El Govern reclama 71 millones de euros a 9.500 familias vulnerables que cobraron prestaciones indebidas

La Generalitat, y en concreto la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, reclama, aproximadamente, 71 millones de euros a unos 9.500 hogares vulnerables porque cobraron ayudas sociales indebidas. Es una noticia que ha avanzado Catalunya Radio y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. La conselleria entona la autocrítica y asume que quiere que esta situación no se repita. De hecho, fuentes del Govern explican que trabajan en un cambio legislativo para que las personas vulnerables y afectadas no tengan que hacer frente a estos pagos. Las entidades sociales piden respuestas urgentes que no afecten la situación ya de por sí precaria e estas familias y la Sindicatura de Greuges ha abierto una investigación de oficio.

Un total de 9.500 hogares reciben una carta que les insta a devolver las cantidades que recibieron por error

Desde inicios de este año la Conselleria de Drets Socials ha enviado 8.500 cartas a hogares vulnerables para que devuelvan unos importes indebidos de prestaciones sociales. Otros mil hogares recibirán la misiva antes de finales de este año. De media, el Govern les reclama 7.500 euros. La mayoría son familias que cobraban la renta garantizada, la prestación social de la Generalitat, pero cuya situación ha cambiado y ya no cumplen los criterios para recibir esa ayuda. Son factores de cambio, por ejemplo, si han encontrado un trabajo, si los hijos se emancipan, si alguien de la unidad familiar fallece, cambian de domicilio o si heredan una propiedad. "Hay beneficiarios que han comunicado cambios de su situación personal y la Generalitat ha tardado en certificarlos, o beneficiarios que no han comunicado su situación y ahora la Administración se lo reclama", ha explicado el secretario general de Drets Socials, Raúl Moreno.

La revisión de expedientes, después de años sin hacerlo, ha aflorado cambios de situación en muchas familias

Fuentes del Govern explican a este diario que desde que se implementó la Renta Garantizada en 2017 hasta la pandemia del coronavirus, en 2020, el Govern no había revisado ningún expediente de esta prestación social, a pesar de que una ley les obligaba a ello. Fue durante el año de la pandemia, con el cambio de un nuevo responsable al mando de estas comprobaciones, cuando se empezaron a realizar las revisiones, apuntan desde Drets Socials. En concreto, en el mandato del conseller Carles Campuzano se iniciaron todas estas reclamaciones. La ley de la Renta Garantizada dicta que el Govern debe revisar los expedientes cada dos años, y que si se descubren cobros indebidos tras cuatro años, los funcionarios pueden asumir responsabilidades penales.

Un año en comprobar los datos

El problema es la tardanza de la Generalitat en hacer estas comprobaciones. "La Renta Garantizada se implementó a toda prisa y no se aplicaron métodos de interoperatividad: es decir bases de datos y mecanismos informáticos para que los funcionarios pudieraon revisar los expedientes de una forma ágil. El resultado es que tardan meses, incluso un año, para comprobar los datos y por ello los importes son tan elevados", explica Jordi Sánchez, responsable de derechos sociales de la Sindicatura de Greuges.

Una queja que también comparten desde la actual conselleria y que explica porqué el importe a retornar por cada familia es tan elevado. En este sentido, y desde inicios de este año, la sindicatura había recibido un centenar de quejas sobre este asunto. "Eran casos particulares que resolvíamos uno a uno, pero al conocer el alcance de este caso hemos abierto una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido", explica Sánchez.

Según la ley, hay que revisar los expedientes cada dos años y si se descubren cobros indebidos tras cuatro años, los funcionarios pueden afrontar responsabilidades

Desde Govern, Moreno ha hecho autocrítica, a pesar que este proceso de revisión se llevó a cabo durante el mandato del anterior conseller, Carles Campuzano. "Es responsabilidad de la Generalitat solucionar este tema, es nuestra voluntad no generar a las familias más problemas. Estamos avanzando en diferentes soluciones legislativas para que este tema quede resuelto en los próximos meses", asegura Moreno, quien ha indicado que "no se debe cargar sobre las espaldas de las familias el peso de una administración que no ha actuado con celeridad'.

Asimismo, ha añadido que está trabajando en el rediseño de las prestaciones sociales ahora que se incorporará el Ingreso Mínimo Vital para que los beneficiarios no tengan que ir presentando documentación y sea la propia Administración quien tenga mecanismos para detectar cuándo haya cambios en la situación de las personas.

"Hay que encontrar la manera de arreglar este problema y que estas personas no tengan que pagar"

Mariona Puigdellívol

— Federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social

"Es un número muy importante de personas, claro que nos preocupa", exclama Mariona Puigdellívol, directora de la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social. El problema, avisan desde ECAS, es que muchas de estas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad y ahora están pagando los platos rotos de la tardanza del Govern. "Es gente que está en la fina línea de la exclusión social. Tenemos un problema que es que la Renta Garantizada no llega a todos los que la necesitan, y esta gente que necesita el dinero, porque a pesar de salir de los criterios de la renta este dinero no le va mal, no lo podrán devolver", lamenta Puigdellívol, que teme que estas familias se puedan transformar en 'deudores' de las administraciones y queden excluidos de cualquier ayuda social hasta que no retornen el dinero.

"La Renta Garantizada se implementó a toda prisa y no se aplicaron bases de datos y mecanismos informáticos para que los funcionarios pudieran revisar los expedientes de una forma ágil"

Jordi Sánchez

— Sindicatura de Greuges

"Hay que encontrar la manera de arreglar este problema y que estas personas no tengan que pagar", sostiene Puigdellívol. Es la línea que también apoya Sánchez desde la Sindicatura, que espera a terminar la investigación de oficio para hacer un planteamiento definitivo. "Si se demuestra que es la Administración quien se ha equivocado, que ha tardado demasiado tiempo en hacer la comprobación, estas personas no deberían pagar este dinero", dice Sánchez.

Ambos sospechan que este problema es debido a la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital, porque podría haber personas cuyas cantidades de las dos prestaciones están mal calculadas, aunque desde la Generalitat lo niegan categóricamente.