España declara saturado su sistema de acogida a refugiados hasta 2025

España ha declarado que su sistema de acogida para refugiados está completo y no podrá recibir más solicitantes de asilo hasta 2025. La Subdirección General de Gestión de Plazas e Itinerarios de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Migraciones, envió un comunicado a sus entidades colaboradoras informando de que ante el «agotamiento de las capacidades normales de acogida», queda «temporalmente» paralizado el traspaso de personas solicitantes de protección internacional de los centros de atención humanitaria a la red protección internacional. En este escrito interno, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA / DLP, el Ministerio apunta que no se retomarán las valoraciones y derivaciones hasta que «no disminuya la saturación, previsiblemente en enero de 2025», momento en el que parte de las plazas de los centros de acogida de migrantes adultos pasarán a formar parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Con esta medida, notificada el pasado 13 agosto, el Gobierno de España decide bloquear al acceso de los solicitantes de asilo a sus recursos especializados por estar saturados, al tiempo que afea a Canarias su decisión de poner límites para no seguir acogiendo a niños y adolescentes migrantes en una red de acogida que está sobredimensionada y colapsada. El Gobierno canario lleva más de un año pidiendo una solución al Estado para mejorar las condiciones de vida de los más de 5.300 menores que están bajo su tutela y que residen en centros sobreocupados, en los que apenas se puede garantizar su seguridad. 

Europa expedientó a España por no aplicar normas de la UE en protección internacional

El pasado 2 de septiembre, solo 20 días después del anuncio del Ministerio, el Consejo de Gobierno se plantó y declaró que no asumiría la tutela de más niños migrantes, debido a la falta de plazas suficientes para garantizar su adecuada atención. Esta decisión del Ejecutivo canario, que busca poner freno a la emergencia humanitaria que vive el Archipiélago por la constante llegada de menores no acompañados a bordo de cayucos y pateras, desató un aluvión de críticas por parte del Gobierno central, que en trece meses no ha sido capaz de articular una solución para repartir la atención de los niños por todo el territorio nacional.

La capacidad de alojamiento del sistema de acogida de protección internacional español «está temporalmente agotada», a pesar del «sustancial crecimiento» del sistema que se ha producido desde 2022, apunta Migraciones en su nota informativa, en la que añade que la tasa de ocupación durante todo 2024 no ha bajado nunca del 90% y lleva meses por encima de este umbral. El Ministerio atribuye estos niveles al «aumento de las llegadas por vía marítima» y a un «cambio en el perfil y comportamiento» de las personas que arriban de forma irregular, lo que ha «multiplicado» el número de solicitudes y prolongado sus periodos de estancia, tanto en la fase inicial de evaluación y derivación al Sistema de Protección Internacional como en los dispositivos del Programa de Atención Humanitaria. 

Alojamiento y alimentación

En su comunicado, el Ministerio dirigido por Elma Saiz justifica la congelación de las evaluaciones y derivaciones de los migrantes que requieren protección internacional, asegurando que «no hay obligación legal, ni europea ni española», que obligue a desarrollar «siempre y en todo momento» un catálogo de prestaciones determinado, más allá de garantizar unas condiciones de acogida básicas para solicitantes de asilo que carecen de recursos económicos suficientes para subsistir. De acuerdo con la normativa del Parlamento Europeo y del Consejo, detalla el escrito, las condiciones de acogida incluyen alojamiento, alimentación, ropa y artículos de higiene personal, así como una asignación para gastos diarios. Actualmente, asegura, estas condiciones se prestan en todos los dispositivos de acogida, pero añade que otras actuaciones complementarias en materia de educación, formación o empleo «pueden prestarse o no».

El pasado enero, la Comisión Europea (CE) inició un procedimiento de infracción contra España por no haber transpuesto de manera «correcta y plenamente» a su legislación nacional las nuevas reglas comunes sobre las condiciones de acogida de las personas que solicitan protección internacional cuando llegan a territorio de la UE. Bruselas abrió entonces un expediente sancionador y ahora la CE dictaminará si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además de a España, la Comisión también expedientó a Bélgica, Grecia y Portugal.

Migraciones defiende que sus centros para asilados están al 90% de ocupación

Entre los niños tutelados por el Gobierno de Canarias hay más de 2.000 que reúnen las condiciones para ser refugiados, la mitad de ellos por proceder de Malí, un país en guerra desde hace más de una década. En este sentido, el Defensor del Pueblo publicó este mismo mes unas recomendaciones en las que instaba al Estado a implicarse en la gestión de la infancia migrantes y le exigía medidas inmediatas para aliviar la saturación de los centros de menores de las Islas. Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, quien visitó varios centros de acogida de Tenerife en julio, pide a los ministerios del Interior y de Migraciones que «se facilite el acceso individualizado a la formalización de las solicitudes de protección internacional de los niños y niñas, mayores de 16 años», para así garantizar su traslado a los centros de Recepción, Atención y Derivación, gestionados por el Estado. 

Esta solicitud del Defensor del Pueblo contradice la postura de Migraciones, que sostiene que la tutela y la guarda de estos niños sigue siendo competencia exclusiva de las comunidades autónomas y rechazan que tengan que ser atendidos en los centros de protección internacional de España, como sí ocurre con los niños que llegan con sus padres o con un hermano mayor de edad.

Gabilondo también pidió a ambos ministerios habilitar en Canarias un centro de Recepción, Atención y Derivación para atender a los niños que solicitan asilo, en aras de «formalizar sus solicitudes, acreditar su condición de solicitantes de protección internacional, así como su residencia legal en España desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación al recurso más adecuado».

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