Piera exige a la Generalitat que busque un hogar para los menores migrantes fuera del pueblo

Sigue la escalada de tensión en el municipio de Piera (Anoia), donde párroco y alcalde mantienen abierto un conflicto por la acogida de menores migrantes desamparados. El cura se enfrenta a dos multas que suman 3.000 euros, además de amenazas de cierre de la parroquia. Después que la Generalitat se posicionara en favor de la Iglesia, el alcalde ha respondido con un comunicado elevando el tono. Acusa al Govern y la cooperativa Suara, que gestiona el centro de menores, de no responder a sus requerimientos, y señala a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para que "se haga responsable" y busque otro local "adecuado" para estos menores. Según su visión, esto pasaría en otra localidad de la comarca, puesto que no hay sitio alternativo que cumpla la normativa para ellos en el pueblo. La cooperativa responde con otro comunicado desmintiendo los datos aportados por el consistorio.

"Pedimos a la Generalitat de Catalunya que se haga responsable de esta situación y ofrezca a los jóvenes un espacio de acogida adecuado a sus necesidades, y hacemos extensiva de nuevo la voluntad de diálogo y la búsqueda de soluciones". Así termina el comunicado del Ayuntamiento de Piera, que frente al revuelo generado por la noticia que avanzó EL PERIÓDICO, ha lanzado críticas y reproches a la Generalitat y a la cooperativa que gestiona el centro de menores en la localidad. Llama la atención que apenas hay críticas al sacerdote, al que ya han impuesto dos multas y amenazado de cierre del local parroquial donde vive y realiza actividades religiosas, entre ellas las misas y eucaristías.

Desmentido por la cooperativa

En el documento, el consistorio no menciona la presunta violación ni la crisis de inseguridad que en su momento argumentaron a este diario para cerrar el centro. En la nota, se explica que el consistorio este 2022 "se vio obligado" a tomar la medida por "la falta de respuesta por parte de Suara y de la Generalitat" ante los requisitos para regularizar el centro. La cooperativa, por su parte, ha respondido al consistorio: "Presentamos una instancia sobre como proceder". Suara asume que el alcalde miente, ya que él mismo les comunicó en enero de 2022 que el ayuntamiento pagaría las obras y que, además, los trabajos podrían empezar al cabo de tres semanas. "La siguiente respuesta del Ayuntamiento, a pesar de las llamadas y peticiones de reuniones, fue el primer decreto de clausura".

El consistorio explica que el objetivo de cerrar el centro era que los menores fueran trasladados "a otro centro que tuviera todas las garantías para su bienestar". Reprochan de nuevo que la alternativa hallada, el espacio parroquial donde hoy siguen viviendo los menores, no fue notificado al municipio y tampoco cumple con las medidas de seguridad necesarias para albergar un centro de este tipo. La cooperativa niega, en parte, estas acusaciones: "Hicimos la pertinente comunicación del cambio temporal según el modelo oficial", dicen.

Obras paralizadas por el "entorno artístico"

El texto también responde a las acusaciones hechas por la Generalitat este miércoles. Drets Socials hizo público un informe de los Bomberos que daba luz verde a acondicionar el centro clausurado. El Govern mantenía que el consistorio lleva retrasando cinco meses la ejecución de las nuevas obras que permitirían que los menores volvieran al que fue su hogar. "Esta propuesta no ha sido autorizada por los servicios técnicos municipales por tratarse de un entorno artístico-histórico, pidiendo que se coloque el depósito de forma subterránea", justifica el consistorio. La cooperativa explica que hace un mes presentaron una nueva solicitud de obras, que aún no ha sido atendida.

El debate de fondo de todo esta situación está en la acogida a los mal llamados 'mena'. Niños migrantes que no tienen parientes ni nadie que se haga cargo de ellos, y que algunos municipios se han negado a acoger. Algunos vecinos y trabajadores del centro acusan al nuevo Ayuntamiento de Junts-PSC de usar los procedimientos sancionadores y las artimañas legales para expulsar a los migrantes de Piera. El consistorio vuelve a negar tales denuncias. "Siempre nos hemos posicionado como un pueblo de acogida, integrador, respetuoso y solidario, pero siempre priorizando la seguridad de las personas, vengan de donde vengan, y el cumplimiento de la normativa".