Investigación judicial

Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el fiscal reclama hasta más de 20 años de prisión

  • Un total de 128 familias catalanas se quedaron sin vivienda al supuestamente ser engañadas por los 16 imputados, entre ellos notarios y abogados

  • Los afectados creían que estaban firmando un préstamo y otros productos financieros, cuando en realidad estaban vendiendo los inmuebles

Viviendas en construcción.

Viviendas en construcción. / JORDI OTIX

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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La Fiscalía de Barcelona solicita penas que van hasta los 20 años y nueve meses de cárcel para 17 miembros de una trama de abogados, notarios y otras profesiones cuyo "objetivo común" era presuntamente estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Entre 2009 y 2015, un total de 128 familias catalanas se quedaron sin vivienda en la que se ha convertido en una de las mayores estafas inmobiliarias de España. De ahí que la acusación se abultada, pues se atribuye a 17 personas no solo el delito continuado de estafa en su modalidad agravada, sino también blanqueo de capitales y organización criminal.

Como líderes de esta red, la fiscalía sitúa al abogado y modelo de pasarela Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que se encuentran en rebeldía, pero cumple condena por ese crimen en Bangkok. El letrado es que se enfrenta a una pena superior, aunque a la mayoría se le reclama 14 años y 10 años de prisión.

La fiscalía detalla que entre los años 2009 a 2015 el acusado Comitre "ostentaba la dirección" de una "agrupación de carácter estable" formada por otros 16 imputados, más dos fallecidos y el encausado en rebeldía, que tenía como propósito "económico fraudulento" de apoderarse "definitivamente" de la propiedad de los inmuebles o viviendas de sus clientes sin abonar en favor de éstos contraprestación alguna por su adquisición o abonar una cantidad "muy inferior al valor de mercado" de las fincas

Captación de clientes

Para llevar a cabo su plan, los acusados, incide la acusación pública, procedían en un primer momento a captar clientes "con escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos" y que se hallasen en situación de necesidad económica. Para ello, los imputados ofertaban a través de publicidad productos financieros similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo.

De esta manera, la trama logró contactar con numerosas personas, a los que presuntamente se les ocultaba que en realidad no se iba a contratar uno de los citados productos financieros, sino que lo que se iba a contratar, sin su conocimiento ni consentimiento, era la compraventa de sus inmuebles o viviendas "generalmente por un precio aplazado por importe muy inferior a su valor de mercado" y "sin la adopción de garantía alguna" para recuperar la vivienda.

La clave del fraude, insiste la fiscalía, residía en que se produjera la transmisión de la propiedad de los inmuebles a los imputados "sin simultáneo pago del precio de mercado" y sin ninguna "garantía para su posterior recuperación" ni para el cobro del precio aplazado. Para ello, era preciso elevar a escritura pública dichas compraventas, fijar un precio aplazado "muy inferior" al valor de mercado y no constituir ninguna garantía ni para que los clientes pudiesen recuperar la propiedad sobre las viviendas en caso de descubrir el fraude, ni para que pudiesen obtener la satisfacción del diferencial de precio "vil" fijado en las compraventas y el del mercado.

El papel de los notarios

Para poder lleva a cabo esta operativa era necesario que se otorgase por parte de un notario una escritura pública de compraventa en la que los afectados, que pensaban que estaban contratando un préstamo personal con garantía inmobiliaria, vendiesen sin ser conscientes de que la propiedad pasaba a manos de los acusados por un precio inferior a su valor real.

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En esta maniobra, según la fiscalía, actuaron los tres notarios imputados, que presuntamente vulneraron deberes "inherentes" a su profesión, como el de asesoramiento jurídico o anular el negocio si existía la posibilidad de que se estaba cometiendo alguna ilicitud.

Igualmente, con la finalidad fraudulenta tanto de ocultar la identidad del comprador que "fraudulentamente" adquiría la propiedad de los inmuebles y para dificultar su recuperación en caso de que llegasen a descubrir el fraude, los acusados "formalmente utilizaron en muchas" de dichas compraventas una serie de sociedades instrumentales que carecían de medios materiales y personales para el desarrollo de una actividad económica.