Catalunya necesita 69 nuevas plazas judiciales para desatascar la justicia

Catalunya se encuentra a la cola en el número de jueces en activo por 100.000 habitantes (9,7), solo por delante de Castilla-La Mancha (9). Un 'ranking' que encabezan con bastante diferencia Asturias (15,4) y Cantabria (13,3), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enero de 2024. Las reclamaciones reiteradas de las autoridades políticas y judiciales catalanas para que se constituyan nuevas plazas judiciales, es decir que se aumente el número de jueces, han caído en saco roto. Los juzgados y tribunales de Catalunya no pueden soportar el incremento constante de pleitos y la carga de trabajo y algunos están al borde del colapso. Esta situación provoca que los procesos judiciales se dilaten en el tiempo y tarden años en resolverse. La situación se agrava en algunas poblaciones debido a las vacantes en los juzgados ya en funcionamiento por la alta movilidad en la carrera judicial.

A la falta de juzgados se suma el problema de las vacantes, que a finales de 2023 se situaban en 80 

La jueza decana de Barcelona reclama más juzgados para luchar contra la multirreincidencia

Fuentes de la Conselleria de Justícia han avanzado a EL PERIÓDICO que “se está trabajando" con el Ministerio de Justicia (quien debe crear nuevos juzgados) en la elaboración de un "plan de legislatura" que contemple, entre otras medidas, la creación de nuevas plaza judiciales. El ministerio, de momento, no ha aclarado si este mismo año se convocarán nuevas plazas en Catalunya, tal como reclamó el pasado junio, antes de la formación del Govern del PSC, el Observatori Català de la Justícia, foro en el que participan la Generalitat y representantes del mundo de la justicia. La propuesta era implementar 25 juzgados en 2024 y otros 25 en 2025. El actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha asegurado que la Generalitat "está en condiciones" de asumir los espacios y recursos humanos de 25 juzgados si el Ejecutivo de Pedro Sánchez consigue sacar adelante los Presupuestos del Estado. En Catalunya actualmente ejercen 765 jueces y magistrados.

El TSJC alerta de que se está incurriendo en un “severo riesgo de afectación al derecho a un juicio en tiempo razonable”

En este sentido, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) también reclama más juzgados ante las “necesidades reales”. En concreto, considera necesaria la creación de 119 nuevas plazas de jueces, la mayoría en juzgados unipersonales. Pero como esa cobertura “en corto y medio plazo no es realista” y con “el propósito de identificar las necesidades más acuciantes”, ha rebajado la petición a 55 jueces nuevos (25 en la provincia de Barcelona) y 14 plazas de magistrado en el TSJC y en las audiencias provinciales. En total, 69. El alto tribunal lleva tiempo alertando del “severo riesgo de afectación al derecho de los ciudadanos a un juicio en tiempo razonable”. 

Ante estas reclamaciones, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia aseguran que este proceso “requiere una planificación detallada”, a la vez que subrayan que la colaboración del Gobierno central con la Generalitat y con el resto de comunidades para atender las necesidades del territorio será "máxima". "El diálogo político y técnico para ello está plenamente activo”, como se constató en la reunión celebrada en Barcelona el 27 de septiembre del ministro Félix Bolaños con Salvador Illa.

Incremento de asuntos

La última memoria del TSJC señala que en 2023 "se incrementó de forma notable el número de asuntos ingresados", el cual ascendió a 1.218.357, llegando a sumar en ese año y el anterior un 20% de los que se habían registrado en 2021 (1.010.087). A la vez, el alto tribunal también constata el "aumento sustancial" de la actividad resolutiva, con 1.122.876 de casos en 2023, 105.000 más que los resueltos en 2021 (1.014.245). Por tanto, en 2023 tampoco se consiguió el objetivo de resolver un número de asuntos superior al ingresado en el año. Cabe decir que los asuntos penales son los que aumentaron de forma más importante.

