Campuzano acusa a Junts de dejadez en las políticas sociales

El 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, ha encendido el ventilador y no le ha temblado el pulso en acusar de dejadez, incluso mala gestión, a su predecesora en el cargo Violant Cervera, de Junts per Catalunya. Le ha agradecido el traspaso de poderes, "elegante", pero ha recordado muchos incumplimientos. Reproches por la pobreza energética, por no pagar la deuda de 2021 ni de 2022 a las familias vulnerables, reproches por no haber pagado los sobrecostes que tuvieron algunas entidades sociales al asumir funciones extraordinarias durante lo peor de la pandemia del coronavirus, y reproches por no haber pagado los aumentos de tarifas en los servicios sociales comprometidos. Así ha sido la primera comparecencia de Campuzano en el Parlament de Catalunya, levantando la alfombra y a la vez sacando pecho de su proyecto: más digitalización y menos burocracia en los servicios sociales, un cambio en el calendario de subvenciones y el compromiso de mejorar la aportación económica a la cuarta pata del Estado del Bienestar. Eso sí, cifras concretas, pocas. La oposición le ha pedido que haga los deberes, que no defraude y deje de culpar a la Moncloa. Desde la CUP, le han acusado de "neoliberalista".

"Llegamos a la 'conselleria' y nos encontramos que la última vez que se había pagado la deuda a las familias afectadas por la pobreza energética fue en marzo de 2021. En dos años no se había hecho nada. Es una situación impresentable", ha dicho Campuzano a los pocos minutos de empezar su comparecencia. Ha cuantificado en 41.000 hogares los afectados por la pobreza energética en Catalunya que son clientes de Endesa, aunque ha dicho que hay más de 30.000 que no cobran el bono social eléctrico estatal. "Las familias no deben acumular deuda, deben acceder al bono social", ha dicho.

Estos son los pocos datos que ha aportado el 'conseller'. Otro, que cuando asumió el cargo, Drets Socials aún debía dinero por sobrecostes covid a 72 entidades. "No se había pagado nada. ¡Nada!", ha exclamado. Siguiendo con los reproches a Junts, Campuzano ha explicado que la 'conselleria' aún no había tramitado la orden que hace efectivo el aumento del 3% a las tarifas a los servicios sociales retroactiva desde enero de 2022. "No se puede plantear en el último trimestre del año", ha afeado.

Mejoras en las subvenciones

Y hasta aquí el levantamiento de la alfombra. También ha habido pocas concreciones en los compromisos. Quizás, tan solo uno concreto. La Generalitat ha avanzado el calendario para otorgar las subvenciones a las entidades sociales. En enero de 2023 se tramitarán las subvenciones para proyectos que se deben implementar en 2023. Y a finales de 2023 se tramitarán las ayudas para los proyectos de 2024. Un cambio radical de un calendario que, hasta hoy, no tenía sentido: las subvenciones se daban cuando terminaba el año, incluso el año siguiente.

En el resto de temas, Campuzano ha expuesto su hábil dialéctica para esbozar los cambios que quiere aplicar. Por ejemplo, aplicar la digitalización en los servicios sociales para terminar con la burocracia en los servicios sociales y las listas de espera de la dependencia. Ha sacado pecho del acuerdo por el aumento del 8% del IRSC: "Es de una enorme trascendencia y muestra el carácter social de los presupuestos". Ha dicho que aplicará los acuerdos del plan del sinhogarismo, que quiere modificar la "rígida" cartera de servicios sociales, o que hay que mejorar las políticas de atención a la infancia, el sector que acumula más pobreza en Catalunya. Sobre la Renta Garantizada, ha reconocido que "hay que mejorar la cobertura para que llegue a más gente". Ha dedicado una gran parte de su discurso a reclamar las competencias de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Catalunya, como ya hace el País Vasco: "No es cuestión de fuero, sino de huevo".

Campuzano no ha ahorrado momentos para culpar al Gobierno de sus incumplimientos en la infrafinanciación de los servicios sociales. En el ámbito de la ley de la dependencia: "Hace una década que no aportan más del 20% y deberían hacerlo al 50%". Y también en los servicios sociales.

Le han cuestionado desde la oposición: "No todo es culpa del Gobierno de España, los últimos diez años esta 'conselleria' se ha gestionado de forma muy crítica. La gestión ha sido un desastre, el motor está gripado", ha lamentado el diputado socialista Raúl Moreno. En la misma línea se expresaba la CUP: "No es una excusa para tapar sus deficiencias". En cambio, David Saldoni, de Junts, ha pedido destacar este tema como "la principal clave" del Govern.

Neoliberalismo en las residencias

Lo que ha generado más reproches en la comisión parlamentaria ha sido la gestión de las residencias. Campuzano ha dicho que va a ampliar el número de plazas, concertándolas con el tercer sector o empresas privadas, que aplicará un plan de choque contra las listas de espera y se ha comprometido a hacer un mapa para valorar en qué municipios se necesitan más centros. Una afirmación con la que CUP y 'comuns' han sido muy críticos. "Se nos ponen los pelos de punta al oír hablar de mercantilismo en la atención social. La concertación y la subrogación van en contra de la prestación del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. El problema no es la infrafinanciación; es la lógica neoliberal de empresas haciendo negocio en cuestiones tan básicas", se ha quejado la diputada Basha Changue, que también ha denunciado las irregularidades detectadas del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

"No puede ser que se creen plazas privadas y mercantiles", ha abundado Jéssica González de los 'comuns', que le ha recordado a Campuzano que su antiguo partido, Convergència, impulsó los recortes en Catalunya. "Son los responsables de la década perdida en los recortes. Esperemos que su gobierno no pase a la historia por anunciar planes de choque pero no aplicarlos", se ha quejado González.

Por su parte, Ciudadanos ha reclamado medidas contra la pobreza infantil. Y Vox ha vuelto a atacar a los menores migrantes tutelados por la Generalitat: "Que estén con sus padres o en centros de su país", han dicho al tiempo que pedían una mayor "promoción de las familia".