Audiencia de Barcelona

Una estafa miserable: a juicio por engañar a un hermano con discapacidad

Según la fiscalía, el imputado convenció a su pariente, que tiene mermadas sus capacidades mentales, para que firmara tres préstamos, poniendo en riesgo su vivienda habitual

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona.

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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Aprovechó que su hermano tenía mermadas sus capacidades mentales para, "abusando de su especial vulnerabilidad", convencerle para que firmara préstamos económicos conjuntos, no devolverlos y poner en riesgo la vivienda habitual de su pariente, a la que incluyó como garantía. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía de Barcelona, que reclama provisionalmente para el acusado por un delito de estafa continuada cinco años de prisión, multa y el pago de una indemnización de 144.260 euros. Está previsto que el juicio se celebre el próximo martes en la Audiencia de Barcelona.

Esta rocambolesca historia arrancó hace 11 años, en 2011, con el primer préstamo, y continuó hasta 2015, cuando un juzgado de primera instancia de la capital catalana abrió un procedimiento para ejecutar la residencia de la víctima ante el impago del último crédito utilizado para cubrir parte de la deuda de dos anteriores. Dos años después de esta resolución, en 2017, empezó la investigación judicial por el presunto engaño que ahora se juzgará. A parte de la petición de pena para el autor de la supuesta estafa, B. J. T. A., la fiscalía solicita el archivo para otros dos imputados, al considerar que no tenían conocimiento de las limitaciones cognitivas que padece el damnificado.

Deterioro cognitivo

La acusación pública sostiene que la víctima sufrió en 1993 un accidente vascular cerebral y una hemorragia causada por un aneurisma (abombamiento anormal en las pareces de un vaso sanguíneo), lo que le ocasionó un "deterioro cognitivo y de memoria", así como un trastorno de la conducta. En octubre de 2015, un juzgado llegó a declarar su incapacidad parcial para asuntos civiles.

Años antes, el 2 de diciembre de 2011, cuando ya padecía esa patología, su hermano le sedujo para formalizar un préstamo solidario por 47.091 euros, abusando de esa especial vulnerabilidad "derivada de su deterioro", según la fiscalía. El objetivo, precisa, era "obtener un enriquecimiento económico injusto a su costa". El afectado accedió debido a la especial relación de confianza que unía a ambos.

Cadena de créditos

Este préstamo fue contratado y firmado ante notario, fijando un interés del 10% anual y un solo plazo de devolución por un importe de 51.800 euros. El pago se garantizó con el domicilio de la víctima en Barcelona, sin que esta "fuera consciente" de lo que estaba refrendando, ni de las consecuencias que dicho préstamo generaba para su patrimonio, debido a sus limitaciones mentales, argumenta la acusación.

Como este crédito no pudo ser liquidado, el imputado volvió a convencer a su hermano para que contratara, el 3 de abril de 2012, otro préstamo por valor de 15.190 euros, poniendo también como garantía la casa de la víctima. La fiscalía insiste en su escrito de acusación en que este desconocía el alcance de su acción por la enfermedad que padece.

Pero la rueda no se paró aquí. Ninguno de los créditos fue finiquitado, por lo que los prestamistas instaron judicialmente a que se cumpliera lo pactado y exigieron el desembolso de la deuda. Ante esta situación, el acusado supuestamente volvió a manipular a su hermano y logró que este rubricara en junio de 2014 con una inmobiliaria un tercer préstamo de 106.040 euros. El aval: de nuevo la vivienda del hermano. Eso sí, una parte de esta cantidad fue destinada a satisfacer la deuda de los otros dos préstamos.

Este tercer crédito tampoco fue devuelto, por lo que la inmobiliaria inició en 2015 un procedimiento dirigido a ejecutar la residencia de la víctima. El juzgado civil donde cayó este asunto acordó empezar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y no solo por los 106.000 euros, sino por los intereses. En total: 144.260 euros (cantidad que se reclama como indemnización). El escrito de la fiscalía no detalla como acabó el procedimiento por el impago del tercer préstamo.

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