Igualdad descarta cambiar la ley 'sí es sí' porque el precepto que impide rebajar las penas "está vigente"

Después de tres días de alarma por el goteo de rebajas de condena que está provocando la ley 'sí es sí' y de choque entre Unidas Podemos y el poder judicial, debido a que los morados han tildado de machistas a los jueces que están revisando las sentencias, el Ministerio de Igualdad ha intentado este viernes lanzar un mensaje de "calma". Ha reiterado la necesidad de esperar a que la fiscalía o el Supremo se pronuncien sobre la situación y marquen jurisprudencia, porque ley es correcta, "no tiene ninguna brecha" y por tanto no hace falta modificarla porque las mermas en las condenas que se están conociendo son "errores judiciales claros de una aplicación precipitada".

Las encargadas de comparecer ante los medios para intentar calmar las aguas han sido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, quienes han explicado que sigue en vigor la disposición transitoria del Código Penal que dictamina que si la pena impuesta a un reo entra dentro de la horquilla de penas de una nueva regulación, esa condena no debe revisarse a la baja. Por eso, no se incluyó una nueva disposición transitoria porque "no hace falta", "no tiene ninguna laguna" y "precisamente no tocando ni una coma [del precepto] es como se garantiza que se mantenga".

La aplicación

La Audiencia Provincial de La Rioja ha revisado 54 sentencias y precisamente en base al derecho transitorio de momento no ha rebajado ninguna pero no ha sucedido lo mismo en otros tribunales. Se han rebajado al menos 11 condenas en diversas partes de España y cinco de ellas han provocado la excarcelación de los acusados. Ante la disparidad de criterios y la alarma generada por rebajas con una ley diseñada precisamente para frenar la impunidad y proteger a las víctimas, la fiscalía ha ordenado recabar información caso por caso para valorar si tiene que emitir una circular que unifique doctrina y clarifique la actuación del ministerio público. A su vez, el Tribunal Supremo ha informado que se pronunciará antes de un mes sobre los recursos que solicitan rebajas y que ya tiene sobre la mesa.

Y el Gobierno aboga por esperar a que se pronuncien ambas instancias antes de dar ningún paso más. En un inicio dirigentes socialistas de distintos estamentos se mostraron partidarios de retocar la ley para impedir los efectos indeseados pero la consigna actual es aguardar a que el Supremo y la fiscalía se pronuncien. "Estoy convencida de que el Supremo mantendrá su doctrina" y la "jurisprudencia consolidada" del derecho transitorio, ha asegurado Rosell.

Las advertencias

Asimismo, ha subrayado que "los órganos jurídicos del Estado no apreciaron la necesidad de añadir una nueva disposición transitoria", en línea con el argumento defendido el jueves por Irene Montero, quien sostuvo que ningún órgano consultivo les advirtió sobre las posibles reducciones de condena ni les pidió añadir ningún precepto para evitar rebajas de penas porque "nadie pudo pensar que si se bajaban las penas mínimas, eso podía conllevar a reducciones, porque existe jurisprudencia".

El único órgano que avisó fue el Consejo General del Poder Judicial pero sobre las penas máximas y por eso, según Igualdad, estos límites corregidos al alza antes de que el proyecto legal llegase a las Cortes.

Por último, Igualdad ha recordado que cada cambio en el Código Penal requiere "un periodo de adaptación que dura pocas semanas" y ha pedido "calma, sosiego" y confianza a las víctimas y la sociedad española en que una ley "cambia el paradigma" de los delitos sexuales y es una "herramienta segura".