El Gobierno usa la reforma del Código Penal para tratar de evitar las rebajas de penas de la ley 'sí es sí'

PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la exposición de motivos de la ley que reforma el delito de sedición un nuevo párrafo destinado a tratar de orientar a los tribunales a que apliquen las disposiciones transitorias previstas en anteriores reformas, con el objetivo de dejar claro que la intención del legislador es que no se rebajen las condenas en aplicación de la ley más beneficiosa para el reo, como ha sucedido en alrededor de medio centenar de casos en aplicación de la ley 'solo sí es sí'.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha explicado abiertamente que se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad con el que "se recuerda a los jueces y a los tribunales que no hay porqué rebajar las penas" y que "no tienen porqué producir las sentencias que se están produciendo porque el Código Penal les permite mantener las condenas". "Lo que queremos hacer con una ley, que es una buena ley, es pegar un toque de atención a los tribunales para decirles: 'Oigan, no me vayan por ahí'", ha argumentado.

El acuerdo se ha plasmado a través de una transacción a una enmienda del PDCat que pedía analizar las consecuencias de la entrada en vigor de la ley 'sí es sí' y que ha sido presentada a la reforma de los delitos de sedición y malversación que se debate en el Congreso. La enmienda, que ha sido aprobada ya este martes en la Comisión de Justicia, servirá también para su aplicación a condenados por otros delitos y como la previsión es que la modificación legal esté aprobada definitivamente antes de final de año, si se cumplen las expectativas, a partir del 2023 los tribunales deberían tener en cuenta la intención del legislador a la hora aplicar la ley de libertad sexual.

Sin embargo, varios partidos de la oposición han mostrado sus reticencias a que el retoque sirva para evitar las rebajas de condenas. PP, Ciudadanos o el PNV han recordado que la exposición de motivos "no tiene capacidad normativa". También los juristas han cuestionado la eficacia de la enmienda porque carece de fuerza normativa.

Disparidad de criterios

La ley 'sí es sí' no incluyó una disposición transitoria, como sí se hizo en anteriores modificaciones penales, porque estas siguen "en vigor", según el argumento defendido por el Gobierno. Pero esta interpretación no coincide con la de numerosos magistrados y fiscales que han entendido que si el legislador no la incluyó es porque no pretende que se aplique y que debe regir el principio constitucional de que prevalece lo más beneficioso para el reo, para lo que es imprescindible revisar las sentencias caso por caso. Prácticamente solo la Audiencia Provincial de La Rioja consideró que debía entenderse en vigor la disposición transitoria introducida en otras reformas.

La enmienda obedece, por tanto, al intento del Ejecutivo de subsanar el error cometido. "La diversidad de interpretaciones realizadas en recientes reformas que afectan al Código Penal aconseja su introducción expresa, conforme al principio de seguridad jurídica", reza la enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos.

Diferencias entre PSOE y Podemos

Desde que se conocieron las primeras rebajas de pena, el Ministerio de Igualdad culpó a los tribunales de realizar una interpretación "errónea" por "precipitación" o por "machismo", no porque la norma fuera incorrecta, por lo que se negó a modificarla. Sin embargo, Pedro Sánchez y su partido sí se abrieron a introducir "retoques", que han llegado a través de la enmienda a la reforma de los delitos de sedición y malversación acordada con ERC.

En los dos primeros meses desde la entrada en vigor de una de las leyes estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha habido una cincuentena de rebajas de pena a condenados por violaciones y abusos sexuales. Incluso el Tribunal Supremo, en aplicación de la norma, rebajó en un año la pena que habría impuesto a los condenados por el 'caso Arandina'.

No obstante, el alto tribunal ha señalado que hay que analizar "caso por caso" y todavía no ha sentado jurisprudencia para lo que hace falta una nueva resolución y la revisión de las rebajas de condena que se han producido, lo que se espera en unos seis meses. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que, más allá de la introducción del párrafo en la exposición de motivos, el Ejecutivo aún está "pendiente" de la interpretación que haga el alto tribunal y de cómo siente jurisprudencia.