Ante la rebaja de condenas

El CGPJ responde a Montero con el informe que le advirtió de los problemas de la ley del 'sí es sí'

  • La ministra de Igualdad ha acusado a los jueces de "machistas" por no aplicar su ley

  • La presidenta del Observatorio de Víctimas destaca su formación en perspectivas de género

MADRID, 08/09/2022.- Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid este jueves. Tras una frenética semana de reuniones, amenazas y rumores, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves para abordar la renovación del Tribunal Constitucional sin ningún nombre sobre la mesa y con nulas esperanzas de alcanzar un acuerdo antes del 13 de septiembre, como dicta la ley. EFE/ Rodrigo Jiménez

MADRID, 08/09/2022.- Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid este jueves. Tras una frenética semana de reuniones, amenazas y rumores, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves para abordar la renovación del Tribunal Constitucional sin ningún nombre sobre la mesa y con nulas esperanzas de alcanzar un acuerdo antes del 13 de septiembre, como dicta la ley. EFE/ Rodrigo Jiménez

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha echado mano del informe del órgano de gobierno de los jueces que en febrero del año pasado advirtió al Ministerio de Igualdad de las consecuencias indeseadas que tendría la ley del 'solo sí es sí'. Lo ha hecho para salir al paso de las críticas que contra los jueces y magistrados ha realizado su principal impulsora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las rebajas que se han visto en algunas condenas por agresiones sexuales.

En un acto sobre la estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, la ministra ha atribuido esas decisiones judiciales a que hay jueces que "no están cumpliendo con la ley" orgánica de garantía integral de la libertad sexual por "machismo". Y ha aprovechado para reclamar para ellos formación en igualdad, afirmación que llevó a la presidenta del Observatorio de violencia de género, Ángeles Carmona, a recordar que los jueces reciben formación en perspectiva de género tanto en la Escuela Judicial como con posterioridad.

Palabras "intolerables"

El Consejo considera de "intolerables" sus palabras y ha reaccionado con un comunicado en el que recuerda que “la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’".

Una explicación básica, pero necesaria después de que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que también es magistrada, haya criticado en Twitter que "nadie pudo advertir de la voluntad judicial de revisar penas a la baja fuera de los casos previstos en la ley".

El CGPJ incluye en la previsión constitucional general "las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual", porque afirma que "resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley".

El Consejo, que argumenta que críticas como las de Montero restan confianza de las víctimas en las instituciones, le recuerda que ya advirtió de lo que ocurriría en su informe sobre la ley. En él señaló que el cuadro penológico previsto para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’.

Desde su asociación

Las palabras de Irene Montero y de Victoria Rosell han tenido una contundente respuesta de la asociación de la que esta última fue portavoz adjunta, Jueces y Juezas para la Democracia, paradójicamente menos crítica que las otras asociaciones de jueces con la ley del 'sí es sí'. JJpD considera "muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual", afirman en su nota, en la que directamente reprochan a Igualdad no haber "alcanzado a prever esa consecuencia".

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En concreto a Rosell le recuerdan que "la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica".

"Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover".