Así es la pena de muerte en Tailandia a la que se enfrenta Daniel Sancho: método utilizado

Daniel Sancho Bronchalo, nacido en 1994 e hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, lleva más de un año encarcelado en Tailandia tras haber confesado el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. Llegó a la isla de Koh Phangan el 31 de julio del año pasado, donde se encontró con la víctima, un cirujano plástico colombiano cuyo cuerpo fue hallado días después desmembrado en un vertedero y en el mar.

Tras la investigación, la policía tailandesa concluyó que fue un asesinato premeditado, cometido en solitario. Es por ello por lo que pidió para él la pena de muerte.

Tailandia es uno de los 55 países del mundo en el que aún está vigente la pena de muerte, según datos de Amnistía Internacional. En el 2021 se dictaron en ese país 35 condenas a muerte, según la misma asociación.

Código Penal tailandés

La ley tailandesa contempla, en los artículos 288 y 289 de su Código Penal, la pena capital para casos de asesinato -cuando hay premeditación-, aunque suele ser conmutada por cadena perpetua. Si es condenado por homicidio, la sentencia es de entre 15 a 20 años.

Sin embargo, el proceso judicial al que se enfrenta Sancho es complejo, porque puede apelar a dos tribunales más y, en última instancia, puede solicitar un indulto del rey Maha Vajiralongkorn.

Es lo que pasó con el también español Artur Segarra, condenado a muerte -y cuya pena fue conmutada en agosto de 2020 por la cadena perpetua- por asesinar y descuartizar en 2016 al también español David Bernat.

Prisión de Bangkok

En caso de que se lleve a cabo la sentencia de muerte, se ejecutará en la prisión de Bang Kwang en Bangkok (también conocida como 'Bangkok Hilton'), prisión que, de momento, Sancho ha conseguido eludir: se encuentra en el centro penitenciario Roh Samui, en el sur de la isla.

Sin embargo, el fiscal del caso asegura que será trasladado a la cárcel de Surat Thani si la pena es mayor a 15 años.

Actualmente, hay 254 personas en el corredor de la muerte tailandés, aunque desde el año 2018 no se haya producido ninguna ejecución, según datos de la organización World Coalition Against the Death Penalty (Coalición Mundial contra la Pena de Muerte).

Amnistía Internacional maneja las mismas cifras de ejecuciones, aunque rebaja a 123 la cifra de personas condenadas a muerte al concluir 2023.

La última fue la de un ciudadano tailandés de 28 años que recibió la inyección letal tras ser condenado por robar y matar a un joven en 2012. Se trató de la primera ejecución desde el año 2009.

Inyección letal

Tailandia legalizó la inyección letal en 2003 para reemplazar los fusilamientos. Aunque puede cambiar de un país a otro, en los casos de ejecución por inyección letal se suele contar con una dosis masiva de tres sustancias químicas. Según los datos de Amnistía Internacional, se trata de tiopentotal sódico, bromuro pancurónico y cloruro potásico. La organización explica que "la primera [sustancia] es un barbitúrico que hace perder el conocimiento al preso, la segunda es un relajante muscular que paraliza el diafragma, impidiendo así la respiración, y la tercera provoca un paro cardiaco".