Propietarios agrícolas del delta del Ebro demandan al Estado por "dejarlo morir"

"El delta no muere, hace tiempo que lo están matando", lamenta Marcel·la Otamendi. Es propietaria de una finca del entorno del parque natural del Delta del Ebro. En los últimos años, algunos campos de arroz antes cultivables lo han dejado de ser por la intrusión del mar, un fenómeno que irá a más si nadie lo para.

"Nos sentíamos abandonados, por esto decimos basta y nos pusimos en contacto con abogados", cuenta Otamendi. Años después de aquella reacción, finalmente hoy dan el paso y presentan una denuncia al Estado por inacción y falta de implicación a la hora de aplicar medidas útiles.

En total, son una veintena de propietarios que exigen indemnizaciones por los terrenos perdidos ante la regresión del delta. Cuantifican las pérdidas en 22 millones de euros, por los perjuicios económicos sufridos, ya que tenían terrenos productivos que ya no lo son.

Además de indemnizaciones por la responsabilidad territorial del Ministerio de Transición Ecológica, también reclaman obras de reparación para evitar que la situación empeore. Mariona Torra, abogada del Col·lectiu Ronda, reconoce que en los dos últimos años la Administración ha empezado a actuar. Sin embargo, la querella va mucho más lejos: "En su momento, cuando se construyeron las presas de Mequinenza, Flix y Riba-Roja, se sabía que ponían en peligro la continuidad del delta por la falta de sedimentos". "Además, lo que se ha hecho recientemente se ha demostrado que es insuficiente", opina Torra.

Pantanos perjudiciales

La denuncia defiende que el Estado era consciente de los peligros que suponían estas presas en el tramo final del río. En 1973, 50 años atrás, se publicó un decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) llamado "decreto de saneamiento" del delta del Ebro. Este escrito, todavía vigente, incluía una serie de acciones para prevenir la degradación del delta. Según los abogados de los denunciantes, solo se ejecutó una pequeña parte de estas medidas.

Desde 1985 hasta el temporal Gloria, las actividades por parte de la administración para frenar la regresión deltaica consideran que han sido nulas. En 2021, se impulsó el Plan para la protección del Delta del Ebro por parte del Ministerio de Teresa Ribera. Este proyecto, sin embargo, no se ha aprobado de forma definitiva.

"La denuncia al Estado se sustenta en años y años de inactividad administrativa mientras el delta retrocedía", afirma Torra. "Nos basamos en una actitud que ha persistido durante años y que se ha perpetuado por el mal funcionamiento de la Administración", añade.

Sedimentos insuficientes

"Dejamos este grito en el aire para quien nos quiera acompañar en esta lucha. Defendemos vivir dignamente y salvar un trocito de mundo", expone Otamendi. Según esta propietaria, que sustenta su discurso en los últimos estudios científicos, ahora, con la llegada de sedimentos, no sería suficiente: "Llevamos tantos años de inacción que esto no restauraría el delta. Necesitamos medidas de protección como diques y escolleras con tecnología moderna".

La denuncia también aporta argumentos ecológicos y no solo económicos. Se señala la importancia de proteger un espacio clave para el medio ambiente, ya que el delta se declaró Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2013. Los abogados plantean una falta de cumplimiento de la ley de costas, que pretende asegurar la conservación de espacios como este.

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Ahora, estos 22 propietarios se proponen llevar todas sus peticiones acumuladas durante los últimos años a los tribunales. Esperan que la medida sirva para que se apliquen soluciones "reales, efectivas y rápidas" mediante las cuales se consiga poner fin a la situación actual y frenar el aumento de la salinidad. La idea es hacerlo con caudales sólidos y líquidos en el tramo final del río, además de con medidas de protección que eviten las constantes intrusiones marinas en la tierra.

Esta segunda parte se fundamenta en los informes de un ingeniero agrónomo y un ingeniero de caminos que detallan las medidas exactas: creación de dunas, instalación de barreras geotéxtiles y restauración de zonas húmedas. Es la primera vez que la situación del delta se lleva a los tribunales por parte de un grupo de particulares.