los contratos de emergencia para contratar estos centros porque esta vía solo se puede usar en caso de catástrofes, situaciones que supongan un peligro grave o necesidades que afecten a la defensa nacional. "En 2017 y 2018 no había ningún motivo recogido en la ley de contratos para usar reiteradamente el procedimiento de emergencia, y en 2019 y 2020 se superó con creces la excepcionalidad", señala el informe.

En 2019 y en 2020, el conseller El Homrani tramitó dos órdenes para agilizar la contratación de estos servicios. Según la sindicatura, eran "actos administrativos contra el ordenamiento jurídico" porque las entidades gestoras "no prestaven el servicio de ningún contrato, resolución o instrumento jurídico vigente, i no disfrutaban de las ciscunstancias que habilitaban la prestación del servicio". El informe insiste que, en todo caso, se debía usar el procedimiento de urgencia que acorta plazos para subcontratar los servicios públicos pero aplicando la publicidad y la libre concurrencia. Es decir, no a dedo.

Una parte eran centros nuevos, aunque la mayoría ya existían pero los contratos fueron prorrogados o asumían plazas sobreocupadas, es decir, que acogían más niños de los que estaban preparados para atender. "Empeorando las condiciones de los centros y los menores", ha añadido Cabasés. En estos centros no hubo ningún documento que acreditara su relación con la Administración. En concreto, hubo 118 centros que terminaron la vigencia de su contrato, pero siguieron prestando el servicio sin ningún documento legal o tardaron meses en hacer efectivas las prórrogas.

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Además, la Generalitat terminó gastando más dinero del que constaba en el contrato por el que se habían adjudicado los centros. En la muestra analizada por la Sindicatura, hubo un coste extra de 16 millones de euros, pero las cifras reales son mucho más abultadas. Solo en 2017 Bassa firmó una resolución por la que asumía una deuda extra de 86 millones de euros en 153 centros. La Sindicatura dice que se superó la cantidad permitida y critica que los costes de estos servicios se modificaban tras pactos con la Federación de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), en vez de tener en cuenta estudios de costes reales hechos por la Administración.

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El informe dice que los interventores de la Generalitat ya advirtieron hasta en tres ocasiones del incumplimiento de la normativa. "Intervención avisó de que no había ningún documento que validara estos gastos". El informe habla de incumplimientos de la ley de finanzas públicas, al autorizarse gastos sin crédito suficiente. Estos informes mencionaban esta ley y la de contratos del sector público que hablan de "responsabilitat disciplinaria", "posibles infracciones" y la "obligación de indemnitzar la hacienda de la Generalitat". La Sindicatura cree incluso que los menores de estos centros podrían pedir indemnizaciones.

La Sindicatura recomienda realizar una revisión de oficio de estos acuerdos, ya que algunos podían estar aún hoy vigentes. También pide que se estudie el coste real de las plazas en los centros de menores y se use un mismo identificador para cada menor. "Se han puesto de manifiesto errores por incorrecciones en la introducción de los datos", ha remachado.

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Especialmente grave es el caso del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, un ente coparticipado entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona (con un porcentaje mayoritario del Govern) que gestiona, entre otros, las adjudicaciones de centros de menores en la capital. Allí no constan documentos que formalicen las prórrogas de los contratos, no se facilitó toda la documentación requerida cuando la Sindicatura la pidió y se adjudicaron contratos con diez meses de demora.

"La falta de este documento hace imposible tener constancia de los servicios contratados y del importe del gasto autorizado", dice el informe. Ese mismo año se detectaron pagos de 19 millones a centros de menores sin contrato alguno. "Estas irregularidades podrían dar lugar a hechos perseguibles administraivamente y judicialmente", advierte la Sindicatura. Este ente ya acumula varias denuncias de irregularidades contables, como la que destapó este diario en contrataciones irregulares y sobresueldos en 2014 y 2015.

Centros desbordados y colapsados

Cuando se hizo este informe, la conselleria en manos de Carles Campuzano (ERC) alegó que que durante el 2017 y el 2018 la llegada diaria de niños solos, la mayoría del Magreb que habían cruzado el Estrecho en patera, saturó y colapsó los centros de menores tutelados. Debido a la falta de plazas, muchos tuvieron que pasar varias noches en la recepción de la fiscalía de menores, y después pernoctaron en decenas de comisarías catalanas, cuando la crisis era ya inasumible. Además, en 2017 no hubo presupuestos de la Generalitat y en 2018 se aplicó el artículo 155 que cesó a todos los cargos políticos, dos hechos que, aducieron, dificultaron su capacidad de gestión para dar respuesta a la crisis en plena época álgida del procés.

"La DGAIA se vio desbordada por el incremento extraordinario e imprevisible de llegadas a pesar que los recursos económicos materiales y humanos no estaban dimensionados por esta avalancha", argumentaba la propia conselleria en el informe, que se hizo mientras el conseller Campuzano (ERC) estaba en el cargo. "Se atendió a todos los menores de la mejor forma posible, abriendo nuevos centros o sobreocupando los existentes porque atenderles es una obligación legal", defendía en abril la DGAIA.

"Exponen unos hechos que no se ajustan a la realidad ni a la normativa de aplicación", ha respondido Cabasés, que ha señalado que esta llegada masiva de menores ya era previsible desde 2017, cuando de hecho el Govern pidió más de 500 millones de euros en avanzado al Ministerio de Servicios Sociales.

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El informe también lista las 10 entidades que concentran más de la mitad de los gastos en esa época. Resilis, investigada por presuntos tratos de favor en 2016 y 2017, concentra el 10,2% de la contratación de los centros de menores en la época estudiada, aumentando un 65% los importes que recibía del Govern, en total 80,4 millones de euros. Intress, con un 8,2% de los pagos, aumentó un 243% el importe que recibía de la Generalitat, en total 64,9 millones de euros. La fundación Diagrama, que representa el 7,4% de los pagos y que antes de 2018 no gestionaba ningún centro de menores en Catalunya, creció un 192% con 58,7 millones de euros de gasto. Por su parte, las cooperativas Suara y Eduvic, que representaron el 5,9% del gasto de aquella época, facturaron más de 46 millones euros públicos a la DGAIA, un aumento del 366% y 2.562% respectivamente.

Sobre esta concentración, la Generalitat alegó que pagaba más tarde de lo que tocaba y que tuvo que buscar entidades y empresas que pudieran pedir créditos o que tuvieran más fondos propios para abrir estos centros, en detrimento de algunas que ya lo hacían habitualmente. "El hecho de que la Administración no pudiera pagar a plazo, provocó una tensión financiera que ponía en riesgo su continuidad y muchos declinaron gestionar los nuevos centros", respondió el Govern de Pere Aragonès.

La respuesta de los partidos

Los partidos políticos que han asistido a esta comparecencia han insistido en la necesidad de cambiar el modo de proceder en la DGAIA. "Es una mala gestión y planificación de la conselleria. Hay que reformular el sistema", ha pedido Mari Àngels Planas, de Junts. "Se podía haber hecho de otra forma pero las circunstancias eran las que eran. ¿Qué es peor, no atenderles?", se ha excusado Montse Vergés, de ERC. La CUP ha pedido más transparencia y el PSC se ha comprometido a "poner orden". "Las personas vulnerables no son carta blanca para incumplir la normativa", ha dicho Maria Belén Pajares del PP. Vox no ha querido participar del debate y Aliança Catalana ni ha asistido.