Catalunya adopta 312 medidas para facilitar la adaptación al cambio climático

El Govern aprobará previsiblemente este próximo martes en Consell Executiu la nueva estrategia de Catalunya para adaptarse al cambio climático; un plan con vistas a 2030 que incluye un total de 312 medidas que presenta diversas novedades respecto al plan vigente hasta ahora, el ESCACC20. En primer lugar, el nuevo ESCACC30 deberá quedar integrado en todos los departamentos de la Generalitat, y, por tanto, sus medidas quedarán recogidas en la planificación y programación de las 'conselleries'. Además, por primera vez, se incorporan dos aspectos transversales que no preveía el anterior plan: la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad territorial. El objetivo es que estos dos puntos sean tenidos en cuenta a la hora de priorizar el despliegue de las medidas. El Govern considera que el cambio climático afecta de manera diferente a los ciudadanos según dónde viven y sus condiciones sociales y que eso, por tanto, es un factor que se debe tener en cuenta.

La hoja de ruta, que cumple con la ley catalana de cambio climático que entró en vigor en 2017, la ha presentado este viernes la 'consellera' d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, junto al Pont del Petroli de Badalona, una estructura emblemática de la ciudad que quedó dañada por el temporal 'Gloria', en enero de 2020, uno de los fenómenos meteorológicos extremos que, según alertan los expertos, van a ser cada más frecuentes.

Las 312 medidas están dirigidas a proteger sistemas naturales (76), ámbitos socioeconómicos (187) y los territorios (49). Por sistemas naturales, se entienden biodiversidad, agua, bosques y silvicultura, ecosistemas y pesca. A los ámbitos socioeconómicos que actualmente incluía el ESCACC20 (agricultura y ganadería, energía, industria, servicios y comercio, infraestructuras de movilidad, investigación y formación, salud, turismo, urbanismo y vivienda), se añaden el sector de los seguros y el financiero, los riesgos naturales y la protección civil. Y el concepto de territorio incluye el impacto del clima en la montaña, el litoral y el interior de Catalunya.

Entre esas medidas, figuran, por ejemplo, la elaboración de una cartografía de riesgo del litoral, que identificará edificios o empresas que pueden quedar afectados por el aumento del nivel del mar. O, en el ámbito de los seguros, se abordará la posibilidad de crear un seguro público para hacer frente a las pérdidas que en el campo ocasionan temporales, granizadas u otros fenómenos extremos, según ha detallado la directora general de la 'conselleria', Mireia Boya, que también se ha aludido a la necesidad de crear planes de protección civil específicos ante fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, para colectivos vulnerables.

"No podemos esperar"

"Es nuestra responsabilidad como Administración pública prever los efectos que la emergencia climática ya tiene y tendrá en el día a día de los ciudadanos y de las empresas", ha subrayado Jordà. "Por eso hemos de poner a disposición de todo el mundo las herramientas para paliar los posibles efectos negativos que les puedan afectar", ha añadido la 'consellera', que ha asegurado que estas medidas han de estar disponibles "ahora, no mañana". "La clave está en avanzarnos. No podemos esperar que los efectos irreversibles lleguen para empezar a a actuar", ha remachado.

Jordà ha asegurado que "a partir de ahora, las políticas de desarrollo social, económico y territorial que se impulsarán en Catalunya estarán siempre supeditadas a la conservación de los sistemas naturales". "Seguiremos haciendo nuevas infraestructuras de país para impulsar el crecimiento económico, pero a partir de ahora tendremos que ser capaces de hacerlo de una manera diferente", ha añadido. Con este objetivo, las políticas públicas de adaptación al cambio climático deberán prever, necesariamente, la simbiosis entre conurbaciones de la costa con el interior de Catalunya que suministra a los primeros agua, energía, alimentos, ocio, cultura y demás servicios.

La ejecución de buena parte de este plan se llevará a cabo con capital del Fondo Climático, contemplado en la ley catalana. Recientemente se han anunciado 80 millones de euros de ayudas para que los municipios combatan el cambio climático, o 15 en subvenciones a empresas en cooperación con ACCIÓ.