Una normativa europea deja en el aire más del 20% de fármacos que se dispensan en los geriátricos catalanes

"Anunciamos problemas de desatención, queda dicho", advierte un duro comunicado de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad). "La situación será catastrófica e inaceptable", lamenta otra carta de la Associació Catalana de Recursos Asistencials (ACRA), la mayor patronal de geriátricos en Catalunya. Se quejan del nuevo reglamento europeo que ya está en funcionamiento y que puede dejar sin la capacidad de administrar entre un 20% y un 30% de la medicación que reciben los geriátricos. El Ministerio de Sanidad señala a las comunidades autónomas y en Catalunya, el Govern promete buscar soluciones.

"No se quedarán sin suministro y se encontrará seguro una solución porque, en ningún caso, se pondrá en peligro la salud de las personas", asegura el Govern

Este pasado 1 de noviembre España empezó a aplicar el reglamento europeo (UE) 2016/161. Es una medida europea que unifica normas de seguridad para luchar contra la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. La principal repercusión que afecta a todos los consumidores es que solo se puede obtener un medicamento cuando el famacéutico desbloquee el identificador único que tiene cada fármaco. Es decir, es en aquel momento en el que o bien el consumidor paga el fármaco o bien lo hace la sanidad pública a través de la receta.

Dar medicamentos de forma avanzada

¿Y cómo afecta esto a las residencias? El problema es que hay una parte muy importante de los medicamentos que se administran en los geriatricos que se dan antes de tener la receta, de forma avanzada o anticipada. "Si nos tuviéramos que esperar a que los médicos de los CAP hagan las recetas pasarían semanas", señala Montse Llopis, directora de la patronal ACRA. El procedimiento habitual es que los médicos de los geriátricos hacen una receta privada, ésta llega a las farmacias que avanzan la medicación a las residencias, y luego, al cabo del tiempo, esta receta del médico del geriátrico llega hasta los ambulatorios y ahí se traducen en recetas que cubre la sanidad pública para que las farmacias puedan cobrar el medicamento.

"Si nos tuviéramos que esperar a que los médicos de los CAP hagan las recetas pasarían semanas"

Montse Llopis

— Directora de la patronal ACRA

La nueva normativa impide este modo de proceder. A partir de ahora, los fármacos se deben abonar al momento de dispensación: ya sea con receta pública abonada por la sanidad pública o con dinero del bolsillo de cada uno. "El covid será poco comparado con lo que vendrá. Hay personas que ni pueden, ni deben, abonar de su bolsillo los medicamentos", avisa Santiago Álvarez, presidente de la Asociación Europea de Farmacéuticos Especializados en la Dosificación Automatizada de Medicamentos. Álvarez dispensa unos 32.000 fármacos cada mes a distintos geriátricos catalanes. "El 30% los hemos dado antes de que llegue la receta, a petición de los médicos de la residencia", explica Álvarez.

Paliativos y antibióticos

"Estamos hablando de medicamentos urgentes, como antibióticos, antisarna o paliativos. Y a su vez medicamentos que toman los enfermos crónicos y caducan antes de que se haga un nueva receta: medicamentos para el párkinson, alzhéimer, antidepresivos o de cardiopatías", sigue Álvarez. ACRA, en un estudio interno, ha calculado que el 20% de los fármacos se dispensan de forma avanzada antes de tener la receta pública. "Hablamos de casos de urgencias; sobretodo antibióticos", insiste.

"El 30% de medicamentos los hemos dado antes de que llegue la receta, a petición de los médicos de la residencia"

Santiago Álvarez

— Presidente de la Asociación Europea de Farmacéuticos Especializados en la Dosificación Automatizada de Medicamentos

La de Álvarez no es la única queja del mundo farmacéutico. La asociación AESTE estudia ir hasta el Tribunal Constitucional para paralizar esta normativa. "La única consecuencia es que se saturará, aún más, la sanidad pública, que ya está al borde del colapso", augura.

Por su parte, la Agencia Española del Medicamento recuerda que este procedimiento habitual en las residencias es ilegal. "Estas prácticas pueden suponer incumplimientos de la normtiva vigente, que son competencia de las comunidades autónomas. La existencia de la prescripción es imprescindible para la seguridad del paciente, requisito innegociable, y que viene aplicándose desde hace varias décadas", advierte.

"La existencia de la prescripción es imprescindible para la seguridad del paciente, requisito innegociable"

Agencia Española del Medicamento

También recuerda que las farmacias y residencias han tenido años para adptarse a esta norma. Por su parte el Ministerio de Sanidad recuerda que hay comunidades a quienes este cambio no les afecta. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los médicos de las residencias pueden hacer recetas del sistema nacional de salud.

La respuesta de la Generalitat

En Catalunya esto no ocurre. El proyecto de la Agencia Integrada Social Sanitaria está mejorando la comunicación entre CAP y residencias, que antes de la pandemia del covid era inexistente y que hoy va por barrios. El Govern también está instalando el programa E-CAP en las residencias para que los médicos de los geriátricos puedan consultar el historial de sus pacientes. Pero estos siguen sin poder hacer recetas de la sanidad pública.

Los médicos de las residencias catalanas siguen sin poder hacer recetas válidas para la sanidad pública

"Trabajamos de forma coordinada con Salut para encontrar las medidas necesarias para flexibilizar y adaptar lo que plantea el reglamento", aseguran a EL PERIÓDICO desde la Conselleria de Drets Socials. "No se quedarán sin suministro y se encontrará seguro una solución porque, en ningún caso, se pondrá en peligro la salud de las personas", añaden desde el Govern.

Fuera como fuere, ACRA ya ha pedido al Ministerio de Sanidad que incluya la realidad de los geriátricos como una de las excepciones de la norma. "Este nuevo circuito atenta contra el derecho al acceso a la medicación", se queja Llopis. "Quizá tengamos que volver a Fiscalía, exponer el problema y advertirles de que el sistema es un arma letal, una declaración formal y oficial de desatención inducida desde la propia Administración hacia nuestros residentes. Ahora la limitación del esfuerzo terapéutico será por enredo burocrático, legal y fuera de aquellos casos de procesos tan avanzados", advierte Andrés Rueda, presidente de Ascad.

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