Junts propone reformar el Código Civil y la ley de vivienda contra las ocupaciones delincuenciales

Las ocupaciones delincuenciales son un "problema real" y una "auténtica lacra que causa graves problemas de convivencia, de seguridad y de alarma social" en Catalunya, además de un sentimiento de impotencia incluso entre la policía. Así lo ha expresado la hasta hace unos días 'consellera' de Justícia del Govern Lourdes Ciuró este jueves durante la presentación de las propuestas legislativas de JxCat para combatir este tipo de ocupaciones, que ha definido como aquellas que "se hacen sin título habilitante y provocan que el uso anormal de la finca cause problemas de convivencia" con los vecinos.

Junto a Ciuró, la diputada en el Congreso Míriam Nogueras ha esgrimido las cifras del fenómeno: "En 2011 hubo en Catalunya 1.333 denuncias de ocupaciones ilegales, en 2021 hubo 7.345, un 550% más. Y se prevé que este 2022 suban un 20% más". Unos datos que ha comparado con otras comunidades: "No tienen cifras tan escandalosas como Catalunya. En Madrid, en 2021 hubo 1.660 ocupaciones y en Euskadi, 250". La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Neus Munté, ha focalizado los datos sobre la capital catalana: "Del total de denuncias que hay en Catalunya, un 74% son en Barcelona".

Para actuar contra esta problemática, Junts plantea dos vías legislativas; una en el Parlament y otra, ya en marcha, en el Congreso. En el Parlament, la formación planteará la reforma del libro V del Código Civil de Catalunya y del artículo 5 de la ley de vivienda. En el Congreso, Junts ha registrado una propuesta de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que los desalojos se puedan realizar en un máximo de 48 horas; propuesta esta que va en la línea de la que también ha planteado el PSOE.

La modificación del Código Civil buscará habilitar a alcaldes y a comunidades de propietarios para que puedan iniciar acciones judiciales si los propietarios de la vivienda ocupada (grandes tenedores, fondos especulativos o bancos) no lo hacen. Con la reforma, se requerirá a los propietarios que actúen, y si no lo hacen en un plazo de 15 días, ayuntamientos y vecinos podrán tomar la iniciativa. Ciuró ha subrayado que el Govern de Pere Aragonès ya tenía trabajada y lista la modificación del Código Civil en esta misma línea. "Lamentamos que la hayan frenado. Es incomprensible", ha dicho, tras señalar que desconoce los motivos de ese freno.

Sanciones de hasta 90.000 euros

En cuanto a la proposición de ley para modificar la ley de vivienda, que registrarán en el Parlament la próxima semana, la diputada al Parlament Glòria Freixa ha explicado que propondrán modificar el artículo 5, que es el que establece en qué casos se incumple la función social de la propiedad. Se propondrá que se considere que hay una función "anómala" cuando haya una ocupación que "altera la convivencia de los vecinos" y cuando "los fondos no actúen". En ese caso, se habilitará a ayuntamientos y a comunidades de propietarios y vecinos a actuar para iniciar el proceso de desalojo. La propuesta incluye introducir sanciones de hasta 90.000 euros para los fondos que no hayan actuado. "Confiamos en tener el apoyo de la mayoría de la Cámara", ha apuntado Freixa.

Se trata, en definitiva, han defendido las dirigentes de Junts de dar instrumentos a ayuntamientos y vecinos para solucionar a un problema que preocupa a los ciudadanos de Catalunya. "No planteamos nada diferente de lo que hacen otros países europeos como Holanda, Francia, Reino Unido y Alemania, donde las leyes resuelven el problema en 24 o 48 horas", ha señalado Nogueras, que ha lamentado que las leyes actuales "no resuelven" esta situación y que "las mafias se están aprovechando". Aludía, por ejemplo, a mafias que ocupan pisos y luego 'venden' las llaves por 2.000 euros. O a las que ocupan viviendas para establecer su base de actividades delictivas.

En clave de Barcelona, Munté ha pedido una actuación decidida de la Fiscalía Superior de Catalunya para que dé instrucciones para combatir las ocupaciones, "como hacen las fiscalías de València o Baleares", la elaboración por parte del ayuntamiento de un censo de estas ocupaciones y de un plan de seguridad para luchar contra las mafias, así como la creación de una oficina para atender a vecinos afectados.