El Govern reclama 5.659 euros a un hombre que duerme en la calle: "Si no pago, ¿iré a la cárcel?"

"Si no pago la deuda que tengo con la Generalitat, ¿qué haré? ¿Tendré que ir a la cárcel?", se pregunta Maria da Sousa, mujer sin hogar que se enfrenta a una deuda de 11.248 euros con la Generalitat. A Víctor Giménez, un hombre de 62 años que vive en la calle, también le reclaman 5.658,81 euros. "Es muy injusto. Si estás en la calle y no tienes otros ingresos... ¿qué sentido tiene? ¿Para quién existe esta ayuda?", se pregunta el hombre. Ellos son dos de los 9.500 afectados por la revisión de ayudas sociales del Govern, cuyo importe general supera los 70 millones. La Síndica de Greuges ha reclamado este martes al Govern que condone la deuda a los afectados. La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, dará explicaciones sobre este asunto este miércoles en el Parlament. Arrels ya ha llevado uno de estos casos a los tribunales. "Es injusto e inaudito", responde Eva Hobeich, responsable jurídica de la entidad.

La Síndica pide que se condonen las deudas que no se puedan asumir

Hace cuatro años que Giménez duerme en la calle de Barcelona. Un divorcio y un negocio a la ruina lo llevaron hasta el porche donde vive. Desde entonces, cobra la Renta Garantizada de Ciudadanía, la ayuda social de la Generalitat para quien no tiene nada, así como el Ingreso Mínimo Vital. Entre las dos ayudas percibía 664 euros al mes, monto que ascendió hasta los 750 en 2023 con el aumento del IRSC [indicador que establece los ingresos bajo los cuales se considera que no se puede vivir con dignidad]. "Con este dinero es imposible comer y pagar una habitación en Barcelona... por eso estoy en la calle", cuenta el hombre, que hace cinco meses que le han suspendido la ayuda catalana.

"¿No lo ven? Estoy en la calle, no tengo nada. ¿Porqué me dejan sin esta prestación y me exigen una deuda que no puedo pagar?", se queja Giménez una y otra vez. El Govern le cortó la ayuda porque ha estado un tiempo sin padrón. Cuando la solicitó, se empadronó en el piso donde habían vivido sus padres. "Sin embargo, en 2022 debía entrar alguien a vivir allí y me desempadronaron", cuenta. Él no lo supo hasta agosto de 2024, cuando logró dar con la carta en la que se le exigía que devolviera los 5.658,81 euros que cobró desde el día que dejó de estar empadronado. Ahora ha conseguido tramitar el padrón sin domicilio fijo. "Él no tenía ni idea de esto, no sabía qué hacer... estamos hablando de una persona que vive en la calle, que está en una situación extrema", se queja Hobeich, que ya ha presentado alegaciones para que le retiren la deuda y vuelva a cobrar la ayuda.

"Estoy destrozada. Me cuesta dormir, comer... Desde que leí aquella carta tengo miedo a quedarme sin nada. ¿Cómo voy a pagar esto?", lamenta, por su parte, Da Souza. Se refiere a la misiva de la Generalitat que le obliga a retornar 11.248 euros por haber percibido 664 euros al mes de la Renta Garantizada desde febrero de 2020 a junio de 2021. El de esta mujer, que ha vivido en la calle durante 10 años y ha sido víctima de violencia machista, es el primer caso que Arrels ha presentado ante los juzgados para que le condonen la deuda.

Su historia muestra cuán de complejo es el entramado de las prestaciones sociales y las vidas de quienes las perciben. Maria empezó a dormir en la calle en 2013, cuando escapó de una relación de violencia con su marido. Dormía en un teatro del Poble-sec con un hombre, una nueva pareja, que también la sometió a palizas constantes. Una de estas agresiones la llevó al hospital, y de allí la trasladaron a un centro de acogida de mujeres maltratadas. Estuvo dos años (2017 y 2018) y le tramitaron las primeras prestaciones sociales. Luego fue derivada a un piso de acogida donde, reconoce, no estaba a gusto, y volvió a la calle. En 2021 los técnicos muncipales de atención a los sin hogar le tramitaron varias ayudas sociales. "Yo no sabía lo que cobraba, lo que tenía ni lo que dejaba de tener: sólo bebía y comía", sigue.

