Ocho años de 'ley trans' en Catalunya: un modelo de consenso sin "boom" de casos entre menores

Extrema normalidad y ninguna polémica o sobresalto. Así se vive el cambio de género y nombre de las personas 'trans' en la sanidad catalana. Fue la primera administración española en atender esta realidad y en despatologizarla (lo que significa que dejaba de ser obligatorio el informe médico o psicológico para modificar el nombre y el sexo en los documentos oficiales). A día de hoy, ya son 1.887 personas las que se han cambiado el nombre en la tarjeta sanitaria. Una modificación que también se aplica en las cárceles, las bibliotecas o los títulos de transporte.

Ahora el Govern reclama que se aplique la 'ley trans' para que todos los cambios que no permiten las competencias de la Generalitat puedan ser una realidad. Hay documentos, como los relativos a la Seguridad Social, los productos financieros y la inscripción del DNI que siguen lastrando los derechos del colectivo trans.

El cambio de paradigma catalán, la primera comunidad que cambió el modelo de atención a las personas trans' vino propulsado por la ley 11/2014, impulsada por el movimiento LGTBI. Se aprobó en octubre de 2014 en el 'Parlament' con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. El texto quería garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, con el fin de erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. En el artículo 23, reclama que las personas trans puedan ser nombradas por su nombre y género con el que se identifican, independientemente de si son menores de edad. También estipula que el colectivo debe poder acceder a consulta, información específica sobre el mercado de trabajo, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para reasignación de sexo sin necesidad de tener un diagnóstico de disforia de género ni patología de salud mental. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad en 2018.

Unidad de referencia

Fue entonces, con la aprobación de la ley, cuando Trànsit se convirtió en la unidad de referencia de atención a la salud de las personas trans. De los dos menores y 73 adultos atendidos en 2012 se pasó a 259 menores y 673 adultos en 2020. Trànsit era un grupo de sanitarios, encabezados por Rosa Almirall, que trataban y asesoraban al colectivo sin ningún tipo de barrera. Un servicio precursor y minoritario hasta la aprobación de la ley, ya que el protocolo oficial marcaba que las personas que querían hacer una transición o iniciar tratamientos hormonales debían ser diagnosticadas por un psiquiatra de disforia de género en los servicios del Hospital Clínic. La ley marcó un gran cambio, y después lo hizo el entonces 'conseller' de Salut, Toni Comín, que en 2016 publicó el nuevo protocolo que establecía que el modelo Trànsit era el que se debía aplicar. Desde entonces, son más de 5.000 personas las que han pasado por esta unidad, de las cuales un 27% son menores de edad.

A día de hoy, las cifras de asistencia se han estancado e incluso disminuido en el caso de los menores. Este año se han registrado 188 visitas, situándose en los niveles de 2018. Estos centros, que se han extendido con seis unidades más en distintas comarcas catalanas, cuentan con un equipo multidisciplinar que, entre otros recursos, proporciona asesoramiento psicológico. Que ya existieran, y que fueran precursoras -incluso antes de la ley- fue un aval para que la mayoría de partidos políticos catalanes no hayan cuestionado el modelo a aplicar. En estos ocho años, no ha surgido ninguna polémica sobre su trabajo.

Cárceles

Por otra parte, la ley catalana facilitó también cambios administrativos. Las personas 'trans' deben ser nombradas según su nombre sentido, y por eso tienen el derecho de cambiárselo en la tarjeta sanitaria, en el carnet de la biblioteca, los títulos de transporte y a lo largo de todo su recorrido académico y escolar. Desde 2019 también pueden cambiar a cárceles de mujeres. Las personas 'trans', especialmente en las prisiones de hombres, son víctimas de acoso, violaciones y agresiones sexuales.

El problema radica en que este cambio es incompleto. El trámite del DNI, que solo puede regularse a escala estatal, se hace indispensable. Si no, se dan paradojas como haber cursado la carrera con un nombre y que en el título universitario conste el nombre de origen. Sin la modificación en el documento de identidad, tampoco pueden ser tratados con su nombre sentido en las entidades bancarias, la seguridad social, ya sea para acceder a ertes, a la prestación de desempleo, la pensión de jubilación o las ayudas sociales que dependen del Gobierno. Además, en todos los documentos, desde la tarjeta sanitaria hasta el carnet universitario, se pueden cambiar el nombre pero sigue constando el sexo de origen. "Eso depende del DNI y la ley estatal", dicen desde la Conselleria de Feminismes.