En Torrevieja (Alicante)

Detenidas 19 personas por falsificar documentos para simular ser refugiados ucranianos en España

Desde el inicio de la guerra, España concedió a 170.000 ucranianos esta protección temporal extraordinaria, por la que los desplazados obtienen permiso de residencia y trabajo

Efectos incautados por la Policía en Torrevieja.

Efectos incautados por la Policía en Torrevieja. / El Periódico

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La Policía Nacional española detuvo a 19 personas relacionadas presuntamente con una trama que falsificaba documentos para que ciudadanos de otros países simularan vínculos con Ucrania y pudieran acogerse al régimen de protección temporal a desplazados por la guerra, informó el cuerpo este miércoles.

La investigación, que se desarrolló principalmente en la localidad de Torrevieja (Alicante, este), arrancó después de que se detectaran documentos falsificados presentados por dos ciudadanas rusas "que se hicieron pasar por residentes en Ucrania para acogerse al régimen de protección temporal para desplazados por la guerra", explicó la Policía Nacional en un comunicado.

A partir de ahí, los agentes iniciaron unas pesquisas que derivaron en 16 detenciones "por delitos de falsificación de documentos a ciudadanos procedentes de Rusia, Bielorrusia, Georgia y Moldavia". Estos primeros arrestados, liberados tras prestar declaración, habían adquirido documentos falsificados como tarjetas de residencia permanentes o certificados de matrimonio con el mismo objetivo.

Desde el inicio del conflicto el año pasado, España concedió esta protección temporal extraordinaria, por la que los desplazados obtienen permiso de residencia y trabajo, a 170.000 ucranianos que huyeron de su país tras la invasión rusa, según datos del Ministerio del Interior.

El principal origen de las falsificaciones de la trama estaba, de acuerdo con los agentes, en una gestoría de Torrevieja, una turística localidad de la costa mediterránea, desde donde se captaba supuestamente a los clientes.

Por cada documento falsificado, los presuntos delincuentes cobraban entre 3.000 y 5.000 euros. Los tres integrantes de la gestoría fueron detenidos y acusados de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y grupo criminal. Considerados los responsables de la trama, fueron puestos a disposición judicial.