Más del 80% de las ciudades catalanas no tendrán lista la zona de bajas emisiones el 1 de enero

En apenas cuatro días, 23 municipios catalanes deberían tener implementada una zona de bajas emisiones (ZBE), de manera que los coches más contaminantes, los que no disponen de etiqueta ambiental de la DGT, no puedan entrar en los cascos urbanos. Eso es, al menos, lo que reclama la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y concreta el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero lo cierto es que el 1 de enero de 2023, tan solo cuatro de estas ciudades tendrán en marcha el paraguas ambiental. Son Sant Cugat y las urbes que desde 2020 forman parte de la ZBE del entorno de Barcelona, donde se incluye, además de la capital catalana, L'Hospitalet y Cornellà (y también Esplugues y Sant Adrià de Besòs, pero estas quedan fuera del ámbito de la ley al tener menos de 50.000 habitantes). Las otras 19 de la lista de 23 están en ello, con ritmos muy dispares de ejecución y sin que ninguna lo tenga todo a punto para el domingo. Vaya por delante un 'spoiler': uno de los consistorios consultados ni sabía de la existencia del decreto.

La norma, por muy estatal que sea, tiene que pasar primero por el filtro municipal. Las ciudades deben adaptar las ZBE en sus ordenanzas y es en ese trámite donde pueden establecer moratorias y exenciones como las que introdujo Barcelona para furgonetas, vehículos de servicio y transporte público. El retraso generalizado se explica, además, por la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en marzo anuló la ZBE de Barcelona, que sigue vigente porque el ayuntamiento presentó un recurso. Se supone que la nueva ley estatal blinda a las futuras zonas de bajas emisiones, pero aquel fallo hizo que muchos consistorios congelaran su propio proyecto.

Elecciones a la vista

Tarragona, por ejemplo, se plantea empezar a realizar cambios, pero en ningún caso sancionará de entrada y el cambio de coche será, por ahora, voluntario. La idea es que todo esté desplegado -cámaras y marco sancionador incluido- a partir de 2025, aunque el año que viene ya se prevén restricciones en el núcleo histórico. Según cálculos municipales, el 34% de los vehículos matriculados en Tarragona no disponen de distintivo de la DGT, y en plena crisis energética, y a las puertas de unas elecciones locales, mancillar los hábitos vinculados a la movilidad, los que sean, es un riesgo que no muchos alcaldes están dispuestos a asumir. Puede gustar que un alcalde luche contra la crisis climática. Pero puede que moleste un poco cuando afecta a la economía doméstica.

Las otras capitales de provincia también tienen los deberes a medias. Girona presentó en abril su ZBE, limitada al Barri Vell, la Devesa-Güell y las zonas norte del Sant Narcís y Eixample. La alcaldesa Marta Marenas concretó en agosto que el control se haría con cámaras y avanzó que las restricciones serían "blandas". "Nuestra calidad del aire es buena, así que podemos empezar de manera tranquila, sin necesidad de imponer multas brutales", explicó. Aportó, además, un argumento que se repite en muchos otros municipios, el de la conveniencia de la medida en un entorno tan dependiente de según qué sectores: "Un 15% de nuestro PIB proviene del comercio y la hostelería, y hay mucha gente que viene de fuera. Según cómo, estaríamos afectando a la economía directamente, y no lo queremos hacer". ¿Fecha de implantación? no la hay, por ahora.

Todo sigue igual

En Lleida saben que llegarán tarde. El propio gobierno municipal admitía en septiembre que la cosa no estará en marcha el domingo, entre otras cosas, porque queda mucho por desarrollar y están pendientes de ayudas solicitadas a Europa. "A partir de enero la vida seguirá exactamente igual", concretó el primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Toni Postius. En la propia web municipal se informa de que el proyecto, que incluye cámaras en 10 puntos de la ciudad, estará a punto en 2024.

