Catalunya abrirá siete nuevos centros de atención a víctimas de violencia machista

"Es importante para descongestionar este servicio y para mejorar la distribución territorial: nos falla la zona de la Catalunya Central, como Vic, o la zona de la Costa Brava. Debemos mejorar en el tipo de atención y aliviar la fuerte presión asistencial que tienen algunos servicios", anuncia a EL PERIÓDICO la directora general para la erradicación de las violencias machistas, Laia Rosich. Las trabajadoras de estos servicios, que se han empezado a organizar, también piden mejoras laborales.

Hace más de 10 años que la Generalitat cuenta con una red de servicios especializados para la atención a la violencia machista. Se trata de un servicio donde las mujeres pueden acudir sin que tengan que acreditar una denuncia previa. Estos centros se dedican a atender las demandas para que tanto ellas como sus hijos puedan apartarse de la situación de violencia y recuperarse del trauma sufrido, independientemente del recorrido judicial. En 2019 había 8 centros en toda Catalunya. En cuatro años el número de centros se ha duplicado hasta llegar a los 17 actuales. Pero la red sigue tensionada y con listas de espera.

Este 2023, la Conselleria de Feminismes tiene previsto abrir siete nuevos centros. Asimismo, para compensar el aumento de la inflación, la 'conselleria' que dirige Tània Verge ha aumentado un 10% la financiación de estos servicios. "Sabemos que no es suficiente, pero es un primer paso necesario, nunca antes se había tocado la financiación de este recurso", ha subrayado Rosich. También recuerda que en 2022 contrataron una profesional más para cada uno de estos centros, que cuentan con plantillas de menos de 10 empleados.

Plantillas tensionadas

Las trabajadoras de estos servicios, sin embargo, denuncian que estos aumentos son insuficientes. Algunas de ellas se han organizado en una coordinadora que agrupa algunos de los centros existentes. En 2021 enviaron sus demandas a la 'conselleria'. "Solo han hecho una de todo de lo que pedimos: nos falta mucho personal, y estamos en una situación precaria. Somos profesionales muy formadas: con carreras, másteres y posgrados, pero estamos cobrando sueldos que no nos reconocen esta profesionalización, estamos cerca del salario mínimo interprofesional", lamenta Magda Jou, trabajadora de un SIE y miembro de la coordinadora.

Las empleadas también hablan de una situación de 'burn out', que lleva a la fuga de muchas trabajadoras. "Vivimos situaciones muy tensas y que también nos afectan, con una carga de trabajo enorme porque no queremos dejar a ninguna mujer sin ser atendida", añade otra profesional, Liliana Carballo.

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Otra de las demandas de las empleadas es que los servicios dejen de estar subcontratados a entidades sociales y se asuman en la red pública. Algo que la 'conselleria' no prevé. "No tenemos esa capacidad ni nos lo estamos planteando, lo que si queremos es hacer externalizaciones bien hechas para que las trabajadoras estén reconocidas. Tanto esta 'conselleria' como Drets Socials queremos mejorar el convenio que regula estos trabajadores", dice Rosich.

La Dirección General de Erradicación de las Violencias Machistas ha iniciado un proceso para evaluar el correcto funcionamiento de estos servicios. Entre otras cosas, quiere revisar qué funciones deben asumir estos servicios y qué otras recaen sobre los servicios sociales de cada ayuntamiento. Por ejemplo, las viviendas en caso de emergencia para acoger a mujeres que necesitan huir de forma urgente de casa de su agresor ante un elevado riesgo para sus vidas. "Hemos duplicado la aportación a los municipios, llegando a los tres millones de euros, y estamos acompañándolos y asesorando para que, entre pueblos o comarcas, puedan compartir algunos equipamientos", añade Rosich.