La violencia sexual contra los menores cuesta más de 1.275 millones de euros al año

Una de cada seis niñas, niños o adolescentes será víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años. Uno de cada 104 lo será a lo largo del año, lo que tienen un coste total de más de 1.275 millones de euros anuales. Una cifra alta, pero que es solo la punta del iceberg: muchos casos ni se denuncian, ni se detectan. De hecho, se estima que la violencia sexual afecta a 77.407 menores en un año, cuando las denuncias interpuestas fueron 9.185 en 2023.

Si se suma el valor económico de los daños de difícil monetización, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza o los daños emocionales de la víctima y su familia, el coste de la violencia sexual hacia la infancia en España supone el 0,31% del PIB. Son más de 4.500 millones de euros.

Educo reclama implementar el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia o la figura del coordinador de bienestar y protección

Estos datos vienen reflejados en el informe '¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia', realizado por la oenegé Educo junto con la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas. Presentado este miércoles, el estudio analiza el impacto de estas agresiones a niños y niñas, tanto físicas como psicológicas y sociales, así como el coste de estos hechos y sus consecuencias en las personas afectadas, pero también en toda la sociedad.

La violencia sexual en la infancia va mucho más allá de un precio pero, como han resaltado las autoras, ponérselo ayuda a ver aún más la dimensión de un problema todavía bastante desconocido en la sociedad. "Hace 40 años, la violencia de género estaba bastante normalizada. Hoy es impensable que alguien acepte el maltrato hacia una mujer. No ocurre lo mismo con la violencia hacia la infancia. Todavía es algo que pertenece al ámbito privado; al hogar", resalta Macarena Céspedes, directora de incidencia en España.

Cifra impactante

Según explica Laura Barroso, de la Universidad de Comillas, la cifra resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que el cálculo que han realizado ha sido sobre mínimos. Todavía no se conoce la magnitud real del fenómeno y sus impactos.

Con todo, más de la mitad de los costes estimados (59%) corresponden a gastos de servicios sociales asociados a la protección del niño o niña, como el acogimiento temporal en una familia o centros de acogida. El 22% son costes sanitarios, derivados de las posibles consecuencias en la salud física y mental que deja esta violencia. Van desde los traumatismos hasta el embarazo o la discapacidad, pasando por la ansiedad, la depresión o el bajo rendimiento académico.

Otro 17,5% pertenece a costes judiciales, como servicios penitenciarios o gastos de responsabilidad civil, y el 1,4% a educación (por ejemplo, repetición de curso). Todo ello suma unos 1.275 millones de euros.

Después viene la otra cifra, de unos 3.100 millones de euros, aproximadamente, calculado a partir de "una aproximación parcial a los costes por daños que no llevan un gasto concreto asociado de la administración pública, pero que intenta reflejar lo que podría suponer ese coste más social, de capital humano, de pérdida de productividad y de destrucción de riqueza que implica el haber vivido violencia sexual en la infancia", añade Barroso.

Hay impactos que no se han podido cuantificar. Pero, "aunque sea difícil asociarle un precio a determinadas consecuencias de esta violencia, repercute en la economía y en nuestro entorno", indica la investigadora.

Evolución de la normativa

Solo en 2023, uno de cada 878 menores ha denunciado ser víctima de violencia sexual, según los datos del Ministerio de Interior. Ante esta magnitud, y poniendo de relieve únicamente vemos la punta del iceberg, ambas entidades insisten en la importancia de la prevención y la detección precoz.

Para eso, piden la implementación efectiva de las medidas previstas en la legislación, que, pese a que en los últimos años ha dado pasos hacia delante en la lucha contra la violencia en la infancia, sigue sin estar plenamente desarrollada.

Está la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que supuso un antes y un después en la protección de la infancia, pero también la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

Falta, por ejemplo, la operatividad del RUSSVI (el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia) con información procedente de los servicios sociales de Atención Primaria, o la sensibilización ciudadana que garantice la denuncia. "El coordinador de bienestar y protección, que sería una figura clave para poder detectar precozmente estos casos", asegura Céspedes, también sigue sin implantarse en los centros educativos.

El informe también critica el carácter voluntario de muchos de los sistemas de notificación, o los criterios éticos que rigen y limitan investigaciones que se centran en niños y niñas.

Claro que arreglar todo esto "requiere un esfuerzo presupuestario grande". Pero, aseguran, será rentable, tanto en términos monetarios como en mejora del bienestar y el desarrollo de toda la sociedad. Porque, como concluye Céspedes, "el dinero que se destine a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia, más que un gasto, es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía".