La Fundación Bofill urge a reformar los conciertos para exigir a las escuelas más compromiso con el alumnado vulnerable

Alrededor del 30% del alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria (ESO) en España está escolarizado en centros educativos concertados. Este porcentaje es muy superior en algunas comunidades autónomas y en los núcleos urbanos más poblados, como en Barcelona. En estas grandes ciudades el sistema educativo está fuertemente dualizado entre la red pública y la concertada, con consecuencias directas en las desigualdades educativas. A pesar de su elevada heterogeneidad interna, la evidencia disponible pone de relieve que la educación concertada contribuye de forma directa a la generación de desigualdades educativas, y especialmente a la segregación escolar. Así lo ha vuelto a poner sobre la mesa la Fundación Bofill este lunes en un acto en la Universidad Autónoma de Madrid.

Según los datos de la última edición del estudio PISA, de media, los centros públicos españoles escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior a los centros concertados, y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante.

En comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Navarra estas diferencias son mucho mayores. Países como Bélgica, Chile o Países Bajos han emprendido reformas para una regulación pública más eficaz que reduzca o compense las desigualdades en la escolarización de alumnado desfavorecido.

En España, la LOMLOE ha introducido algunas novedades importantes en la regulación del sistema de conciertos, incluyendo el refuerzo de la apuesta por la gratuidad o cambios en los criterios de autorización de los conciertos educativos, como la eliminación de consideraciones relativas a la demanda social. Sin embargo, prosiguen desde la Fundació Bofill, "es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado y que se enmarquen en una clara apuesta por una mayor corresponsabilización del sector concertado en la escolarización del alumnado más desfavorecido desde el punto de vista social y educativo".

Estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones del informe 'La educación concertada en España: Reformas en clave de equidad desde una perspectiva internacional', elaborado por Adrián Zancajo, Antoni Verger y Clara Fontdevila.

El informe se ha compartido y debatido este lunes en un seminario organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundació Bofill. En el seminario se ha contextualizado el fenómeno de la educación privada subvencionada desde una perspectiva internacional y comparada, y aportado elementos para un debate informado en torno al modelo de enseñanza concertada en España. A partir de un intercambio de experiencias autonómicas, se ha abierto un espacio de reflexión sobre las condiciones, posibilidades y límites de la agenda regulatoria en distintos contextos. Entre los participantes, se encontraban expertos en educación de universidades españolas y representantes de sindicatos de profesorado, del sector concertado y de la sociedad civil.

Las cuotas de escolarización del sector concertado suponen una barrera de entrada para las familias con menores recursos económicos, ya que son significativamente superiores al coste de la escolarización en el sector público. Los datos para el conjunto de España muestran que el gasto de las familias en el sector concertado es el triple que en el sector público, aunque la diferencia es mucho mayor en algunas comunidades autónomas. En Catalunya, por ejemplo, se identifican casos de escuelas concertadas que cobran cuotas de escolarización que oscilan entre los 500 y los 930 euros.