Los juzgados civiles tienen el doble de carga de trabajo de la recomendada por el CGPJ y los laborales la superan en un 47%

En este sentido, el TSJC incide que se están superando los criterios de actividad óptima de ingresos de asuntos que marca el CGPJ. En los juzgados civiles es de un 100% más, a excepción de los juzgados de familia, y un 80% en las secciones civiles de las audiencias provinciales. En los juzgados sociales que ejecutan sentencias laborales, como despidos, este porcentaje es del 47%. Esta acumulción ocasiona retrasos considerables al señalar los juicios y, por lo tanto, en dictarse las sentencias. Por ejemplo, un juicio por un despido se señala a un año vista y los juicios rápidos penales de Barcelona (delitos hasta cinco años de cárcel e instruidos en el juzgado de guardia) todavía en más tiempo, cuando deberían celebrarse en 15 días.

"La baja ratio de jueces implica que muchos juzgados están cerca del colapso y se están haciendo señalamientos de juicios a uno y dos años vista"

— Jesús Sánchez. Decano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona

"La baja ratio de jueces por habitante en Catalunya comparado con el promedio en España es una situación que preocupa a la abogacía y que tiene, además, importantes repercusiones económicas y sociales", según Jesús Sánchez, decano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona. "Esta baja ratio se traduce en que muchos juzgados en Catalunya están cerca del colapso y que se están haciendo señalamientos de juicios a uno y dos años vista", afirma. "Reivindicamos una mayor dotación presupuestaria en materia de justicia para poder paliar un déficit estructural histórico", subraya.

Alta movilidad de jueces

Al incremento de procedimientos judiciales se suma una situación, según la memoria del TSJC, "muy preocupante": las altas cifras de plazas judiciales vacantes, que se mantienen de año en año y que llegaron a las 80 a finales de 2023. El movimiento de jueces explica, según el alto tribunal, "ese alarmante" aumento de vacantes. El año pasado, solo seis jueces y magistrados concursaron voluntariamente a destinos catalanes desde otros territorios de España, mientras que 21 residentes en Catalunya lo hicieron para ocupar juzgados fuera de la comunidad.

La carga de trabajo y el alto nivel de vida provoca que muchos jueces opten por irse de Catalunya

"La movilidad, la provisionalidad y la rotación constante de jueces o magistrados al frente de órganos judiciales unipersonales son obstáculos insuperables para el normal funcionamiento de los órganos que lo padecen", recalca la memoria del TSJC. Otro dato: la media de antigüedad de los jueces que trabajan en Catalunya es la más baja de toda España (16 años y 11 meses, cuando en Aragón o Madrid superan los 25 años).

Sin tradición opositora

La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana y decana de los abogados de Tortosa, Marta Martínez, apunta a que en Terres del Ebre, por ejemplo, los jueces no duran en su cargo un año (el periodo obligatorio del primer destino) o dos. "La carga de trabajo que tienen es muy grande y buscan un lugar donde la retribución pueda ser mayor; una mejora laboral", sostiene. A este aspecto, se añade que la vida es más cara, sobre todo la vivienda, en las poblaciones de Catalunya en comparación con otras localidades españolas. "Además, los catalanes no tenemos tradición de opositores", recalca. Una posibilidad para paliar esa carencia, propone la decana, sería impulsar el acceso a la carrera judicial de abogados de reconocido prestigio (cuarto turno). De esta manera, más profesionales del derecho autóctonos podrían acceder a esas plazas.

El decano del Col.legi de Procuradors de Barcelona y presidente del Consell de Procuradors de Catalunya, Javier Segura, coincide en que "Catalunya tiene una falta de tradición de opositar, como sí la hay en el resto del Estado. Es una carrera vocacional, y si no la tienes, es preferible coger otras opciones que te da el grado en Derecho, pues, económicamente hablando, un juez está mal pagado, y eso aún és más patente en capitales de provincia, donde el alto nivel de vida hace difícil tener una economía mínimamente saneada. Distinto es en poblaciones más pequeñas, donde, por ejemplo, el precio de la vivienda es más asequible".

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