Aragonès anuncia un fondo de 10 millones de euros y una oficina para "erradicar" el amianto en Catalunya

Los presupuestos de la Generalitat para 2023 incluyen una partida de 10 millones de euros para retirar el amianto de Catalunya y la institución tiene listas varias medidas orientadas a ello en un horizonte cercano: el Govern pretende aprobar el próximo martes en el Consell Executiu la creación de una oficina para la erradicación del amianto y prevé impulsar en los primeros meses del año que viene tanto la ejecución del Pla Nacional per l'Erradicació de l'Amiant, como una ley específica para esta problemática. De este modo, el ejecutivo catalán cumple dos de las grandes reivindicaciones de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) en concreto y de los colectivos afectados en general.

Ha sido, de hecho, en una convención organizada por la FAVB y por Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'Amiant que el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este plan de actuación. "Este 2023 tenemos que dar un paso adelante", ha asegurado el jefe del ejecutivo, según recoge la agencia de noticias ACN. Aragonès ha reconocido también que "durante demasiado tiempo" las víctimas del amianto no se han sentido "acompañadas" por las administraciones y que precisamente por eso expresaba públicamente su compromiso de que a partir de ahora haya "un punto de inflexión en la retirada del amianto".

El amianto es un producto mineral muy común en la industria, en la construcción y en determinados productos de consumo por sus propiedades aislantes y, especialmente, por su bajo coste, pero que está clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS): se ha descubierto que puede provocar cáncer de pulmón, laringe y ovario, entre otros. Sin ir más lejos, este organismo calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son causadas por el amianto.

Recursos y concienciación

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Pese a eso, y pese a estar prohibido en España desde 2002, todavía no se ha retirado de muchos edificios e instalaciones. Y hasta este año, por ejemplo, no ha habido una sentencia judicial que asociara con la exposición al amianto la muerte de un trabajador del metro, otro de los sectores que más se ha movilizado al respecto.

De ahí la campaña de la FAVB, que ha agrupado desde extrabajadores del entorno industrial hasta familias de colegios también afectadas por el problema. En un manifiesto publicado este sábado, tanto esta organización vecinal como la asociación de jubilados han urgido a "todas las administraciones" a dedicar más recursos y a concienciar a la ciudadanía sobre los peligros de este material. "Es una pandemia silenciosa y, como tal, merece actuaciones inmediatas y decididas por parte de los legisladores y de los políticos", concluye el texto.