Legislación europea

Bruselas quiere obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de la compra

La Comisión Europea presenta una nueva propuesta de directiva para garantizar la aplicación del “derecho a reparar”

Una persona pone la lavadora

Una persona pone la lavadora

Silvia Martinez

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Cada año se generan en la Unión Europea 35 millones de toneladas de residuos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases con efecto invernadero por productos que a menudo son viables y pueden repararse pero que finalmente se desechan y terminan prematuramente en la basura, con unas pérdidas para los consumidores estimadas en 12.000 millones de euros al año. La Comisión Europea quiere terminar con esta práctica y potenciar el “derecho a reparar” por encima del “derecho a la sustitución”. Según una propuesta legislativa adoptada este miércoles, los fabricantes de televisiones, electrodomésticos y otros aparatos tendrán que garantizar a sus clientes la reparación entre 5 y 10 años después de la compra del producto.

Bruselas es consciente de que una vez expirado el plazo legal de la garantía de un producto, de dos años, muchos consumidores optan por sustituirlo debido a las dificultades para acceder a un servicio de reparación adecuado a un precio aceptable. Una práctica de sustitución que es también habitual en el caso de los productos defectuosos que se estropean dentro del plazo cubierto por la garantía legal. Para fomentar un consumo sostenible, la Comisión quiere instaurar normas más estrictas para hacer más atractiva la reparación y eliminar las barreras "que siguen disuadiendo a demasiados consumidores de llevar a cabo reparaciones", ha destacado el comisario de justicia, Didier Reynders.

En el caso de las reparaciones dentro de la garantía, la directiva sobre venta de bienes ya establece que, durante un periodo de dos años, el consumidor puede pedir al vendedor que repare o sustituya gratuitamente un bien en caso de defectos debidos a la falta de conformidad del producto. Con la nueva propuesta, cuando la reparación sea más barata o igual en coste, los vendedores tendrán que ofrecer obligatoriamente la reparación gratuita como solución, en un plazo razonable y sin molestias para el consumidor.

Fuera del plazo de la garantía legal, los consumidores podrán reclamar a los fabricantes la reparación de los productos entre 5 y 10 años después de su compra (según el tipo de producto) a menos que sea imposible (por ejemplo, si los productos sufren daños cuya reparación es técnicamente imposible) aunque la reparación no será gratuita. "La norma será clara: el fabricante ya no podrá negarse a reparar su lavadora, a menos que repararla sea técnicamente imposible", ha explicado Reynders

Según Bruselas, la normativa facilitará la búsqueda de servicios de reparación adecuados -no solo los que ofrezca el fabricante sino también reparadores independientes- a través de la creación de una plataforma en línea en cada Estados miembro mientras que los consumidores tendrán derecho a solicitar al taller de reparación un formulario europeo de información sobre reparaciones con el precio y las condiciones de la reparación que deberán ser válidas durante 30 días. La plataforma también permitirá a los consumidores vender o poner a disposición sus bienes usados para que sean recomprados por los restauradores.

Productos cubiertos

La obligación de garantizar el derecho a reparar cubrirá en un principio a lavadoras, secadoras, lavavajillas domésticos, aparatos de refrigeración, pantallas electrónicas, equipos de soldadura, aspiradoras y servidores y almacenamiento de datos. Aunque la idea es que se sumen a la lista muy pronto teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y tabletas. Los beneficios, según Bruselas, serán enormes para los consumidores, el medio ambiente y la economía. En el caso de los consumidores la propuesta hará más atractiva la reparación, facilitará la comparación de los servicios de reparación y creará el derecho a solicitar a los productores la reparación de determinados bienes más allá de la garantía legal a cambio de una tarifa, independientemente de la naturaleza del defecto. 

La medida también tendrá un impacto positivo en el medioambiente porque menos productos desechados significa menos residuos, menos materiales necesarios para producir nuevos bienes y menos emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción y venta. Es decir, según Bruselas, se podrán ahorrar 18,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, 1,8 millones de toneladas de recursos y 3 millones de toneladas de residuos en 15 años. Una repercusión que también se trasladará a la economía. La Comisión Europea calcula que los vendedores y productores ahorrarán unos 15.600 millones de euros en los próximos 15 años al reparar los productos en lugar de sustituirlos gratuitamente con la garantía legal. Además, los consumidores ahorrarán 176.500 millones de euros en el mismo período.