La gestión de las residencias

Amnistía Internacional señala a España por la "impunidad" ante las 35.000 muertes en geriátricos durante la pandemia

  • La entidad pide a la Fiscalía General del Estado que reabra todas las causas que fueron archivadas

  • En Catalunya, la oenegé pide "celeridad" a la única comisión parlamentaria que sigue abierta para descubrir lo ocurrido

Operarios  de un servicio funerario se disponen a trasladar los cadaveres de varios ancianos fallecidos por coronavirus en el centro de mayores Vitalia, en la localidad madrileña de Leganés.

Operarios  de un servicio funerario se disponen a trasladar los cadaveres de varios ancianos fallecidos por coronavirus en el centro de mayores Vitalia, en la localidad madrileña de Leganés. / DAVID CASTRO

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

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Han pasado tres años desde que la pandemia del coronavirus destapó las carencias de las residencias geriátricas en España, pero nada parece haber cambiado. Murieron 35.000 personas, y, según Amnistía Internacional, se perpetraron cinco violaciones de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familias y a la muerte digna. "El abandono sufrido por las personas y sus familias y la impunidad siguen presentes de forma generalizada en las instituciones del Estado", repasa la oenegé en un duro comunicado hecho público este miércoles. Denuncia que, tres años después, todavía no hay mecanismos para conocer la verdad de lo ocurrido en las residencias y advierte de que a día de hoy los elevados índices de mortalidad que se produjeron podrían volver a repetirse.

"Las instituciones del Estado no han hecho los deberes para modificar esta situación ni restituir a las víctimas los derechos que les han sido arrebatados", se queja Esteban Beltrán, director de Amnistía en España. "Las autoridades han incumplido la obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos de las personas que vivían en las residencias", dice el comunicado. Además la oenegé asegura que no se ha hecho nada para asegurar que las víctimas y sus familiares accedieran a la justicia de forma efectiva, incumpliendo así el derecho internacional.

En primer lugar, Amnistía arremete contra la Fiscalía General del Estado, a la que tacha de "opaca". Denuncia que "no hay datos" de las diligencias que se abrieron ni cómo actuaron en cada caso. Solo hay datos escasos, expone, de algunas fiscalías, como en Madrid, donde el 86% de los casos se archivaron. "Es una barrera para analizar los hechos y evaluar si hay que reexaminar algunos casos con una investigación insuficiente", se queja la entidad. De hecho, Amnistía pide que se reabran todas las causas, para que se vuelvan a examinar y valorar si se investigó suficiente, contando con los testimonios de los familiares.

Gobiernos, "de perfil"

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"Las autoridades pretenden pasar página, sin tener en cuenta que la memoria, la justicia y la reparación son imprescindibles", se queja Beltrán. El texto señala que los políticos y los gobiernos, independientemente de su color, se han "puesto de perfil" ante este tema. El Parlament de Catalunya es la única institución que mantiene un grupo de trabajo sobre la cuestión, al que le piden más "celeridad". Aunque consideran "decebedor" que no se haya hecho una comisión de investigación.

También señalan al Defensor del Pueblo. "A pesar de la extrema gravedad de lo que pasó en las residencias, no ha tenido un papel activo investigando el tema", se queja la organización, que le pidió un estudio monográfico sobre la cuestión. A su vez, arremeten contra el Consejo General del Poder Judicial por falta de información y transparencia. No ha hecho seguimiento ni documentado los casos, dicen, algo que también contradice las normas internacionales.