La mascarilla en el transporte deja de ser obligatoria hoy: ¿dónde se deberá seguir llevando?

Salvo que se pretenda acudir a un centro sanitario, farmacia o residencia, ya no hará falta llevar una mascarilla en el bolsillo (o en el bolso o mochila) para usarla en el transporte público. A partir de este miércoles, dejará de ser obligatorio usar el tapabocas para prevenir el contagio de covid en el metro, tren, autobús o el avión, así como en las ópticas, centros auditivos u ortopédicos. Tal como se había anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto necesario para poner fin a la obligatoriedad en el transporte, que entrará en vigor este miércoles, 8 de febrero, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta forma, España deja de ser el único país de la UE que obliga a usar mascarilla en el transporte. Pero, para seguir protegiendo a las personas vulnerables, el Gobierno mantiene su uso en los centros sanitarios, hospitales, farmacias o botiquines. Asimismo, en las residencias será obligatorio para los visitantes o los trabajadores y los servicios de prevención de las empresas podrán imponerla si se registra algún brote.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado que el fin de la mascarilla en el transporte se trata de un “paso más, pero un paso importante porque significa seguir cumpliendo la hoja de ruta planificada, fase a fase, para volver a la práctica normalidad [que interrumpió la pandemia]”.

Estabilidad

La ministra ha justificado la decisión en que la incidencia de covid sigue “estable” y no ha registrado un pico importante debido a las celebraciones navideñas, al frío o a la apertura de las fronteras Chinas, como se temió en un inicio debido a la explosión de contagios que ha sufrido el gigante asiático al poner fin a la política de ‘covid 0’. Darias ha puesto como ejemplo de la evolución favorable de la pandemia el hecho de que hace un año se registraba una incidencia de 3.418 casos por 100.000 habitantes y ahora es de 50.

El número de contagios, no obstante, ya no es un indicador muy fiable puesto que ahora solo se hace test a las personas mayores de 60 años. Pero la presión hospitalaria indica que el covid ya no pone contra las cuerdas a los hospitales. Según el último balance, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes con covid es de 1,6% (y de 1,7% en UCI), muy lejos de los niveles registrados en las fases más duras de la pandemia.

La recomendación

Aun así, la ministra ha recomendado el uso de mascarilla a personas con síntomas de padecer una enfermedad respiratoria (ya sea covid, gripe o resfriado), a personas vulnerables y en espacios cerrados, eventos multitudinarios y en el entorno familiar si hay personas con mayor predisposición a enfermar por virus.

La medida ha sido avalada por la ponencia de alertas, que reúne a los expertos del Ministerio y las comunidades, y ha sido informado también el Consejo Interterritorial, donde la mayoría de las autonomías, al igual que muchos de los especialistas, apoyan el fin de la obligatoriedad. Sin embargo, aún hay algunas voces críticas. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado que se debería haber esperado “un mes más” a que llegue la primavera y bajen los picos de infecciones respiratorias.

La incoherencia

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Por el contrario, el sector de transportes ha aplaudido una medida que llevan solicitando desde el pasado mes de septiembre. De hecho, muchos epidemiólogos y comunidades comenzaron a postularse en favor de la retirada, dado que, salvo en el autobús o el avión, donde se controla más su utilización, en el metro o el tren muchos usuarios no la usan. Además, durante meses se ha convivido con la incoherencia de que se exija mascarilla en el transporte y no en sitios sin apenas ventilación y multitudinarios como discotecas o conciertos. Sin embargo, la ponencia de alertas decidió esperar a que pasara el invierno y, aunque meteorológicamente no ha terminado, la buena evolución del virus les ha llevado a tomar ahora la decisión.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una medida que estaba pendiente desde 2011 y que el covid ha puesto de manifiesto que es necesaria con el fin de mejorar la gestión, coordinación y preparación ante futuras epidemias.