Polémica en un centro escolar
Un condenado por malos tratos da clases de Ética en un instituto de Zaragoza
Estudiantes, madres y padres rechazan que un docente que fue sentenciado a siete años de cárcel por violencia contra su mujer e hijos continúe en el centro

Fachada del instituto Goya de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro
Apenas ha pasado una semana desde la sentada de protesta que organizaron algunas alumnas del IES Goya de Zaragoza para condenar la continuidad de Luis Antonio Irzo como profesor del centro. El rechazo de las estudiantes llega porque Irzo, exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca, fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos.
De forma paralela al grupo de alumnas, se han reunido entre una docena de madres y padres que también rechazan la continuidad del profesor. Este imparte clases a sus hijos de 2º y 3º de la ESO tanto de Física y Química como de Atención Educativa, donde se tratan cuestiones de ética. «Es rocambolesco que hable él de ética e imparta sus ideas», sostiene una de las madres.
Multa
Y es que las familias arrastran el malestar desde comienzo de curso. Resulta que Irzo nunca llegó a ingresar en prisión, sino que, como publicó Arainfo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca conmutó la condena por un curso de formación en violencia de género y 510 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Irzo se negó a cumplirlo y finalmente abonó 1.530 euros de multa. Tras pagar la penalización, comenzó a ejercer como profesor. Estuvo en el instituto Pirámide de Huesca y también en el Valdespartera de Zaragoza, hasta que este curso comenzó en el Goya.
Las madres del colegio consideran que la situación no es «nada normal», y expresan que no comprenden que sea «legal que una persona con antecedentes de maltrato pueda estar en contacto con menores».
Una de las madres relata que la sensación que ella tiene, creada a raíz de lo que su hijo le cuenta sobre las clases, es que hay alumnos que están «un poco acogotados» y que muchos se mantienen «en silencio». Y es que, afirma ésta, «todos son conocedores de la historia del docente».
"Nada normal"
La suma de todas las circunstancias ha generado una situación que esta madre define como «nada normal» y ante la que está dispuesta a «actuar» junto al resto del grupo de adultos. Así, han tomado medidas como ponerse en contacto con el Justicia de Aragón, a la que han enviado un comunicado en el que han detallado la situación actual. Luego prevén ponerse en contacto con la Consejería de Educación y llegar hasta el Ministerio de Juventud e Infancia. Su objetivo final es lanzar una petición para cambiar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. «Es un deseo muy ambicioso, pero tenemos claro que esta situación es injusta», afirma la madre.
El grupo de adultos no se olvida del trabajo realizado por las alumnas que organizaron la sentada, que esta madre describe como «muy valientes». Ella relata que los profesores las reprimieron el día de la sentada porque no podían hacerla. Desde el instituto no atienden a los medios de comunicación, según ha podido conocer este diario tras intentar contactar con la dirección del centro.
Quien sí ha apoyado a las alumnas es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas de Aragón (Fapar) y desde la de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (Faeda). Según apuntan fuentes de esta última, están en contacto con las estudiantes del Goya que organizaron la sentada, y las «apoyarán» en todos los ámbitos.
Por su parte, el Departamento de Educación de la DGA explica que no cuentan «con marco legal para poder actuar. Si el profesor no está inhabilitado para función docente por sentencia y ha cumplido ya la pena, no hay marco legal que impida su contratación». El escenario sería diferente si, durante sus clases tuviera comportamientos o declaraciones inapropiadas. En ese caso, sostienen las mismas fuentes, los alumnos podrían «trasladarlo a la dirección y a la Inspección educativa para tratar de abrir un expediente disciplinario. Si hubiese sanción, al ser interino, decaería de la lista».
Desde Educación señalan que la solución pasaría por «un cambio legal a nivel estatal para estos casos» y subrayan que, al conocer el caso, «se han puesto en contacto con la dirección del centro para apoyarles y ponerse a su disposición y explicar lo que sea necesario a las familias».
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