Los profesores asociados de la Autònoma se suman a la huelga contra la ley universitaria

Los profesores asociados universitarios (el 40% del total de docentes) están en pie de guerra contra la recién aprobada ley universitaria (Losu). Son profesionales que cobran, en el mejor de los casos, entre 800 y 900 euros y tienen que renovar sus contratos cada año. La Losu -que nació con el objetivo de luchar contra la precariedad- les promete un contrato fijo y reducir las horas lectivas máximas (de 180 a 120). Sin embargo, los asociados aseguran que carecen de garantías y que su precariedad laboral se mantendrá a pesar de la entrada en vigor de la norma. De ahí que se hayan sumado paulatinamente a una huelga indefinida e intermitente, que inicialmente fue convocada semanas antes de que la Losu se ratificara en el Parlamento.

Los asociados de las universidades catalanas, como la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB) y la Autònoma (UAB), se darán cita mañana en una manifestación, que tendrá lugar a las 18.30 en la plaza Universitat y en la que expondrán los motivos de su protesta. “Si nosotros paramos, se para la universidad”, advierte Neus Molina, profesora e investigadora de la UAB. “Nuestra precariedad laboral repercute en nuestra salud mental y, por supuesto, en la calidad de la enseñanza. Es algo que no se puede permitir una universidad pública”, añade.

Ley universitaria: los cuatro motivos por los que los profesores asociados están de huelga

La Asociación Estatal de Profesores Asociados de las Universidades Públicas convocó, el pasado 31 de enero, una huelga indefinida e intermitente durante tres días a la semana: martes, miércoles y jueves. El motivo era protestar contra la nueva ley universitaria. Dos semanas después, el paro tuvo un seguimiento desigual, con mayor adhesión en València, Castellón, Murcia y Granada. Algunos docentes asociados de la UPC se sumaron en febrero, como los de la UB. A partir de mañana lo harán los de la Autònoma bajo el lema “No a la Losu. Basta de precariedad en la universidad. Por una docencia e investigación al servicio de la clase trabajadora”.

La Losu ya está en vigor, aunque para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación se aplazará hasta el curso 2025-26. De poco ha servido la reunión mantenida la semana pasada entre varios portavoces de los docentes asociados de toda España con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. “No nos dio ninguna solución", se lamenta Isabel de la Cruz, presidenta de la Asociación Estatal de Profesores Asociados de las Universidades Públicas. "Por no saber, no sabemos ni lo que vamos a cobrar a partir de ahora. Carecemos de garantías", añade.

Fuentes del Departament de Recerca i Universitats aseguran que en los Presupuestos existe una partida de 15 millones de euros para poner en marcha un plan que permita crear plazas de profesores permanentes. Esas mismas fuentes insisten que la figura del profesor asociado no está ligada a la precariedad laboral porque se trata de profesionales que tienen una actividad laboral principal fuera del campus (lo cual no es cierto en la totalidad de los casos) y que "únicamente dan clases a los estudiantes por el valor de su experiencia profesional".

Los asociados, efectivamente y en teoría, son profesionales con sólida y relevante experiencia laboral en la asignatura que imparten. Han de tener otro trabajo fuera del campus, pero como muchos no lo tienen, cotizan como autónomos, algo frecuente en los grados de Humanidades. Sus contratos en la facultad son renovados cada año y cada tres pasan un concurso. “Si fuéramos, de verdad, asociados tendríamos siempre el mismo horario y daríamos asignaturas optativas en lugar de las troncales. Pero la realidad es muy diferente. Tenemos una responsabilidad muy grande, igual que un profesor titular, y cobramos tres veces menos. Por no hablar de las horas que dedicamos a la corrección de exámenes, preparación de las clases o celebración de seminarios. Muchos somos falsos asociados y falsos autónomos. Nuestra fiscalidad es un caos”, se queja Molina, que está realizando el doctorado en la AUB y que está dada de alta en el régimen de autónomos porque no tiene trabajo fuera del campus.

"¿Qué más me da que me hagan un contrato fijo si voy a cobrar 400 euros?"

— Neus Molina, profesora asociada e invetigadora de la UAB

"¿Qué más me da que me hagan un contrato fijo si voy a cobrar 400 euros?", protesta Molina, que imparte clases de Periodismo Cultural, Género y medios y Escritura periodística. 

Los docentes asociados critican que la norma, efectivamente, no especifica los mecanismos de sus nuevos contratos. Y ahí radica el problema. Cada universidad es autónoma y, por lo tanto, fijará los criterios que considere oportunos para convertir nuestros contratos en fijos a través de un concurso de méritos. “¿Qué garantías tenemos? Ninguna. Nos preocupa mucho la falta de seguridad”, explicaba, en febrero, Enric Mir i Teixidor, arquitecto y profesor asociado en la UPC.

Cuando se convocó la huelga, la presidenta de la asociación de asociados pronosticó que muchos serán despedidos a pesar de encadenar años y años de contratos. Todavía mantiene ese pronóstico.