Vivienda, educación y discriminación: las oenegés señalan a la ONU los derechos que se incumplen en Catalunya

La auténtica emergencia para pagar una vivienda o un alquiler, la desigualdad para recibir una educación de calidad y la discriminación que sufren las mujeres, los migrantes o las personas con discapacidad en Catalunya son los tres grandes incumplimientos de los derechos humanos en Catalunya que han detectado este año las entidades sociales. Se trata del primer informe que realizan conjuntamente cuatro organizaciones sociales en Catalunya, entre ellas la Taula del Tercer Sector, que han enviado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para preparar el examen que debe afrontar España el año que viene.

Cada cuatro años, los estados de la ONU deben pasar un Examen Periódico Universal (EPU), en el que la ONU avalúa el estado de los derechos humanos. España deberá afrontarlo durante el segundo trimestre del año que viene, y hace meses que distintas organizaciones de la sociedad civil han enviado sus diagnósticos. El que se ha presentado esta mañana, escrito por la Taula del Tercer Sector, La Plataforma d'Infància de Catalunya (Pincat), l'Institut de Drets Humans de Catalunya y la Organització Catalunya per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Catestco), es demoledor. "Ha habido avances pero no podemos celebrarlos hasta que haya una plena garantía de los derechos. Hacer efectivo los derechos humanos es una asignatura pendiente que no se acaba de afrontar", se ha quejado la presidenta de la 'taula', Francina Alsina.

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El gran derecho olvidado en Catalunya, según estas entidades, es el de la vivienda. Las cifras de la vivienda pública en Catalunya, inferior al 2%, sonrojan al compararlo con la media europea, del 9%. "La pérdida de vivienda de protección oficial y la irrupción del alquiler turístico ha provocado un aumento del precio de la vivienda que es inasumible", ha dicho Alsina. El 21% de familias catalanas con hijos no pueden hacerse cargo del cuidado de los niños por el precio de la vivienda. Una realidad que afecta de forma más brutal a los jóvenes extutelados, las personas con autismo y discapacidad y las personas que viven en la calle o en viviendas inseguras, como chabolas. "Esto tiene un impacto en la salud física, mental, y en el rendimiento académico", ha señalado Alsina. 

Abandono y brecha económica

El segundo de los derechos olvidados es el de la educación, según ha señalado el coordinador de la 'Pincat', Jose Antonio Ruiz. "Continúa sin estar garantizado a los niños en situación de vulnerabilidad: la falta de recursos les afecta de forma desproporcionada. Ha habido avances pero son insuficientes, y muchos derechos siguen siendo vulnerados", ha señalado Ruiz. Ha hablado de la falta de acceso a la escolarización prematura (de 0 a 3 años), de la segregación escolar que sigue afectando a 410 centros catalanes, uno de cada tres alumnos. También han criticado la falta de políticas ante la elevada tasa de abandono escolar, el 14,8%, en comparación con el 9% en Europa. Una cifra que en el colectivo gitano asciende hasta el 64%. También han lamentado la falta de medios de la escuela inclusiva, donde un 20% del alumnado sigue en centros especiales, la falta de educación afectivo-sexual en las aulas, la brecha de las extraescolares y la desregulación de la inteligencia artificial en las aulas.

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En tercer lugar, estas oenegés han denunciado la discriminación que sufren las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad en Catalunya. El 72% de mujeres con jornadas reducidas lo hacen para cuidar sus hijos o mayores, algo que repercute en una mayor tasa de empobrecimiento. También han denunciado la falta de una red para denunciar la discriminación, la falta de asistencia personal y ayudas específicas para las personas dependientes. "Se ha normalizado el racismo en esta sociedad, y un ejemplo lo tenemos en la calle con las identificaciones por perfil étnico. La ley en catalunya dice que hay que evitarlo pero sigue ocurriendo", se ha quejado Karlos Castilla, miembro del Institut de Drets Humans. Alsina también ha criticado la impunidad de los municipios que imponen trabas al padrón, una realidad que afecta especialmente a las personas migrantes. 

Castilla también emplaza a la ONU reflexionar sobre el cambio climático en España y su afectación en la vida de las personas, así como el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. "¿Lo ocurrido en Valencia se podía haber evitado?", se ha preguntado. Alsina ha criticado el auge de los discursos xenófobos, de odio y de extrema derecha.