Vecinos de Ripoll acusan de "persecución política" a Sílvia Orriols: "Impone el miedo para que la gente no proteste"

"Vives con ansiedad, tienes miedo de salir a la calle a protestar porque piensas ¿qué te puede pasar, qué te pueden hacer?", reflexiona Marta Pascual, una vecina de Ripoll a quien la policía local del municipio identificó mientras colgaba un cartel en protesta por lo que consideran censura impuesta por la alcaldesa ultra Sílvia Orriols. Pascual está a la espera de recibir una notificación de sanción que ya han recibido otros 15 vecinos que, en diferentes momentos, se han mostrado públicamente críticos con la gestión del gobierno de Aliança Catalana. "Nos quieren amedrentar, usan las ordenanzas de forma arbitraria para perseguir y desmovilizar a quien no piensa como ellos", apunta Jordi Hostench, miembro del Casal La Metxa y uno de los sancionados. Ante este clima de "persecución", que la alcaldesa Orriols niega rotundamente, este domingo se ha convocado la primera manifestación contra la extrema derecha en este municipio donde la convivencia se ha hecho añicos.

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Pascual no forma parte de ningún partido político ni asociación. "Soy vecina de Ripoll, sin más. Y me pareció mal ver cómo la alcaldesa censuró el cartel de la fiesta mayor que había ganado el concurso popular porque aparecía un personaje con un pañuelo en la cabeza", cuenta. Por ello participó en un acto de protesta que se dedicó a colgar este cartel prohibido con las frases 'StopRacismo' y 'StopCensura'. El 8 de mayo enganchó, acompañadas de otras dos personas, uno de estos carteles en la cartelera municipal, frente al consistorio, un lugar habilitado para ello. "La policía local nos pidió el DNI mientras una señora colgaba un cartel sobre la apertura de una pastelería en el mismo lugar. A ella no le dijeron nada, pero a nosotros sí porque el cartel no les gustaba, porque no pensamos como ellos", sostiene Pascual, que vive con ansiedad la espera de una posible multa tras esta identificación.

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Está prácticamente segura de que será sancionada porque las otras dos personas con quien pegaba carteles ya han recibido la notificación. Uno de ellos es Jordi Coch, concejal del Ayuntamiento de Campdevànol y profesor universitario. Él y cinco personas más se enfrentan a multas de hasta 2.250 euros por persona por colgar carteles fuera de los lugares habilitados y por 'ensuciar y deslucir' el pueblo, en palabras de la misma sanción.

"Lo que me preocupa es la arbitrariedad. Solo se sanciona a quienes colgamos carteles que molestan"

Jordi Coch

— Profesor y concejal de Campdevànol

"Lo que me preocupa es la arbitrariedad política e ideológica. Sólo se sanciona a quienes colgamos carteles que molestan. Si es alguien afín a las ideas de Orriols no le pasa nada", se queja este concejal que a menudo es víctima del escarnio en las redes de Aliança Catalana y sus seguidores. "Me trataron de 'rata', que había que 'gasearme', hay gente que me conoce de toda la vida que se alegra de que te hayan multado... la convivencia se ha roto por completo y si no piensas como ellos sabes que van a ir a por tí", lamenta Coch.

"En Ripoll hemos vuelto atrás respecto a las libertades democráticas"

Carme Brugarola

— Exconcejala y miembro de Unitat Contra el Racisme i el Feixisme

Carme Brugarola, exconcejala y miembro de la Unitat Contra el Racisme i el Feixisme de Ripoll, también ha sido sancionada. "Me recuerda a cuando yo era pequeña y vivíamos en el franquismo, y la gente tenía miedo de hablar, de expresarse, por miedo a represalias. En Ripoll hemos vuelto atrás respecto a las libertades democráticas", se queja Brugarola, que puntualiza que el pueblo está lleno de carteles colgados en sitios no habilitados que no son sancionados. "Están estirando al máximo los artículos de las ordenanzas contra la disidencia política, para que la gente tenga miedo de expresar sus ideas y perseguir a quien no piensa como ellos", insiste Mar Caballero, activista.

