Un juez investiga al colegio Pare Manyanet por castigar al informático que desenmascaró a un cura pedófilo

El caso del informático de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) castigado por la dirección tras desenmascarar a un sacerdote pedófilo ha dado un vuelco. La lupa judicial finalmente se posa sobre quienes reprendieron duramente al trabajador que, tal como destapó EL PERIÓDICO, fue repudiado, sancionado y despedido por avisar a los Mossos d’Esquadra tras hallar accidentalmente 39 gigas de imágenes de violaciones de menores en el ordenador de un exprofesor todavía en contacto con alumnos.

Según una resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario, la Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue a Josep Maria T., director del colegio Jesús, Maria i Josep del distrito barcelonés, y a Antonio R., abogado de la congregación Pare Manyanet a la cual pertenece este centro concertado por la Generalitat. Ambos están citados el próximo 16 de enero en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona como "investigados" por un delito "contra la administración de justicia". 

La resolución judicial, que estima un recurso presentado por la abogada Paula Narbona que representa al informático, ordena que se esclarezca si el director y el abogado acosaron al empleado y si perpetraron con las supuestas coacciones y amenazas vertidas sobre el mismo un delito de obstrucción a la justicia o de encubrimiento, ha explicado la letrada. "Ahora deberá investigarse y ver qué delitos pudieron cometerse", aclara Narbona, del despacho de Carla Vall. 

El colegio ha mostrado la "disposición total de los responsables de la escuela a colaborar con la justicia" y ha confirmado que tanto el director como el abogado acudirán a declarar. El centro insiste en su versión de que "nunca castigó, ni sancionó al técnico informático. Nunca se acosó al trabajador, ni se le coaccionó ni se le amenazó y ni mucho menos se hizo nada para encubrir delitos".

Vuelco a una situación injusta

El informático, en lugar de ser reconocido por la institución tras hallar pornografía infantil en el ordenador del sacerdote –un gesto que permitió apartar a un pedófilo de 63 años que como rector de la parroquia de la comunidad seguía en contacto con menores–, fue expedientado, amenazado con una querella criminal, apartado de la escuela, forzado a teletrabajar y, finalmente, despedido.

Tras publicar este diario su caso, el colegio dio marcha atrás y cerró el expediente sancionador y no presentó ninguna querella. La noticia indignó al Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) y al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), pero no alteró a la Conselleria d’Educació, responsable última de un centro concertado.  

A través de un portavoz, Educació aseguró a este diario poco después de la noticia que investigaría los hechos, pero no lo hizo. Y transcurridos dos años, ni siquiera ha contactado telefónicamente con el informático para interesarse por el estado de un empleado castigado por tomar una decisión que protegió la integridad de los alumnos. Educació también había dicho que se pondría en contacto con él. "Si no lo han hecho durante este tiempo es porque no quieren saber qué pasó", lamenta el informático, en declaraciones a este diario. 

"Todo esto me afectó mucho. Destruyó mi autoestima e incluso tuve pensamientos intrusivos de suicidio. Ahora estoy mucho mejor", explica el afectado, tras casi dos años de terapia necesarios para sobrevivir a una situación que le provocó graves secuelas psicológicas. "Ahora parece que las cosas empiezan a volver a su cauce", celebra, tras conocer que la justicia investiga al director y al abogado de la congregación. 

Los hechos

En abril de 2021, el informático se reincorporó tras las vacaciones de Semana Santa a su puesto de trabajo en el colegio, semanas después de que la agencia EFE informara de la detención del sacerdote Joaquim C. por tenencia de pornografía infantil. El director Josep Maria T. lo llamó a su despacho en cuanto llegó al centro. En esta conversación, según el informático, el director Josep Maria T. le recriminó haber dañado "gravemente" a la escuela con su aviso a los Mossos, le culpó de que la noticia provocara un descenso de las inscripciones escolares y de que ello conllevara que algunos profesores perdieran su trabajo. También le acusó de haber incumplido la cláusula de confidencialidad al haber contactado con la policía. Josep Maria T. finalizó la reunión subrayándole que el abogado de la congregación, Antonio R., le había abierto un expediente informativo.

El expediente, redactado por el abogado Antonio. R., calificaba los hechos protagonizados por el informático como "un atentado contra los derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen del padre Joaquim C. de manera injusta e injustificada" y añadía que la actuación del técnico podría ser constitutiva del "delito de revelación de secretos tipificada en los artículos 197 y 199 del Código Penal”. El abogado, en el escrito, dejaba en manos de la dirección del centro las medidas cautelares que debían aplicarse al informático para impedir que perjudicara "a los miembros de la comunidad educativa" o volviera "a cometer hechos que podrían ser constitutivos de infracción".

Por último, el informe anunciaba que se valoraría incluso si procedía interponer una querella contra el trabajador. El director le remarcó que, sin regresar a su despacho, tenía marcharse a casa porque a partir de ese momento trabajaría a distancia. A los pocos días, el informático, víctima de un ataque de ansiedad, cogió la baja médica. A los cinco meses, aceptó un despido procedente y no ha vuelto a tener contacto con el colegio, al que acabó denunciando. Josep Maria T. y Antonio R. serán finalmente investigados por estos hechos.

El cura pedófilo, a un paso del juicio

Paralelamente al castigo al informático, y gracias a su aviso, los Mossos arrancaron una investigación contra el cura Joaquim C.. Lo arrestaron y analizaron tanto el contenido del ordenador personal como el de su teléfono móvil. Un portavoz de la escuela dejó caer tras la detención que las imágenes de pornografía infantil –1.000 fotografías y 400 vídeos localizados en el disco duro del ordenador– no tenían por qué haber sido introducidas en el ordenador por el cura, dueño del portátil, sino por una tercera persona. Y deslizó incluso que podía haber sido el propio informático quien hubiera metido ahí el contenido de pornografía infantil sin conocimiento del sacerdote. Pero tales acusaciones se demostraron absurdas cuando los Mossos hallaron también 152 archivos de pornografía infantil en el teléfono móvil del cura Joaquim C.

El sacerdote Joaquim C. había dado clases de Religión tanto en el Pare Manyanet de Sant Andreu como en el de Les Corts. Actualmente era el rector de la parroquia que se encuentra dentro del recinto de la primera escuela, donde además residía. La instrucción de esta causa contra el sacerdote, de 65 años, está cerrada y pendiente de juicio.

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