Más estudiantes acusan de acoso sexual al profesor de Filología de la UAB suspendido por abuso de poder

La secretaria general de la UAB, Esther Zapater, ha dado la razón al 'conseller' de Universitats, Joaquim Nadal, sobre la necesidad de "adoptar medidas restrictivas" cuando existe una denuncia de acoso, pero ha avisado de que el marco legal no lo permite. "Habría podido comportar la nulidad de todo el proceso", ha asegurado en relación al caso del catedrático de Física condenado a año y medio de cárcel por acoso sexual. Respecto al profesor de Filología suspendido de empleo y sueldo por abuso de autoridad a varias alumnas de doctorado, Zapater ha mantenido que se adoptaron varias cautelares, si bien ninguno de los dos fue apartarlo de la docencia. De este mismo docente, hasta siete alumnas de grado han denunciado haber recibido mensajes de acoso sexual y han acusado a la UAB "de mirar hacia otro lado".

El gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona ha comparecido este viernes asegurando que en 2019 no apartó cautelarmente al catedrático de Física ahora condenado porque la causa penal había "absorbido" la investigación interna. "Teníamos que esperar a que la causa judicial terminara y que los hechos quedaran determinados", ha resaltado la secretaria general, que ha precisado que la sentencia del catedrático no es firme. "La decisión de apartarlo ahora es, a efectos prácticos, una medida cautelar porque él puede presentar un recurso de casación", ha apuntado Zapater.

Las alumnas acusan a la UAB de "mirar hacia otro lado"

Dilación

Después de que el 'conseller' de Universitats manifestara este viernes que hay que ser "más proactivos" y apartar preventivamente a los docentes en caso de denuncia, Zapater ha dicho compartir esta voluntad, aunque ha asegurado que el marco legal no lo permite: “Si lo apartábamos podíamos poner en riesgo las actuaciones legales, y había que ser rigurosos”. En este sentido, ha reclamado a los poderes políticos "cambios legales importantes" para afrontar estos casos.

Zapater también se ha defendido de la dilación entre la sentencia dictada por el juez y la decisión del rectorado de apartar al catedrático. Ha justificado este mes de diferencia en que "no se había recibido autorización y conocimiento formal" sobre la sentencia. Zapater ha asegurado que "el lunes por la tarde" fue cuando el rector tuvo una comunicación oficial de la resolución judicial y entonces acordaron apartarle de la docencia. Según la secretaria general, no podían actuar antes.

Un año de investigación interna

Por otro lado, Zapater y la decana de la facultad de Filosofía y Letras han defendido la investigación interna realizada hacia un profesor de filología hispánica, a quien han acordado suspender de empleo y sueldo durante 14 meses por abuso de poder. Si bien han admitido que "el proceso podría haber sido más ágil y eficiente" y han afirmado que "hay que mejorar" porque ha durado casi un año, también han defendido que activaron todos los mecanismos internos en cuanto recibieron la denuncia de una antigua doctoranda y de un grupo de actuales doctorandos acusándolo de irregularidades.

La decana Margarita Freixas ha relatado que en marzo del pasado año unificaron las causas, que incluían 88 quejas formales de estudiantes de doctorado. El caso se puso en conocimiento de la comisión técnica asesora, que abrió un expediente informativo, que se cerró en junio. Es entonces cuando se determinó que la causa merecía un expediente disciplinario, que comienza en septiembre y se ha resuelto ahora con la suspensión de empleo y sueldo durante 14 meses.

Medidas cautelares

Según ha relatado Freixas, las alumnas acusaban al docente de "mala praxis docente" porque, entre otros motivos, había "muchas personas suspendidas en el aula", las evaluaciones no recogían todos los trabajos entregados, el profesor no se explicaba “de forma suficientemente clara”, utilizaba las redes sociales personales para la docencia y les proponía subir nota asistiendo a conferencias externas al currículum universitario.

Freixas ha dicho que desde la facultad acordaron varias medidas cautelares, como garantizar que las denunciantes no coincidieran con él e introducir en el aula a una segunda profesora "que velara por las buenas praxis docentes". También le pidieron que dejara de utilizar las redes sociales personales para usos académicos. Según la decana, el profesor dejó de dar clases desde septiembre "por motivos personales", coincidiendo con el momento en que se abre el expediente disciplinario.

Tanto Freixas como Zapater han garantizado que la UAB ha ofrecido "en todo momento" asesoramiento jurídico y psicológico a las afectadas, y han manifestado "empatía y apoyo a todas las personas de la comunidad universitaria que se han podido ver afectadas por esta situación" .

Denuncias por mensajes de acoso

Aparte de la investigación por abuso de poder, Freixas y Zapater han rehusado contestar si el mismo profesor había recibido denuncias por acoso o abuso sexual. Sin embargo, una vez terminada la rueda de prensa, tres representantes del grupo de apoyo a víctimas de acoso sexual han denunciado que el gobierno de la UAB tiene constancia de varios envíos de mensajes acosadores por parte de este docente, Àngel Gallego, y les han acusado de "mirar hacia otro lado".

Según estos representantes, hasta siete alumnos de Grado de Lengua y Literatura Españolas han recibido mensajes de índole sexual donde les preguntaba sobre su ropa interior y realizaba comentarios despectivos sobre sus parejas o insinuaciones fuera de lugar.

Críticas a la gestión

El colectivo también ha asegurado que Gallego incurría en las mismas prácticas con alumnas de segundo de Bachillerato que se preparaban para las PAU (pruebas de acceso a la universidad), a las que les presentaba otro profesor de la facultad para tener citas fuera del campus. Ambos eran coordinadores de las PAU.

"Es más necesario que nunca hacer un 'Me Too' en la Autònoma", afirma un colectivo de apoyo a las víctimas

Este grupo de apoyo también ha asegurado que en marzo del pasado año -coincidiendo con la denuncia de las doctorandos- trasladaron estos mensajes a la secretaria general de la UAB, “que afirmó que eran hechos gravísimos y que había que adoptar medidas cautelares”. "Pero aquí no ha pasado nada", ha lamentado Mercè Márquez, que ha reprochado a la Universidad que "anteponga un vacío jurídico por delante de la protección de las doctorandos y estudiantes".

Asesoramiento psicológico incompatible

Desde el grupo de apoyo, el profesor Ermengol Gassiot ha reprochado a la UAB que no aceptara que ellos hicieran de intermediarios a la hora de denunciar los hechos y ha asegurado que instaron a las chicas a denunciar los mensajes a título individual, “con la indefensión que esto supone”. Según Gassiot, pidieron que las víctimas tuvieran garantizada su privacidad y que se alejara al profesor por miedo a represalias, pero la UAB “respondió con un 'no' taxativo” y también apuntan a que “les advirtieron que se deberían de enfrentarse a un cara a cara con el profesor durante la investigación”

Los propios acompañantes de las víctimas también han criticado que el asesoramiento psicológico prestado por la UAB "es una cita semanal el miércoles por la mañana, incompatible con el horario laboral", por lo que las afectadas han tenido que recurrir a especialistas privados. Asimismo, el grupo de apoyo recrimina a la universidad "que no haya compensado los daños emocionales y mentales sufridos por el silencio de la UAB". "Es más necesario que nunca hacer un 'Me Too' en la Autònoma", han remachado.