La Síndica de Greuges alerta de que las políticas de atención a la infancia son "insuficientes"

El aumento de la pobreza en Catalunya registrado en los últimos años está teniendo un impacto en el malestar emocional y las oportunidades socioeducativos de la infancia. Y, a juicio de la Sindicatura de Comptes, ello "evidencia que las políticas actuales no dan respuesta suficiente a las necesidades de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad". Es una de las conclusiones del Informe de la actividad de este organismo fiscalizador correspondiente a 2022 que este miércoles ha presentado en el Parlament la síndica, Esther Giménez-Salinas.

 La Sindicatura atendió en 2022 a más 18.068 ciudadanos. El 45% de las quejas estaban relacionadas con derechos sociales

Así, en el periodo 2016-2021, aumentó un 14,9% el riesgo de pobreza en niños y adolescentes, que pasaron de ser 348.600 a 400.400. Aumentaron un 19,6% los expedientes de la DGAIA de menores en situación de riesgo grave y crecieron un 94,3% el numero de menores en posible situación de desamparo. Estas cifras, apunta el informe, se explican en parte por el aumento de la llegada de migrantes no acompañados, que se ha triplicado pasando de 973 a 2948, y por el incremento de las familias usuarias de servicios sociales. Asimismo, en estos años se ha duplicado el porcentaje de riesgo de tener un problema de salud mental: del 5,1% se ha pasado al 9,4%.

El 20,6% de alumnado vulnerable que cursa FP o Bachillerato no recibe ninguna ayuda al estudio 

Y ante este escenario de creciente vulnerabilidad, las políticas públicas no son suficientes, aunque algunas, admite la Sindicatura, han mejorado. El informe recoge, por ejemplo, que el 38,6% de menores en situación de pobreza severa no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital ni de la renta garantizada de ciudadanía. También que pese a la mejora "muy significativa" (18%) en la detección de alumnado con necesidades educativas por razones socioeconómicas, este curso 22-23 solo se ha detectado al 60% de estudiantes en situación de riesgo de pobreza. Esta tasa se sitúa en Catalunya en el 29,3% entre la población infantil de menos de 16 años.

Otro dato que recoge la Sindicatura es que el 20,6% de este alumnado vulnerable que cursa estudios secundarios posobligatorios (FP y Bachillerato) no reciben ninguna ayuda al estudio de carácter general. Abunda en la FP, y subraya que la oferta de FP "no da salida al conjunto de la demanda porque no hay encaje entre la oferta y la demanda". Recuerda que hay 638 alumnos que el pasado septiembre no accedieron a ninguno de los ciclos de grado medio que habían solicitado.

Salud mental

En cuanto a la atención psicopedagógica y de salud mental, el informe señala que el 11,1% de menores de seis años fueron atendidos en los centros CDIAP de atención precoz. Atención que, de media, era de menos de una hora (0,65) a la semana. En el caso de los centros de salud mental (CSMIJ), atendieron al 5,4% de niños y adolescentes, cuando las cifras de prevalencia de problemas de salud mental se sitúan por encima del 10%.

En septiembre había más de 50.000 menores en lista de espera para consultas externas, más de 4.500 pendientes de pruebas diagnósticas y más de 12.000 esperando intervenciones quirúrgicas.

Y a día de hoy hay 57 menores esperando acceder a plazas residenciales para niños y adolescentes con discapacidad, teniendo en cuenta que el total de plazas es de 131.

En positivo, el informe admite que ha habido una mejora de la atención a la infancia. Entre 2016 y 2021, ha aumentado un 12,8% (5.014 más) el número de menores atendidos en los CDIAP y un 17,1% (10.802 más) los atendidos en los CSMIJ. Asimismo, ha crecido un 84% (20.150 más) los menores que reciben la renta garantizada. També han crecido las ayudas a las becas comedor o al estudio.

Más de 18.000 ciudadanos

En líneas generales, el informe que refleja que el año pasado, aún bajo la dirección de Rafael Ribó, la Sindicatura atendió a más 18.068 ciudadanos e inició 23.527 actuaciones entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. La cifra de quejas (unas 10.000) ha vuelto a niveles prepandemia, pero la cifra de consulta sigue creciendo: de las 9.987 de 2018 se ha pasado a las 13.381 de 2022.

En cuanto a los motivos de las quejas, el 45% de las presentadas hacían referencia a vulneración de derechos en el ámbito social. El perfil del ciudadano es, principalmente, el de una persona en situación de exclusión social.

De los más de 14.000 expedientes cerrados, en la mitad se ha detectado alguna actuación irregular o mejorable por parte de la Administración. En estos casos la institución hace recomendaciones que, en el 80% de las más de 4.500 resoluciones se han aceptado totalmente, y en el 19,4% se han aceptado parcialmente.

Por materias, las cuestiones sociales copan las consultas y quejas. Los temas más habituales, las listas de espera sanitaria, los procesos de información sanitarios o la atención personalizada a personas más frágiles. El informe también refleja la "necesidad de modificar algunos aspectos de la renta garantizada" para que llegue a más personas vulnerables.

En el ámbito de vivienda, el Síndic ha registrado un 34% más de quejas, básicamente relacionadas con casos de emergencia residencial. Y en consumo, el informe subraya deficiencias como que la tramitación del bono social "sigue siendo muy compleja" y "sigue dejando fuera a personas que tendrían derecho a ella". Finalmente, en el área de administración pública, el informe ha destacado que la cita previa "no puede ser un requisito imprescindible" para que las administraciones atiendan a las personas.

Visto lo visto, para Giménez-Salinas "resulta imprescindible llegar a los colectivos más vulnerables, y en particular a aquellas personas en riesgo de exclusión social, menores, gente mayor y migrantes".