Descontrol administrativo

De nuevo en la calle, volvieron los abusos y el expolio. "Los hombres con los que estaba le quitaban el dinero", cuenta Hobeich. Hasta que un día un hombre le tiró agua hirviendo. Ocurrió hace dos años. Arrels se la llevó para que no volviera al asfalto. "He dejado la bebida, tengo un piso que pago con el 30% de mis ingresos... He salido adelante", agradece la mujer. Durante todos esos años, el descontrol de ayudas era total, a pesar de que ella no había tramitado ninguna y fueron las administraciones y los técnicos los que iban aceptando las solicitudes. Cobraba unos 1.100 euros al mes, aunque, según los baremos, debería haber percibido 700.

Es por ello que cuando el Govern ha revisado su expediente, tres años después, le ha pedido que retorne la prestación recibida. Además, hace pocos días le han notificada otra deuda de más de 3.000 euros relativa al Ingreso Mínimo Vital. "Esto me está afectando física y mentalmente. He vuelto al desequilibrio, a la depresión. Ellos se equivocaron, es su error... pues que me condonen la deuda, por favor, que sean justos con las personas. Parece que quien te da la mano para ayudarte a levantarte ahora te la quita y te tira al suelo otra vez. Yo no tengo de dónde sacar 11.000 euros", se queja Da Sousa.

Tardanzas inasumibles

Estos son los dos casos más flagrantes, pero Arrels tiene cinco más que llevará a los tribunales si no se resuelven con alegaciones. Entre ellos, el de un hombre que vivía en la calle, perdió el pasaporte y acumula una deuda de 7.000 euros. "En algunos casos vemos que la administración no tiene razón para pedir estos recobros, y en otros es muy discutible porque, a pesar de que las personas comunican el cambio de su situación, tardan años para hacer el cálculo de lo que han cobrado de más. Son cantidades muy altas que estas personas no pueden asumir", se queja Hobeich. "El problema es que les cortan la ayuda y les embargan la cuenta hasta recuperar lo que deben. ¿Cómo van a salir adelante? ¿Cómo van a comer? ¿A vivir?", se pregunta Hobeich, que señala algo que los nuevos gestores del PSC ya han denunciado: que las revisiones de las prestaciones no se hacen al momento, tardan cuatro años y entonces el valor de estas deudas es inasumible.

Entre los 9.500 afectados no solo hay personas en situaciones extremas como las que denuncia Arrels. También existen casos como el de José Ignacio Díaz, hoy jubilado que perdió su empleo en 2010, con 52 años. No encontró trabajo, se vendió el coche y tiró de ahorros hasta que en 2020 pidió la Renta Garantizada. Se la concedieron en julio de 2020. En casa vivían él y su mujer. El hijo menor, con viviendas precarias y trabajo parcial, seguía empadronado.

"Casi me da un infarto"

"Cuando me faltaban tres meses para jubilarme me quitaron la ayuda, y ahora me piden 17.385 euros de deuda. Cuando lo leí casi me da un infarto", lamenta el hombre. La Generalitat revisó su caso y le reprocha que su hijo estuviera también empadronado en casa de los padres durante los tres años que percibió 532 euros mensuales del Govern. El caso es que tenía ingresos pero no vivía allí. "¿Entonces, por qué me dieron la ayuda? Ha sido su error", insiste el hombre quien, asegura, no tiene ese dinero. Él y su mujer viven con los 1.500 euros de la pensión. "Es un sinvivir", insiste el hombre, que se ve incapaz de abonar tal cantidad de dinero y ya ha presentado varias alegaciones, sin respuesta.

Precisamente este martes la Síndica de Greuges ha reclamado al Govern que no genere más perjuicios a los afectados, especialmente a aquellos que no lo pueden asumir. "La inquietud y la angustia es grande, y esto se añade a las dificultades para cubrir los gastos básicos", dice la resolución. Recuerdan que una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dio la razón a un ciudadano croata que cobró erróneamente la prestación de desempleo y no podía afrontar la deuda, y otra del Supremo que dice que si hay un error de la administración en una ayuda del paro no se le puede pedir la deuda al beneficiario. La sindicatura añade, además, que, puestos a reclamar ingresos, no se pidan con más de tres meses de antelación, y recuerda el deber de la administración de contar con suficiente personal y recursos para revisar al tiempo correspondiente las prestaciones sociales.

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