"Si prohibieran la especulación y defendieran el derecho a la vivienda no habría mafias"

Tanto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como desde el Sindicat de Llogateres tienen muy claro el mapa de la crisis habitacional en Barcelona y en España. Pese a que, como sus nombres indican, los primeros nacieron para arropar y hacer justicia con las víctimas que la crisis hipotecaria desencadenada en el 2008 se llevó por delante y los segundos para evitar que la burbuja del alquiler vaciara sus ciudades, las dos plataformas, que trabajan de forma coordinada en mil historias junto al resto del movimiento por la vivienda tanto catalán como español, tienen claro por qué tantas familias tienen en la ocupación la única forma de acceso a la vivienda posible (según un informe de la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, el 40% de los 443 procesos de desahucio en los que actuaron entre septiembre y octubre eran familias vulnerables ocupando). "En cualquier otro país de la Unión Europea estas familias estarían viviendo en un piso público. Las familias ocupan porque se ven obligadas, si tuvieran alternativas no lo harían. Criminalizar la ocupación es criminalizar a los más vulnerables; a las personas a las que el sistema tendría que proteger y, no solo no se las protege, sino que se las señala y culpabiliza", sentencia Santi Mas de Xaxàs, uno de los portavoces de la PAH Barcelona. 

El 40% de los desahucios en los que media el ayuntamiento son de familias sin recursos que viven en pisos ocupados, casi siempre de bancos

"En vez de preguntarnos por qué esa familia se ha tenido que ver en esa situación o investigar quién le ha vendido una llave, miramos a las familias. Es inmoral señalar a las víctimas de las mafias, en vez de a las mafias", prosigue el portavoz de la PAH. 

Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona, se pronuncia en la misma línea que Mas de Xaxàs. "La inmensa mayoría de las personas que ocupan viven en una situación precaria, a menudo trabajando y con un sueldo, pero discriminadas por el mercado. Si algo demuestra que lo último que quieren es ocupar, y toda la inseguridad que esto conlleva para ellas y sus hijos, es que son las primeras en mostrar voluntad de acuerdo cuando se ofrece un alquiler social", indica contundente Palomera. El empeño de los movimientos por la vivienda es siempre intentar que los bancos ofrezcan alquileres sociales a las personas vulnerables que ocupan estas viviendas. Es decir, regularizar su situación y que pasen de ocupar a alquilar.

A ojos del portavoz del Sindicat de Llogateres, el origen del problema es la especulación inmobiliaria. "La manera de acabar con la ocupación sin demagogia es dar un giro radical en las políticas de vivienda: regular el precio de los alquileres, recuperar los miles de viviendas desviadas al mercado turístico, combatir la discriminación de las minorías en el acceso a la vivienda y aumentar exponencialmente el parque de vivienda protegida", destaca.

"Las pequeñas mafias que causan problemas se quedarían sin negocio si se hicieran políticas de defensa radical del derecho a la vivienda"

Jaime Palomera

— Sindicat de Llogateres de Barcelona

"Las pequeñas mafias que causan problemas de convivencia se quedarían sin negocio si se prohibiese la especulación y se hicieran políticas de defensa radical del derecho a la vivienda", añade convencido este investigador de la vivienda de la UAB, quien apunta también que "todos los estudios demuestran que las viviendas ocupadas son principalmente pisos que bancos y fondos buitre mantienen vacíos con fines especulativos". "Dejar sin negocio a las pequeñas mafias implica, primero, limitar también el negocio de las mafias de guante blanco; las que se esconden detrás de los fondos buitre y que desvían millones de euros ilícitos al negocio de la especulación", prosigue.

"No hay que negar que algunas de las ocupaciones se dan en viviendas vacías de particulares, pero se trata de una realidad minoritaria, y en 2018 ya se modificó la ley de desahucio exprés para permitir el desalojo en un mes (o, como máximo, cinco meses). Por otra parte, no se puede confundir a la población como lo han hecho algunos medios y empresas de seguridad: es totalmente falso que si entran en tu casa cuando vas a buscar el pan ya no podrás volver a entrar, o que se puede ocupar segundas residencias con total impunidad. Esto, que es extrañísimo, constituye allanamiento de morada: está castigado con penas de prisión de hasta dos años, y comporta el desalojo en 24 horas y la detención de los ocupantes", concluye.

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