Renfe denuncia la "ofensiva continua" del Govern y lamenta que el expediente de Consum le llegue "a través de la prensa"

La avería en la estación de Rodalies de Gavà, el lunes de la semana pasada, y el hecho de que en menos de tres semanas haya elecciones municipales, ha elevado el tono de las declaraciones de los políticos locales, que vienen de muy lejos, contra el mal estado de las infraestructuras ferroviarias en Catalunya. El Govern sigue a la espera de que Adif aclare las causas del incidente que ha dejado cojo el ramal sur de la R2, mantiene el pulso por obtener el traspaso total de las competencias vinculadas al transporte ferroviario y este miércoles ha anunciado que podría sancionar a Renfe con hasta un millón de euros por el caos de trenes originado estos días al sur de Barcelona. El operador público, que depende del Ministerio de Transportes, ha lamentado haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación y ha denunciado ser víctima de una "ofensiva continua".

El anuncio lo ha hecho el 'conseller' de Territori, Juli Fenàndez, durante una entrevista matinal en TV3, en la que ha culpado al Estado de todos los males de Rodalies. "Si el Gobierno no quiere asumir sus responsabilidades, nosotros estamos dispuestos a asumirlas todas", ha asegurado.

Ha negado que sea un asunto que haya entrado en campaña electoral al recordar que se trata de "problemas que se viven a diario y que forman parte de la vida cotidiana". Siendo Adif -que también depende del Gobierno- el titular de la infraestructura, responsable de buena parte de las incidencias, es Renfe el receptor de las principales quejas y el protagonista de este expediente sancionador por parte de la Agència Catalana de Consum, que imputa a Renfe prácticas comerciales desleales e incumplimiento de las obligaciones de atención a los consumidores.

El operador, por su parte, asegura que la colaboración "siempre es máxima con el titular del servicio (en referencia totalmente intencionada a la Generalitat), a pesar de la ofensiva continua que se realiza contra la empresa". La compañía asegura que ha solicitado "de manera reiterada" las actas de inspección de Consum de la demarcación de Barcelona, unos documentos, sostiene, que no se les ha querido hacer llegar. Sí tienen las de Tarragona, que incluyen, a su modo de ver, incidencias "puntuales".

"Es público y notorio que en todas las comunicaciones se indicaba que los horarios no eran reales", defiende Renfe, sobre el hecho que le atribuya que las horas de paso de los trenes no correspondían con las que podían consultarse en la web. El operador público sostiene que ya se cambiaron los que hacen referencia a la R2 Sud y lo mismo se ha hecho este miércoles, nueve días después de la avería, con los regionales afectados. Las infracciones que detecta Consum tipificadas como muy graves pueden comportar una sanción de entre 100.001 euros y un millón de euros.