Bruselas abre procedimiento de infracción contra España por las emisiones de amoniaco

Además de a España, la Comisión Europea también ha enviado carta a Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, Chipre, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. A todos ellos les urge a respetar los compromisos asumidos en diciembre de 2016 en el marco de la normativa sobre techos nacionales de emisión o directiva TNE. Esta normativa establece compromisos nacionales de reducción de emisiones de varios contaminantes -dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, amoniaco, partículas (polvo fino) y metano- que cada Estado miembro debe alcanzar cada año entre 2020 y 2029, y reducciones más ambiciosas a partir de 2030. 

La normativa obliga a los Veintisiete a establecer programas nacionales de control de la contaminación atmosférica en los que indiquen cómo se cumplirán los compromisos de reducción. Según ha explicado la Comisión en un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha analizado los inventarios nacionales presentados por los Estados miembros en 2022, que tienen en cuenta las emisiones de 2020. Su conclusión es que los catorce países a los que ha anunciado carta de emplazamiento “no han cumplido sus compromisos” en relación con uno o varios de los contaminantes contemplados en la Directiva. 

Agricultura y ganadería industrial

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Además, dado que las medidas establecidas en el programa nacional de control de la contaminación atmosférica de la mayoría de estos Estados miembros no garantizan el cumplimiento del compromiso de reducción de emisiones de uno o varios contaminantes, Bruselas entiende que las medidas "no son suficientes para limitar las emisiones antropogénicas" tal como exige la normativa. El principal problema, según precisan los servicios de medio ambiente de la Comisión se refiere al amoniaco, procedente del sector agrícola y de la ganadería industrial y que es el contaminante en relación al cual la mayoría de estos Estados miembros no cumplen sus obligaciones. Según han confirmado fuentes de la Comisión, se trata también del contaminante por el que han enviado carta a España.

Los países cuestionados por su política contra la contaminación tienen ahora dos meses de plazo para responder a Bruselas y subsanar los problemas identificados. Si la Comisión entiende que el resultado no es satisfactorio, podría sumar una muesca más en el procedimiento sancionador con un ultimátum a las autoridades españolas que de no satisfacer tampoco podría terminar en denuncia ante el Tribunal de Justicia dela UE. La lucha contra la contaminación es una de las grandes prioridades de la política medioambiental europea que a finales de octubre propuso nueva legislación para lograr un aire más limpio para 2030 y contaminación cero para 2050.