Investigación judicial

Alves esgrime el empadronamiento en Barcelona de su exmujer e hijos para pedir la libertad

Alves admite que mintió y que sí hubo penetración, pero dice que fue consentida

¿Por qué Alves sigue en prisión?

Dani Alves , en una imagen de archivo.

Dani Alves , en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS REPORTAJES

Guillem Sánchez
J. G. Albalat
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El exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves ha esgrimido este viernes a través de su abogado defensor, Cristóbal Martell, el reciente empadronamiento en Barcelona de sus dos hijos, de 15 y 17 años, así como el de su exmujer y representante, Dinora Santana, para solicitar de nuevo la libertad del exjugador, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. La familia tenía su residencia en Brasil y los adolescentes ya habían planteado que les gustaría estudiar en la capital catalana, por lo que han sido matriculados en un centro educativo privado. El encarcelamiento del padre ha precipitado esta decisión.

Tanto la fiscalía como la abogada de la víctima, Ester García, han pedido que permanezca en la cárcel el deportista, que está acusado de una presunta agresión sexual en la discoteca Sutton en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022. Para las acusaciones, ese proyecto de vida es "ficticio" y han recordado que antes de ingresar en prisión Alves alegó que se proponía ir a México, donde militaba en el equipo de fútbol de Pumas. El empadronamiento, a su entender, es un documento administrativo que no comporta ningún tipo de arraigo, ya que, según su razonamiento, no obliga a vivir en la ciudad que figura en el padrón. Más aún, han incidido, en el casi del exjugador, que tiene suficiente capacidad económica para residir en cualquier parte.

En la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este viernes una vistilla para que la defensa y las acusaciones pusieran sobre la mesa su postura y argumentos sobre la privación de libertad del exfutbolista. Una hora ha durado este acto y ahora deberán ser los magistrados de la Sección Tercera quienes decidan sobre el futuro de Alves. Estos jueces son los mismos que el 21 de febrero ya rechazaron esta misma petición de la defensa. Lo único que ha cambiado desde entonces es el empadronamiento de su familia, que se realizó en mayo, y la declaración del exjugador admitiendo que en su primer interrogatorio, horas antes de entrar en prisión, había mentido para salvar su matrimonio y que en verdad sí que había mantenido sexo con penetración con la joven de 23 años. Según su versión, esta relación había sido consentida.

El abogado ha reiterado en la vistilla su teoría según la cual en la discoteca había existido un "galanteo sexual" entre Alves y la mujer, y que esta había accedido al lavabo del reservado, donde se produjo la presunta agresión sexual, de forma voluntaria. Para apoyar esta teoría, el letrado ha incidido en el informe elaborado por un detective a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca, en las que, según la defensa, no se aprecia el ambiente de miedo y terror que describe la víctima en su declaración. Las acusaciones sostienen que no existe tal "galanteo sexual" y que ese miedo es lo que percibió la mujer afectada cuando se encontraba en la zona vip de la discoteca.

Declaración del futbolista

Mientras que el letrado de la defensa ha calificado de "contundente" la última declaración de Alves en el juzgado, la fiscalía y la acusación particular sostienen todo lo contrario y ponen de manifiesto que, con anterioridad, el exjugador del Barça había cambiado tres veces de versión al tiempo que, en su primer interrogatorio del 20 de enero y antes de ingresar en la cárcel, la jueza le iba precisando las pruebas que habían en su contra (semen en el lavabo, huellas dactilares...). Pero el indicio que obligó al exfutbolista a reconocer la penetración fue la prueba de ADN que demostró que los restos de fluido seminal que se hallaron en el interior de la vagina de la mujer eran suyos.

La investigación judicial está prácticamente acabada. Eso sí, en los próximos días el forense realizará una prueba psicológica a la víctima para determinar los síntomas y las posibles secuelas sufridas a raíz de la presunta agresión sexual. La jueza, que aceptó que interviniera un perito privado, ha delimitado dicho examen a esas dos cuestiones. También ha requerido para que se realice esta prueba en un ambiente lo menos hostil posible. La denunciante acudirá acompañada de un psicólogo.