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Uno de los colectivos más señalados en Ripoll es el Casal Popular La Metxa, de raíz asamblearia, anticapitalista y feminista cuyo local acoge a otros colectivos en el pueblo. Orriols lo ha clausurado cautelarmente tras más de seis años de actividad. Les acusa de no haber registrado su actividad asociativa correctamente -les faltaba un documento- y de ejercer competencia desleal entre restauradores. "Somos una asociación inscrita en la Generalitat, hace dos años nos cambiamos de local y nadie nos dijo que faltaba documentación sobre el cambio de uso del nuevo local, que antes era una tienda", responde Jordi Hostench, portavoz de la entidad. También aclara que no ofrecen servicio de bar. "Solo tenemos una nevera y cada cual se trae lo que quiere", añade.

Orriols prepara un cambio de normativa para que solo se puedan colgar carteles que valide el consistorio

Lo normal, entienden desde la entidad, hubiera sido avisarles de que faltaba esta documentación para que la presentaran. "La alcaldesa y su equipo de gobierno tratan de reprendernos, para que no podamos hacer actividades", sigue Hostench. Además, hay una decena de miembros de La Metxa que también han sido sancionados con más de 2.000 euros en los últimos meses. "Por colgar carteles sobre unas charlas antirracistas, por usar megáfonos sin su autorización en la manifestación sobre el padrón...", explica Hostench.

"A mí me sancionaron porque, en la entrega de premios del carnaval y frente a la alcaldesa dije que en Ripoll el racismo sale gratis", dice Adriel García. Este joven se enfrenta a una sanción de 1.500 euros que, según el expediente, está mal hecha. El documento le imputa el artículo 136.5 de las ordenanzas, sobre faltas de respeto e intolerancia, pero el documento le acusa de generar "graves desordenes públicos" en la fiesta. "Vivimos un señalamiento y el problema es que Ripoll no es Barcelona, aquí nos conocemos todos y la gente tiene miedo", añade García.

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También Omar Elabdali, fundador de la asociación de jóvenes marroquís de la comarca y ariete de la alcaldesa, ha sido sancionado. Por ir en bicicleta por encima de la acera y por colgar los carteles de la censura. "Ella usa lo que está en su mano para atacar a quienes tratamos de hacer reflexionar a los vecinos de Ripoll", dice el joven. "El problema es que, con este clima de miedo, la gente se acaba encerrando en sus casas", reflexiona Moussa El Kasmi, presidente de la junta de la mezquita El Fathe. "Antes queríamos abrirnos a la gente, intercambiar culturas. Ahora nos insultan por la calle, la gente te dice que te vayas, que trabajes, que solo buscas ayudas... ¿cómo quieres fomentar la integración en un sitio así?", sigue el magrebí, que recuerda que Ripoll ha dejado de celebrar el 'iftar' comunitario tras el Ramadán desde que gobierna Orriols.

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"Se han abierto expedientes sancionadores contra casas rurales, partidos políticos, ayuntamientos y particulares que han colgado carteles en lugares no habilitados. No se debe a represión política, se trata de cumplir las ordenanzas", explica la alcaldesa Sílvia Orriols a EL PERIÓDICO. De hecho, añade que su ayuntamiento quiere cambiar la normativa que regula el modo de pegar carteles en el pueblo para que, por ejemplo solo se puedan colgar aquellos que valida el consistorio.

El concejal de Cultura del ayuntamiento, Albert Santandreu, ha lanzado una advertencia en las redes sociales. "¡Ripoll cambiará a partir de este domingo! Lo que ha ocurrido hasta ahora no habrá sido nada".

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"Nosotros no somos los más afectados por la represión a Orriols. Sigue habiendo familias que esperan meses para poderse empadronar, gente vulnerable muy señalada. Pero lo que queremos decir en esta manifestación del domingo es que la ultraderecha carga contra un colectivo y luego dilapida contra los que cuestionan su opinión. Es un aviso para navegantes, mañana podrías ser tu", insiste Hostench.