Los movimientos sociales, ante el límite al alquiler de Sánchez: "Si no hay ley de vivienda, será un parche"

Las entidades en favor del derecho a la vivienda ven con cierto optimismo el nuevo escudo social para frenar los efectos de la inflación que ha presentado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se aplicará a partir de 2023. Especialmente la suspensión para evitar subidas del alquiler en las renovaciones para los próximos seis meses. "Es una primera victoria, el Gobierno admite que hay que regular los precios del alquiler, pero necesitamos que estas medidas se queden para siempre", explica Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Los movimientos sociales reclaman, desde hace meses, una ley estatal de vivienda que proteja de las alzas de los precios de mercado y evite desahucios de las familias vulnerables, y que aún no ha sido aprobada.

"Desde la pandemia, llevamos dos años de parche tras parche. No podemos decir que sea una mala noticia, pero necesitamos salir de la temporalidad y que las medidas de protección del derecho de la vivienda sean permanentes", insiste también Diana Virgós, portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Virgós señala que, a pesar de la moratoria de los desahucios, existente desde inicios de la pandemia, los jueces han ordenado 70.000 desahucios en toda España, muchas de familias vulnerables. Este martes el Gobierno ha extendido la moratoria de los desahucios seis meses más por motivo de la inflación. "Hay familias que viven con angustia el no saber si pasado ese tiempo los desalojos durante dos años", explica Virgós.

Por su parte, el Sindicat de Llogateres se congratula de haber conseguido presionar al Gobierno para que sea obligatorio prorrogar los contratos de alquiler seis meses al mismo precio, en el caso de que al finalizar el contrato arrendador y inquilino no se pongan de acuerdo. También celebran que se prorrogue la limitación de las actualizaciones del alquiler al 2% para los contratos vigentes. Y que estas medidas no solo afectan a los grandes tenedores de viviendas, sino a todos los propietarios. "Era inaudito que no se tomara ninguna medida para contener la inflación en los gastos de la vivienda, con una incremento del 12% y con subidas desproporcionadas. El alquiler es la partida que se lleva más del 50% de los gastos de las familias", afirma Arcarazo.

Sin sanciones

Sin embargo, los activistas tachan las medidas de insuficientes. No hay elementos sancionadores para los propietarios que no cumplan la normativa ni tampoco protege de las subidas del alquiler los contratos nuevos de pisos que no habían estado en el mercado de alquiler. Tampoco hay que olvidar, afirman los activistas, que estas medidas expiran el próximo 30 de junio. "Este hecho genera incertidumbre total a las inquilinas", lamenta el comunicado que firman los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona.

Los activistas entienden que estas medidas no son más que argumentos que les dan la razón. "Es necesario y urgente regular los precios y fomentar los alquileres mucho más largos, con medidas generalizadas y permanentes", se queja Arcarazo. Tanto la PAH como los sindicatos insisten en que los próximos meses son claves para que la coalición progresista de PSOE y Unidas Podemos apruebe la ley de vivienda que reclaman los movimientos sociales. Entre otras medidas, esta propuesta de ley prevé que el precio de los alquileres se vincule a la renta de los ingresos de los inquilinos.