Catalunya presentará una amnistía para condonar las deudas de la Renta Garantizada a personas vulnerables

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado una amnistía para condonar las deudas de los cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se presentará con los Presupuestos ante el Parlament. Las familias que, a pesar de tener una deuda, puedan acreditar que siguen siendo vulnerables y no hayan obrado con mala fe se podrán acoger a esta medida. El Govern calcula que hay más de 12.000 expedientes bajo sospecha y ya ha reclamado importes a casi 3.000 personas. "Los recobros son una doble condena y son incompatibles con el objetivo de la prestación", ha señalado la consellera, quien ha insistido en relacionar el problema con una falta evidente de medios técnicos. "La gestión de la información se hace con bloc de notas", ha manifestado en su comparecencia este miércoles en el Parlament.

"Víctor, María, os entendemos perfectamente", ha iniciado su comparecencia Bravo, refiriéndose personalmente a las dos personas sin hogar que, en EL PERIÓDICO, han explicado el sinvivir que implica tener una deuda de 5.600 y 11.000 euros respectivamente. A partir de ahí ha explicado que la petición de recobros indebidos por la Renta Garantizada de Ciudadanía (ayuda de la Generalitat) se inició en verano 2023. El director general que nombró el exconseller Carles Campuzano ya se dio cuenta entonces de que la gestión de la renta era un desbarajuste.

"Victor, María, os entendemos perfectamente", ha asegurado Bravo a las dos personas sin hogar que han explicado su situación en este diario

"Cuando se implementó en 2017 hubo una alud de solicitudes con un sistema manual. Luego la pandemia del covid tensionó los equipos con nuevas prestaciones de emergencia ante la crisis humanitaria del coronavirus. Después tocó gestionar el solapamiento que supuso la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Y cuando llegaron los nuevos equipos, con una voluntad de rigor y de gestionar bien las peticiones, empezaron a echar luz y vieron la magnitud del problema", ha expuesto Martínez. 

Como Víctor y María, hay 2.829 hogares a los que la Generalitat ya ha reclamado pagos indebidos y les ha extinguido la ayuda. En total, sin embargo, existen 12.503 familias que han recibido cartas para que aclaren su situación, aunque se espera que la cifra vaya en aumento. A estos hogares, de media, Drets Socials les solicita 7.500 euros, ya que la mayoría de estos casos han sido revisados desde 2020. La mitad, el 51%, son personas que han recibido el Ingreso Mínimo Vital [ayuda de la Seguridad Social] de forma retroactiva y el 29% son beneficiarios que han trabajado, a pesar, en muchos casos, de haber avisado de ello. Al 15% de los usuarios la renta catalana se les ha solapado con otras ayudas estatales como la pensión no contributiva. Al 5%, con ayudas de pago del alquiler.

La disfunción del modelo

El problema, ha insistido la consellera, es de mala gestión. "No ha habido un error puntual, ni un error de los técnicos: es un fallo del modelo de gestión", ha dicho. "Estamos en el siglo XXI, lo que ha fallado es diseñar una prestación en base a manualidades y no en base a automatismos en la era de la inteligencia artificial", ha reprochado la consellera. "El sistema no está acompasado al volumen que la prestación genera: falta infraestructura digital y recursos humanos informáticos. La gestión es manual y, para hacerlo así, habría que contratar a 2.000 personas. Ahora tenemos un centenar", ha insistido.

Como las revisiones se hacen de forma manual, el centenar de técnicos están revisando casos desde 2020: de ahí que los importes sean tan elevados

Como las revisiones se hacen de forma manual, el centenar de trabajadores de la Generalitat encargados para ello están revisando casos desde 2020. Por eso los importes de las deudas son tan elevados. Los casos de afectados después de la pandemia son más bajos: unos 3.000 euros por expediente.

La consellera supo el pasado 12 de agosto de este problema. Tras detectar la realidad, ella era partidaria de no enviar ninguna carta. "Es duro, pero estamos obligados por ley. Si no, ponemos a los trabajadores del Departament, y su patrimonio, en inseguridad jurídica", ha explicado. También ha admitido que no puede dejar de solicitar a los usuarios afectados que realicen los pagos.

 La consellera estima que solo el 1% de los afectados puede abonar el recobro

Sin embargo, sí se ha comprometido a condonar estas deudas y las que vendrán. "Si no pueden afrontar estos importes luego llegan pagos, suspensiones, no pueden pedir otras ayudas... es una doble condena a la exclusión que es incompatible con el objetivo de la Renta Garantizada", ha insistido. La consellera estima que solo el 1% de los afectados puede abonar el recobro.

Hasta los Presupuestos

La idea es que, con la aprobación de las cuentas de la Generalitat, esta amnistía se incluya en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Todos los grupos parlamentarios se han comprometido a aprobar la medida, a excepción de VOX. ¿Qué ocurrirá entonces con los usuarios que ya han pagado o con quienes agoten los plazos y les empiecen a llegar embargos hasta que no se aprueben las cuentas? La consellera, en una atención a la prensa, ha admitido que no pueden devolver el dinero y que espera que estos casos sean una minoría. Si la aprobación de las cuentas se alarga, no descartan realizan esta amnistía a través de un decreto del Consell Executiu.

Esta condonación es una medida urgente, pero la consellera ha dicho que no se trata de la definitiva. "Necesitamos una prestación bien diseñada para que esto no vuelva a ocurrir", ha asegurado Bravo. Ha pasado la pelota a los parlamentarios, y les ha emplazado a agilizar la modificación de la ley de la Renta Garantizada que debe poner fin a esta realidad. La nueva ley debería permitir que los abonos acumulados del Ingreso Mínimo Vital no se computen como ingresos extra, que la prestación se automatice y que se permitan otras compatibilidades. El modelo de la consellera es el País Vasco, donde cada tres meses se recalcula, de forma automática, la cuantía de esta prestación social.

Bravo también ha recalcado que el problema con los pagos indebidos no se registra solo con la renta catalana, sino que también afecta a otras muchas ayudas estatales. "Gestionar una prestación se debe hacer con rigor y las leyes que las regulan deben blindar que esto no ocurra", ha sostenido Bravo, que en los próximos meses deberá gestionar, también, el Ingreso Mínimo Vital en Catalunya. "Estamos preparados para hacerlo bien", ha insistido la consellera.