El Estado se moviliza ante el repunte de feminicidios

Once mujeres asesinadas en diciembre y otras tres en un solo domingo de enero. El repunte de crímenes machistas a finales de 2022 y comienzos del nuevo año ha conmocionado a la sociedad española y ha llevado a las más altas instituciones del Estado a movilizarse con el objetivo de mejorar la protección a las víctimas de la violencia de género.

La gravedad de los hechos ha generado un movimiento de indignación y desconcierto que ha obligado a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos policiales y al Ministerio de Interior a preguntarse qué ha fallado, qué se podía haber hecho mejor y, sobre todo, cómo evitar que vuelva a haber esta terrible concentración de crímenes.

Diciembre de 2022, al igual que diciembre de 2008, tiene el espantoso récord de ser el peor mes por violencia de género letal, con 11 feminicidios, el dato más alto de la serie histórica que comenzó a elaborarse en 2003. Desde ese año, 1.185 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que hay que estar "absolutamente alerta para detectar" en cada caso mortal tanto los fallos como las posibilidades de mejora que se detecten.

Proactividad frente a las escasa protección penal

El ministerio fiscal ha hecho una llamada al orden para intensificar las actuaciones de protección a las víctimas ante la "escasa protección penal" que se dispensa a las mujeres durante la tramitación de los procedimientos judiciales.

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha enviado un escrito a sus colegas fiscales para que sean proactivos a la hora de solicitar medidas de protección, aun cuando las víctimas no las soliciten, así como pedir la implantación de pulseras de control telemático a los agresores cuando el riesgo sea extremo, alto o medio de especial relevancia.

En su escrito, precisa que en el 50% de los feminicidios del mes diciembre existían denuncias previas contra los presuntos agresores y sólo en dos casos acordaron medidas de protección, que quedaron sin efecto en pocos meses.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial relativos al tercer trimestre del año -los últimos publicados-, sólo se solicitaron órdenes de protección para las víctimas en un 20% de los casos, y se acordaron finalmente en el 13,9% de los supuestos.

"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", subraya Peramato.

Interior traza un mapa de amenazas

Para el Ministerio del Interior, la concentración de feminicidios de diciembre constituye un "desastre" y por eso Fernando Grande-Marlaska se ha reunido durante dos días con responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra para escrutar la actuación policial en los 49 feminicidios de 2022.

"Hemos tenido unos 'inputs' absolutamente negativos en el mes de diciembre", reconoce Interior, que atribuye esta concentración a una "acumulación azarosa en la estadística".

Los cuerpos policiales no han puesto encima de la mesa ni falta de recursos humanos para luchar contra la violencia machista ni errores policiales en esta reunión (a pesar de que en 21 de 49 asesinatos constaban denuncias por maltrato, si bien aclaran que no todos esos casos estaban activos en VioGén ni las denuncias tenían asociadas medidas de protección dictadas por la justicia), pero sí se han conminado a adoptar medidas encaminadas a una mayor "excelencia en el trabajo policial". 

Una de las decisiones adoptadas es que la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra se reunirán todos los meses para analizar los feminicidios.

Otra, que los y las agentes deben centrar más su trabajo en los agresores, no sólo en las víctimas. Por ejemplo, reevaluar los factores de peligrosidad de los maltratadores y profundizar en las actuaciones que se llevan a cabo con los "persistentes", aquellos que maltratan a varias víctimas a lo largo de su vida y que suponen un gran riesgo para las mujeres. "Son unos pocos -el 20 %- los que ocasionan la mayor cantidad de violencia en términos cuantitativos y cualitativos".

Interior ha acordado que las policías solicitarán siempre a las autoridades judiciales y fiscales la imposición de pulseras de control telemático para los casos de especial relevancia o potencialmente letales y que se revisarán los criterios que llevan a inactivar un caso en VioGén, esto es, que deje de tener seguimiento policial.

El departamento de Grande-Marlaska defiende la solidez y eficacia del sistema VioGén para predecir el riesgo de reincidencia de un maltratador, así como de que pueda llegar al asesinato. Reconocen que es "susceptible de mejora", pero a la vez aseguran que está en constante "evolución y evaluación". Más de 43.000 mujeres víctimas tienen algún tipo de protección policial gracias a este sistema.

Coordinación y reuniones

En este contexto de análisis y mejora de las políticas públicas contra las violencias machistas, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su deseo de celebrar "cuanto antes" una reunión con el Ministerio del Interior, cuyos cuerpos policiales considera que deben ser dotados con más medios, a diferencia de lo expresado por el departamento de Grande-Marlaska.

Montero ha insistido en que todas las instituciones trabajan de la mano, en "absoluta unidad" y están centradas en el mismo objetivo: "Ser capaces de hacer cada vez más fuerte y robusta la malla de protección que las mujeres tienen para hacer frente a la violencia".

También el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano presidido por el CGPJ y encargado de abordar el tratamiento de la violencia machista en la administración de justicia, ha adelantado al 23 de enero la reunión en la que va a analizar la situación generada tras los últimos feminicidios.

En un primer momento, se iba a reunir en febrero, pero su presidenta, la magistrada Ángeles Carmona, ha anticipado la fecha con el objetivo de que las instituciones que integran el Observatorio puedan aportar propuestas para mejorar la coordinación entre ellas y aumentar la protección a las mujeres maltratadas. Forman parte de este órgano los ministerios de Justicia, Interior, Igualdad, la el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

Justo este miércoles, trascendía que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, había solicitado a Carmona que convocara de forma urgente el Observatorio "a fin de trasladar a las víctimas y a la sociedad una respuesta unánime y conjunta de todas las instituciones". Asimismo, ha pedido reunirse con Carmona "a la mayor brevedad posible" para abordar de forma conjunta la respuesta de la administración judicial ante esta "grave vulneración de los derechos humanos" y analizar actuaciones para mejorar la protección y atención a las víctimas.

Y en la esfera del poder legislativo, el próximo martes se reúne en el Congreso de los Diputados la subcomisión que tiene encomendada la actualización de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, el grupo parlamentario popular ha solicitado las comparecencias de Irene Montero y de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para que informen de la elevada cifra de asesinatos machistas perpetrados en las últimas semanas.

Dada la situación de alerta, desde el movimiento asociativo feminista distintas entidades especializadas en la atención a las víctimas de maltrato han denunciado que las instituciones no están contando con ellas para analizar este repunte y detectar posibles errores y déficits del sistema.

Estas entidades hacen hincapié en que se debe revisar el sistema de evaluación del riesgo de las víctimas (con la actualización constante de VioGén, la dotación de las unidades forenses en todos los partidos policiales, la formación de los agentes implicados y el refuerzo de las plantillas judiciales), reformar la coordinación judicial y policial, reforzar el acompañamiento y asesoramiento de las víctimas y trabajar más en la prevención de la violencia desde edades tempranas.