Sabadell tiene claro que empezará a regular el centro, pero hay más dudas sobre el calendario. De hecho, no hay por ahora fecha concreta para comenzar con las restricciones. En cuanto a la regulación, la idea es seguir las directrices que se marquen dentro de la Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, ente constituido en octubre de 2021 en el que también están integradas ciudades con ZBE a la vista: Mataró, Granollers, Mollet, Rubí, Terrassa y Vilanova i la Geltrú. Según señalan fuentes de esta entidad supramunicipal, se reclamó una moratoria del decreto para que hubiera tiempo hasta 2025. Sin suerte. Vilanova, por ejemplo, aprobó en el pleno del pasado 19 de diciembre seguir la propuesta que marque la asociación. Terrassa hizo lo mismo en el plenario celebrado el 22 de diciembre, en el que se daba cuenta del decreto municipal relativo al "establecimiento de la zona de bajas emisiones en 2023", sin concretar.

Tampoco la Generalitat les ha sido de gran ayuda. Fuentes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural señalan que, al tratarse de una normativa estatal, el Govern "no está realizando un seguimiento sobre el despliegue de estas zonas de bajas emisiones". Las que sí se controlarán son las pactadas en la cumbre catalana del clima celebrada el pasado marzo, en la que la Generalitat anunció que en 2025, todos los municipios de más de 20.000 habitantes (un total de 67) tendrían una ZBE.

Vamos con más ejemplos. Mataró tiene agendadas una serie de acciones urbanísticas previas a la instalación de la zona de bajas emisiones. Se trata de mejoras de la movilidad en determinados ámbitos, como el polígono industrial y de ocio del Pla d'en Boet, la reurbanización del Camí Ral, la creación de caminos escolares o una nueva rotonda en la N-2. Esta última actuación termina en octubre de 2023, o esa es la previsión, así que parece que la capital del Maresme lo tiene complicado para tener algo concreto a lo largo del año que viene. Lo que sí está claro es que, al igual que Sabadell, se empezará por el centro histórico, una constante que se repite en todas las metrópolis del arco metropolitano.

Sanción de 200 euros

En Badalona sí hay algo más de concreción. El pleno de noviembre aprobó la nueva ordenanza para cumplir con la ley (restricciones de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas), pero no está previsto que la ZBE esté a pleno rendimiento, como mínimo, hasta el 1 de enero de 2024, cuando se empezarán a imponer sanciones de 200 euros, con un recargo del 30% para reincidentes. A partir del 1 de julio de ese año también serán multadas las furgonetas, los camiones y los autobuses. El control de vehículos se realizará automáticamente mediante un sistema de lectura de matrícula, pendientes de instalar, con cámaras fijas distribuidas por las zonas colindantes y la entrada a la B-20.

Castelldefels también tiene parte del trabajo hecho. La zona ya está delimitada (barrio del Centro, gran parte de la Muntanyeta y una parte de El Castell-Poble Vell) y el propio ayuntamiento ha informado de que todo debería estar listo, porque ya están licitados los concursos públicos para hacerlo posible, el 31 de diciembre de 2023, como muy tarde. Castelldefels, junto a El Prat de Llobregat, ha solicitado fondos europeos para desarrollar las ZBE, una muestra más de hasta qué punto las cosas están preparadas de cara al 1 de enero.

Barcelona, L'Hospitalet, Sant Cugat y Cornellà. Los otros 19 municipios catalanes con más de 50.000 habitantes (el 82,6%) que deberían tener la ZBE lista dentro de cuatro días siguen batallando para adecuar sus barrios, limitar las zonas, establecer exenciones, marcar sanciones, pedir financiación, crear alternativas de transporte público, instalar aparcamientos disuasivos... Añadan a los citados hasta ahora los municipios de Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Sant Boi, Manresa y Viladecans. Por suerte para ellos, la ley estatal no impone sanciones en caso de incumplimiento. Por desgracia para ellos, la crisis climática no tiene pinta de remitir.

Suscríbete para seguir leyendo