Rechazo frontal al plan antiabortista de Castilla y León, que podría ser ilegal

Gobierno, médicos, organizaciones feministas y las clínicas concertadas para realizar abortos rechazan frontalmente la pretensión de Vox en Castilla y León de "coartar" el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos a través de un nuevo protocolo mediante el cual se obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que afrontan la difícil decisión la posibilidad de escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D del no nacido.

De llevarse a cabo tal como ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), se "incumpliría" la ley del aborto, que permite la libre decisión de la mujer hasta la semana 14 de gestación sin ningún tipo de "coacción", según avisa Francisca García, la presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Aborto (ACAI) que realiza la mayoría de las intervenciones en España. "Su objetivo no es reducir el aborto, sino estigmatizar a las mujeres y la prestación", concluye.

"Algunos cambios"

El Gobierno no ha ido tan lejos de considerar que la medida, hoy por hoy, sea ilegal porque aún no se conocen los detalles del protocolo. La Consejería de Sanidad, en manos del PP, primero se desmarcó del vicepresidente pero hoy a mediodía ha admitido "algunos cambios" en los procedimientos después de que Gallardo anunciara el día anterior que se ofrecerá a las mujeres que se propongan abortar la posibilidad de escuchar el "latido fetal" y atención psicológica. Así, ante el anuncio de Vox, varios departamentos del Ejecutivo central han advertido de que "defenderán los derechos de las mujeres y no se permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva", en palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Vulneración del derecho

A su vez, fuentes del Ministerio de Igualdad han señalado que "las medidas propuestas podrían constituir una vulneración del derecho, ya que coartan la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz". "Las propuestas de VOX pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse lejos de sus residencias para ejercer un derecho", añaden desde el ministerio de Irene Montero.

La reforma de la ley

Igualdad interpreta el anuncio de Vox como una "reacción machista" a la reforma del aborto, que está en fase de aprobación en el Senado y profundiza en el derecho al permitir a las mujeres de 16 y 17 años de interrumpir el embarazo sin permiso paterno. Asimismo, elimina los tres días de reflexión antes de la intervención y busca que la sanidad pública asuma la mayoría de las interrupciones, a través de una nueva regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

La ministra de Igualdad ha manifestado su oposición a través de Twitter, incidiendo en la alianza entre PP y Vox:

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que la intención de Vox es un "ataque intolerable" contra las libertades con el fin de "intimidar a las mujeres para que no ejerzan su derecho", mientras que el PSOE en Castilla y León ha anunciado que, desde la oposición, "combatirá la respuesta reaccionaria impulsada por PP y Vox".

Sin embargo, el PP también se ha distanciado de la medida. El portavoz del Comité de Campaña, Borja Sémper, ha asegurado que su partido no esta de acuerdo con la propuesta y ha advertido de que no están dispuestos "a tragar con cualquier cosa". Y fuentes de la dirección han señalado: “No respaldamos lo que ha propuesto Vox. Nuestra posición es clara y rotunda, como ha dicho Sémper. Ni la compartimos ni se va a llevar a cabo”. Sin embargo, Ayuso no ha marcado tantas distancias y ha anunciado pondrá en marcha un teléfono para embarazadas "a favor de la vida".

Médicos y feministas

Desde el ámbito médico, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha criticado que se pretenda "someter a las mujeres a una intolerable presión y a una humillación" con una medida que además de vulnerar la ley del aborto podría incumplir también la ley de autonomía del paciente y el derecho a la intimidad. "El sistema sanitario no está para servir como mecanismo de represión ideológica", ha manifestado el colectivo, además de avisar que "no tienen ninguna lógica sobre cargar a la Atención Primaria con una actividad más", como podría ser ofertar a las mujeres escuchar el latido fetal y una ecografía 4D. Asimismo, según Vox, se ofrecerá a las que quieran abortar atención psicosocial.

A su vez, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, señala que la medida responde a la visión "ultraconservadora" de considerar a las mujeres "menores de edad" y apuesta por el "hostigamiento" con el fin de no respetar su decisión. "Ahora que se ha aprobado la ley que penaliza el acoso a las mujeres a las puertas de las clínicas [concertadas para realizar abortos], se quiere trasladar el acoso al interior del sistema sanitario", lamenta. Y añade que en un territorio donde se defiende tanto la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, "sorprende que se les imponga medidas" que "no se ajustan a la legislación".